Hubo una diferencia sustancial entre las negociaciones entre la CUT y el gobierno para fijar el salario mínimo, principalmente en los escenarios vistos en 2013 y este año. En 2013, la administración del Presidente Sebastián Piñera encontró una fuerte presión de parte de las organizaciones de trabajadores por fijar un salario mínimo de $250 mil, pese a que las conversaciones se iniciaron muy empezado en el año. La postura de la Central Unitaria de Trabajadores fue muy dura en establecer dicho monto, aprovechando que se trataba del último año de mandato. Finalmente, en medio del descontento de la multisindical, el gobierno envió un discutido proyecto de ley para aumentar de $193.000 a $205.000 el salario base de los trabajadores.
El escenario que enfrentó este 2014 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en su primer año del segundo mandato, fue diametralmentre opuesto. A pocos días de anunciado el inicio de las conversaciones con la CUT, se firmó un proyecto que estableció un incremento plurianual del sueldo mínimo, el cual según informó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se incrementará a $225 mil a partir del 1 de julio de 2014, $241 mil al 1 de julio de 2015 y alcanzar los $250 mil el 1 de enero de 2016.
Si bien el gobierno anunció además otros cuatro puntos en su compromiso con los trabajadores, tales como la constitución de una comisión asesora que evalúe en un plazo de 18 meses el mercado del trabajo, el envío de las reformas laborales sobre el fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva, y el compromiso de establecer un plan nacional de fiscalización del pago del salario mínimo mensual a través de la Dirección del Trabajo (DT), quedó de manifiesto que la CUT aceptó sin mayores objeciones la propuesta del gobierno, evidenciando lo que el senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo, consideró un 'doble estándar'. En efecto, llama la atención como al denominado 'gobierno de los empresarios' se le exigió de manera mucho más dura que a la actual administración, lo que sólo lleva a pensar en que en la aceptación de la CUT primaron componentes de índole político más que de defensa del bienestar de los trabajadores.
Como fuere, sin duda que la propuesta del Ejecutivo es sana en estos momentos de la economía en que los mercados externos se muestran inestables y es prudente con la realidad de un país que apuesta a un crecimiento muy ajustado para los próximos años.