Fallas del proceso para elegir casino
La sorpresiva bajada del grupo Dreams de la postulación de su proyecto Casino de Juegos Chillán S.A. tiñó de un manto de dudas el proceso iniciado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para reemplazar el cupo dejado por Termas de Chillán para obtener una licencia para administrar una sala de juegos en la provincia de Ñuble. Lo anterior, porque tras anunciar el desistimiento de su postulación -algo que la SCJ aún debe aceptar-, el directorio y accionistas de la sociedad argumentaron haber sufrido 'una serie de irregularidades en el proceso', mencionando por ejemplo 'la votación contra la norma del Consejo Regional el 1º de julio y la parcialidad esgrimida en dicha instancia'. Críticas que se sumaron a las del grupo internacional Boldt-Peralada, que un día después de la votación en el CORE y un día antes de que hicieran lo mismo los concejales de Chillán, publicaron una declaración en medios impresos de la comuna para cuestionar a los consejeros por supuestamente exceder sus facultades entregadas por ley y manifestar una decisión -a su juicio- 'arbitraria y no fundamentata en favor de una empresa local'.
Lo concreto es que ya la Superintendencia, a través de la Resolución Excenta 130 del 18 de Junio de 2014, había puesto en entredicho la postulación de Dreams al decidir revisar la precalificación de las empresas tras impugnársele vicios en los antecedentes financieros entregados a la autoridad. Sobre este respecto la SCJ debía pronunciarse en los próximos días luego de prorrogar por 30 días el proceso de verificación de requisitos legales y reglamentarios.
Cierto es también que en todo el proceso, según han coincidido representantes de todas las sociedades en competencia, la Superintendencia ha actuado con un celo mucho mayor al de otros procesos de otorgamiento de licencias, primero impidiendo toda declaración a medios de prensa, prohibiendo la publicación de avisos comerciales y finalmente evitando todo pronunciamiento público o responder consultas de medios de comunicación que no fuera a través de comunicados oficiales, algunos de ellos bastante confusos.
Este excesivo celo de la autoridad ha impedido o llevado a equívocos a la hora de querer especificar al público que finalmente podrá beneficiarse de estos proyectos, es decir, a la comunidad chillaneja y ñublensina, respecto de las bondades de cada proyecto. En general, las empresas han sido muy respetuosas de estas disposiciones, finalmente para perjuicio de la comuna. A esto se suman las críticas de ediles por el poco peso que su votación tendrá a la larga con el resultado final, que en definitiva dirime la propia SCJ. Al igual como ha quedado de manifiesto en otras instancias, llama la atención que un organismo que apela a la transparencia haya cerrado tantos canales de comunicación para que la comunidad pudiera informarse más cabalmente.