El 16 de junio, la Presidenta Bachelet, firmó el proyecto de ley que crea la AFP estatal. Si bien reconoce que esta no es la solución definitiva al sistema de pensiones, si cree que contribuirá al mejoramiento de estas. Para la nueva figura, se definen tres objetivos; cubrir los grupos que están fuera del sistema; reducir la brecha de género, el 70% de los no afiliados son mujeres; y aumentar y mejorar la competencia entre AFPs. Es válido preguntarse entonces, cuáles son los grandes problemas que enfrenta el sistema y cuáles las vías de solución. La respuesta puede resumirse en tres grandes puntos; 1) baja cobertura de ciertos grupos; 2) bajas pensiones en comparación con sus ingresos durante su vida laboral y 3) la baja competencia del sistema. Ante la baja cobertura, la preguntarse es ¿por qué no cotizan las mujeres, los independientes y los trabajadores de zonas alejadas?, yo creo que no lo hacen porque, al no tener un contrato de trabajo, asumen que hacerlo voluntariamente rebajaría su ingreso disponible, y descansan en la idea de que será el Estado el que se hará cargo de sus pensiones. Sin embargo, esto no lo soluciona una AFP estatal, sino la generación de incentivos adecuados para que todos estos se incorporen al sistema, ya sea a través de subsidios o beneficios tributarios. Con respecto a las bajas pensiones, es sabido que éstas dependen, básicamente, de cuatro factores; la continuidad de las cotizaciones, el monto de las mismas, los años de imposiciones y la rentabilidad de los fondos. La continuidad se puede lograr, por ejemplo, con subsidios decrecientes en el tiempo a la cotización, mientras el trabajador está cesante.En cuanto a los montos y años de cotización, hay que plantearse si el porcentaje actual y la edad de retiro son los más adecuados, dada la mayor esperanza de vida. Finalmente, la escaza competitividad, a mi juicio no se soluciona con la incorporación de un nuevo actor, costos o comisiones más bajas, sino más bien, con una apertura de la industria a la banca y compañías de seguro, de la misma manera que se ha hecho con el ahorro previsional voluntario.

Hace siete años, monseñor Alejandro Goic puso en el tapete el concepto de sueldo ético y fijaba, para ese tiempo, la cifra de $250 mil como piso para la remuneración de un trabajador chileno y como señal de un Estado responsable, que se hacía cargo de una justicia social y con reglas claras para los empleadores. El mensaje, por supuesto, no fue obviado por las autoridades de la época, como tampoco por quienes sucedieron en el poder, justamente a la primera administración de Michelle Bachelet. Los actores sindicales, en especial la Central Unitaria de Trabajadores, hizo suyo el mensaje, enarboló las banderas de la equidad laboral y así lo hizo ver, fuerte y claro, en cada negociación con el Gobierno de Sebastián Piñera, principalmente en el debate legislativo realizado en 2013, proceso en el que el mandatario hizo mensajes reiterados a destrabar la discusión legislativa, a aprobar un reajuste salarial de 8,8%, lo que hacía fijar el nuevo sueldo mínimo en $210 mil. Por supuesto, la cifra no conformó a los actores sociales y estaba muy lejos de acercarse a lo propuesto por el presidente de la Conferencia Episcopal. Y así, volverá a ser este año, ya que la propuesta del Gobierno de la Nueva Mayoría es llegar a un sueldo mínimo de $225 mil, llegando a $250 mil en 2016. De esta forma el llamado sueldo ético propuesto por Goic, dicen en el gobierno, sería una realidad a casi una década de haber sido propuesto. Algo que al parecer deja tranquila a Bárbara Figueroa, presidenta de la Cut y una de las principales voces detractoras a los reajustes salariales propuestos por la anterior administración. Sin embargo, cuesta entender que mientras la principal representante de los trabajadores del país asume una posición pasiva y conformista, sea nuevamente monseñor Goic, que deba advertir que si bien el sueldo ético propuesto en 2007 se alcanzará en los próximos años, claramente éste también debe reajustarse, ser más alto e incluso algunos expertos ya hablan de que este sueldo ético 2.0 debería bordear los $350 mil. La interrogante es saber si desde el mundo sindical se volverá a enarbolar las banderas tomadas hace siete años, se asumirá una posición activa en cada debate legislativo o por el contrario, las banderas deberán invernar.