La Comisión de Hacienda del Senado aprobó ayer, de forma unánime, la idea de legislar en general el proyecto de reforma tributaria, convirtiéndose en el primer efecto del protocolo de acuerdo firmado la noche del martes entre el Gobierno y la oposición.

En presencia del ministro de Hacienda Alberto Arenas, los senadores miembros de la instancia legislativa dieron el visto bueno para analizar en Sala la iniciativa del Ejecutivo que busca recaudar en régimen US$ 8.200 millones.

Uno a uno los parlamentarios de la comisión -José García Ruminot (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Andrés Zaldívar (DC), Carlos Montes (PS) y el presidente de la instancia Ricardo Lagos Weber (PPD)- expusieron brevemente los motivos que consideraron para aprobar la idea de legislar.

'Enfrentar la desigualdad es uno de los principales objetivos del Gobierno de la Presidenta Bachelet y con este acuerdo damos pasos sustantivos', dijo Arenas.

El próximo martes comenzará el periodo para realizarle las indicaciones al proyecto para luego ser debatido en Sala por el Senado.

La aprobación en la Comisión se produjo horas después de que, cerca de las 22.00 del martes y tras maratónicas reuniones entre el Ejecutivo y los partidos de la Alianza en el Congreso, se sellara un acuerdo de respaldo a la reforma, consenso que fue calificado por el Gobierno como 'histórico'. El protocolo establece el impuesto de primera categoría a las empresas en un 27% y asegura que las pymes con ventas anuales menores o hasta 100 mil UF se considerarán para los beneficios planteados en la reforma.

Tras el visado, el ministro Arenas defendió el acuerdo suscrito con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda y aseguró que los cambios propuestos al proyecto original no modifican el monto de recaudación.

Ante las críticas que han surgido al acuerdo desde la propia Nueva Mayoría, especialmente de diputados que no fueron considerados en el pacto, el secretario de Estado dijo que hay cuatro objetivos que se plantearon desde el primer día. 'Esos cuatro objetivos este protocolo de acuerdo (...) los mantiene', aseguró.

En tanto, el presidente de la DC y vocero de la Nueva Mayoría, Ignacio Walker, desestimó que el Gobierno haya cedido a la presión de los parlamentarios de la Alianza para modificar el proyecto. 'El Gobierno no ha cedido a ninguna presión, el Gobierno ha ejercido un liderazgo de la Presidenta, del ministro de Hacienda y nosotros como partidos políticos de la Nueva Mayoría y como DC, que somos la base de apoyo político del Gobierno, hemos viabilizado este acuerdo', aseveró.

Poco antes, el PC denunció que, junto con la Izquierda Ciudadana, no fueron informados del acuerdo, y si bien manifestaron que no se sienten 'pasados a llevar', recalcaron que 'debió existir un trato diferente'.

'No fuimos informados con antelación, por lo tanto, no tenemos una opinión formada sobre este acuerdo. Vamos a ser muy cuidadosos en el análisis, vamos a tratar en su mérito cada una de las indicaciones que se hagan y aprueben en el Senado', dijo el timonel del PC, Guillermo Teillier, recordando que las modificaciones deben ser votadas, en tercer trámite, en la Cámara.

No obstante, Teillier comentó que 'nos preocupa que en algunos de los puntos pudiera desnaturalizarse el espíritu original de la reforma', como por ejemplo, que se le baje el impuesto a los dueños de las empresas.

Trámite El proyecto pasará ahora a su revisión en Sala. El martes comienza el periodo de indicaciones.

El ex Presidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) afirmó ayer que trabajará en EE.UU., Europa y en países de Sudamérica para 'desmontar' las 'falaces' argumentaciones de Chile en la controversia que enfrenta a ambos países por el reclamo boliviano de una salida soberana al mar.

Mesa explicó a la radio estatal Patria Nueva que primero aclarará las razones de Bolivia para plantear una demanda contra Chile en la Corte de La Haya; segundo, 'desmontará' la idea de que su país está cuestionando el Tratado bilateral de 1904 y tercero, rechazará 'la argumentación falaz' de que Bolivia tiene acceso al mar a través de una serie de facilidades, como argumentó el Gobierno chileno.

El ex Mandatario fue designado por el Gobierno de Bolivia para explicar la demanda marítima en escenarios internacionales.

'Esos son los tres aspectos fundamentales que deberé esclarecer en países vecinos, en EE.UU., en Europa, ante organismos multilaterales, en el conjunto del escenario más sensible en el que Bolivia tiene que contrarrestar el lobby político chileno', sostuvo.

Para buscar una solución al centenario problema, Bolivia solicitó en abril de 2013 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya un fallo que obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar.

La argumentación boliviana se basa en los denominados 'derechos expectaticios', relativos a que varios presidentes de Chile hicieron ofertas a Bolivia para solucionar la controversia histórica, pero no se concretaron.

Según anunció el lunes la Presidenta Michelle Bachelet, Chile objetará la competencia del tribunal para tratar el caso, una estrategia que para Mesa supone no atreverse a encarar el fondo de la demanda boliviana. 'La excepción de incompetencia presentada por Chile no nos preocupa. La argumentación de Bolivia es sólida', escribió el ex gobernante el martes en su cuenta de Twitter.