Falta muy poco para que la Presidenta Bachelet entregue su propuesta en el tema de los Recursos Hídricos, uno de sus 50 compromisos asumidos con la ciudadanía en los primeros 100 días de gobierno.

Según señala el delegado presidencial y doctor en Economía de la Universidad de Birmingham, Reinaldo Ruiz , la nueva política en materia hídrica modernizará la legislación que data de 1981 , con medidas que permitirán hacer más eficiente el uso del agua y a crear conciencia medioambiental.

Al igual que el programa de Gobierno, en la elaboración de la Política sobre los Recursos Hídricos así como el Plan de Acción que identifica iniciativas para enfrentar con medidas de corto, mediano y largo plazo los desequilibrios hídricos, se ha consultado y sostenido reuniones con prácticamente todos los actores que están vinculados con la gestión del agua. No sólo de las instituciones públicas y miembros del Parlamento sino también con la organizaciones de usuarios del agua, representantes de las empresas sanitarias, empresas hidrogeneradoras, sectores de la minería, agricultores, Asociación de Canalistas, comunidades indígenas, grupos ambientalistas, ONG's defensoras del medio ambiente, representantes del mundo académico nacional y extranjero, organizaciones internacionales, en gran parte de las Regiones de Chile.

El agua es un bien nacional de uso público, que es un recurso esencial para la vida y para muchas actividades productivas, que es finito, escaso y por lo tanto nuestra responsabilidad es que se use de manera racional y sobre todo que se use bien. Por ello es que no me parece adecuado que haya personas, naturales o jurídicas, que habiendo obtenido por parte del Estado derechos de aprovechamiento de un recurso que le pertenece a la nación toda, sea mal utilizado o que impida que otros lo usen, o que hayan solicitado el uso del recurso con un propósito y termine vendiéndose para propósitos distintos sin que el Estado tenga ninguna opinión sobre esta transferencia. Sobre todo si este recurso se entregó en primer lugar en forma gratuita. En consecuencia, el otro principio es que en la Política sobre los Recursos Hídricos el Estado debe ser un actor relevante en cuanto a la fiscalización sobre el uso y otorgamiento de estos derechos.

La Presidenta Bachelet, en su discurso del 21 de Mayo, señaló que haremos un cambio sustantivo al Código de Aguas. Es preciso recordar que en esta materia Chile tiene una larga historia sobre modificaciones y actualizaciones de la legislación sobre el agua que data desde 1819 y que también lo aborda el Código Civil de 1855 de Andrés Bello. En este tema no partimos de cero, pero si considero necesario incorporar nuevas concepciones como las relacionadas con el Medio Ambiente, con disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT y sobre todo, con las últimas resoluciones de Naciones Unidas que ha incorporado el acceso al agua como parte de los Derechos Humanos.

Efectivamente nuestra propuesta también abordará temas de ordenamiento institucional. Para avanzar, se ha establecido de manera permanente mesas de trabajo territoriales del agua, donde lo primero son mayores niveles de coordinación entre las distintas instituciones vinculadas con este tema. Actualmente existe un proyecto de ley que está en el Parlamento, iniciativa que proviene del mandato anterior de la Presidenta, que aborda el mejoramiento y modernización de los sistemas de Agua Potable Rural. Queremos avanzar más rápido en esta materia por cuanto hay más de dos millones de compatriotas que se abastecen mediante estos sistemas, de los cuales existen más de 1.500 en el país. Queremos fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias y su carácter participativo.

Por ahora la ley contempla el pago de patente por no uso. Sin embargo, considero que esta situación no puede permanecer a perpetuidad y tal como dijo el Ministro de Energía Máximo Pacheco, no nos parece razonable que existan derechos de agua que no se usan y que probablemente haya muchos proyectos energéticos en nuestro país que no se pueden hacer porque el mercado del agua, que además de tener muchas imperfecciones, es también un mercado cautivo.

En materia de recursos hídricos el país no parte desde cero. Muchas de las propuestas han sido formuladas con anterioridad y por supuesto las queremos acoger y continuar con todas aquellas iniciativas que son beneficiosas para el país. Lo que queremos hacer ahora es poner todas estas ideas en un proyecto de desarrollo y de gestión de los recursos hídricos con una mirada de mediano y largo plazo, con un rol más activo del Estado, y que la gestión de este recurso se haga desde una perspectiva integral, que además integre de manera equilibrada los distintos sectores, estableciendo prioridades en su uso y sobre todo, que nos permita asegurar su disponibilidad no sólo en términos de cantidad sino también de calidad. Específicamente en relación a los proyectos conocidos como 'carreteras hídricas' hemos conversado con los proponentes de las dos iniciativas existentes pero debo señalarle que aunque estos proyectos son del ámbito privado el Estado estará siempre muy atento a su desarrollo a través de todas las instituciones públicas que están vinculadas con este tipo de iniciativas.

Los Gobiernos Regionales ya han estado jugando un rol fundamental en la preparación de los Planes Regionales y en la constitución de las mesas territoriales del agua, donde además de las instituciones públicas también participan actores privados de organizaciones de usuarios del agua, organizaciones comunitarias, representantes de universidades, investigadores, representantes de los Municipios. También espero que muchas iniciativas se implementen a través de la institucionalidad regional, incluyendo Asociaciones de Municipios, en convenio con organismos del gobierno central.

Un elemento central en la construcción de la política y en el Plan de Acción ha sido la participación ciudadana. Aún más, la Presidenta ha señalado que la inquietud nacional sobre el agua surgió precisamente como una demanda ciudadana. En este sentido queremos seguir manteniendo un diálogo permanente y fluido con todas las organizaciones, tanto del mundo social como del ámbito productivo, sobre todo cuando se empiece a analizar y a debatir sobre las opciones relacionadas con las modificaciones legales e institucionales. Queremos una ciudadanía informada y que esté capacitada para presentar sus puntos de vista sin temores ni amenazas. El agua es de todos y la necesitamos para todos.

En un gobierno que tiene un mandato de sólo 4 años siempre habrá iniciativas que se proyectan más allá de un período presidencial. Por ejemplo, en su discurso del 21 de mayo la Presidenta anunció la construcción de tres grandes embalses y quince de tamaño pequeño y mediano. Esperamos iniciar el proceso de construcción a la mayor brevedad. Sin embargo este tipo de iniciativas tienen cronogramas que en determinadas etapas se extiende por varias semanas por que es necesario cumplir con todas las exigencias legales y financiera que demanda este tipo de proyectos. Entre otras, debemos ser cuidadosos en el cumplimiento de disposiciones ambientales, así como también cumplir con las exigencias sobre consulta ciudadana. Por ello es importante que todas estas iniciativas se incluyan en un plan nacional de desarrollo de los recursos hídricos, que le permita al país contar con una carta de navegación para los próximos 10 ó 20 años y no sólo para enfrentar emergencias.

Me imagino una institucionalidad pública moderna que sea capaz de contribuir de manera determinante en la gestión integrada de las cuencas, con actores públicos y privados, en que el recurso hídrico contribuya a la generación de energía. Y que en ese espacio puedan participar en igualdad de derechos y deberes todos los actores vinculados con el agua.

'Me imagino una institucionalidad pública moderna que sea capaz de contribuir de manera determinante en la gestión integrada de las cuencas, con actores públicos y privados'.