El pasado 18 de julio se cumplió un año desde que se formalizó al ex alcalde de Bulnes, Rodrigo de la Puente, junto a cuatro funcionarios municipales por presuntas irregularidades al interior del municipio, que decantaron en una formalización por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Hoy, la causa está vigente, pero nuevas audiencias para ampliar el plazo de investigación impiden el inicio de un eventual juicio oral en que se definirá si los imputados incurrieron o no en los delitos de los que se les acusa.

El bullado caso surgió a partir de la entrega de 21 certificados de inhabitabilidad a presuntos propietarios que se habían afectado por el terremoto, ocurrido el 27 de febrero de 2010. Las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), encargadas por el fiscal Pablo Fritz, quien encabeza las indagatorias, arrojaron irregularidades en la asignación de estos certificados, pues las casas ubicadas en el sector Santa Clara y Tres Esquinas no habían sido afectadas por el cataclismo. O en algunos casos, no existían.

Este caso ocurrido en Bulnes se sumó a otros conocidos en la región, y que incluso le costaron el puesto de intendenta a Jacqueline Van Rysselberghe, quien renunció luego de que en 2011 se viera involucrada en un caso similar a este, pero en Concepción, donde la filtración de un audio dejó en evidencia que la autoridad regional buscó otorgarle subsidios a vecinos del sector Aurora de Chile, haciéndolos pasar como afectados por el terremoto.

Todas estas anomalías despertaron una gran cantidad de críticas desde la oposición al entonces gobierno del Presidente Sebastián Piñera, lideradas por el senador Alejandro Navarro.

Antesala del juicio

El pasado 21 de julio, a solicitud de las defensas, el tribunal de Garantía de Bulnes otorgó un nuevo plazo de cierre de investigación.

La demora radicaría en informes que aún no constan en las carpetas de todos los intervinientes, dentro de los que se cuenta la defensa de los imputados, versus el Ministerio Público como principal ente persecutor y el Consejo de Defensa del Estado como unidad querellante.

La investigación de fiscalía busca llevar el estrado a los cinco imputados que cumplían diversas funciones dentro de la municipalidad de Bulnes: Rodrigo de la Puente, ex alcalde; Nivia Jiménez, encargada de las Entidades de Gestión Inmobiliaria y Social (Egis) municipal; Carlos Rodríguez, director de obras del municipio; Hugo Soto, ex inspector técnico de obras de la municipalidad; Silvia Orrego, quien también desempeñaba funciones en la municipalidad, y por último Luis Muñoz, coordinador territorial de la ex intendenta Van Rysselberghe.

Antes de la formalización, la fiscalía estuvo recabando todos los antecedentes de los certificados otorgados, que en caso de haber otorgado el beneficio del subsidio, habrían significado un desfalco al Estado por más de 9 mil Unidades de Fomento (UF), unos 200 millones de pesos.

Descargos

A un año de la audiencia que produjo un gran revuelo mediático, los imputados mantienen las mismas medidas cautelares, esto es arraigo nacional y además deben firmar cada dos meses en Carabineros.

De los imputados, el ex edil de Bulnes, Rodrigo de la Puente, junto a Carlos Rodríguez, Silvia Orrego y Luis Muñoz están acusados de fraude al fisco en grado frustrado; mientras que Nivia Jiménez y Hugo Soto están acusados de falsificación de instrumento público en grado de consumado.

Durante este tiempo, el ex alcalde de Bulnes aún critica la decisión del fiscal Pablo Fritz de formalizarlo, ya que según él, la acusación presentada estaría infundada, ya que él no habría tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo y además él habría iniciado el sumario correspondiente cuando detectó las irregularidades, previo a la acción judicial que ahora pesa en su contra.

Alejado del quehacer político, Rodrigo de la Puente, quien también ejerció como alcalde en Cobquecura y Tomé, se encuentra actualmente dedicado a su negocio de agricultor, el cual ha podido restablecer ahora que dispone del tiempo exclusivo para tal actividad, sabiendo el avance del proceso judicial que pesa en su contra, según lo que le informa su abogada, Ingrid Landeros.

De la Puente cuenta que ahora que no se encuentra ejerciendo ningún cargo en la repartición pública, puede reafirmar su tendencia política independiente, alejada de cualquier colectividad. 'No tengo contacto con gente ligada a ese tema. Además, cuando uno tiene problemas, a uno nadie lo llama', cuenta.

La medida cautelar de arraigo nacional ha atentado contra los intereses del exedil De la Puente, provocándole más de un contratiempo.

'A mí se me ha hecho un daño enorme. En este momento, mi señora está en Estados Unidos. Fue por 40 días y yo no pude ir. En el verano tenía que ir al extranjero por mis negocios y tampoco pude', dijo.

El ex edil confía en su inocencia. 'Yo fui el que hice el sumario a estos funcionarios. Designé un abogado como fiscal y despedí en 24 horas al funcionario que hizo mal los certificados. Despedí a Hugo Soto y sancioné a Carlos Rodríguez. De hecho, el sumario lo envié a Contraloría, entonces ¿cómo voy a estar coludido con los funcionarios?, porque sino ellos me habrían acusado, pero no fue así. Después, yo fui al Ministerio del Interior a dar cuenta de lo que había pasado. Me entrevisté con Rodrigo Hinzpeter y también hablé con el Presidente (Sebastián) Piñera. Después me fui al Congreso, donde me recibieron 14 diputados para exponer este caso. Es absurdo que me digan que yo hice algo malo, cuando yo fui el que dio cuenta. Eso es lo más estúpido', señala.

Rodrigo de la Puente tiene claro los puntos que fallaron dentro del municipio, durante el periodo en que estuvo a cargo, entre 2008 y 2012. 'Efectivamente, hubo certificados malos, pero yo no fui el que los hizo, ni el que los firmó, ni ordené hacerlo', aseveró.

La defensa de Rodrigo de la Puente sostiene una tesis: los subsidios fueron aceptados en función del bien de la comunidad de Tres Esquinas y Santa Clara.

Ingrid Landeros, abogada que lo representa, señala con seguridad que 'él no es responsable porque a ellos les vinieron a hacer una oferta en orden de solucionar el problema que venía hace mucho tiempo con estas viviendas que estaban en estado de inhabitabilidad, no sólo producto del terremoto que las dejó peor, sino que siempre estas viviendas estuvieron con problemas. Se les vino a ofrecer una solución concreta, que era respecto de sus viviendas, entonces todos desconocían que esto estaba en el marco de la reconstrucción por el terremoto y todo lo que ocurrió después', dijo.

Ahora, queda esperar que la próxima audiencia sea la de cierre de investigación. Dentro de diez días posteriores, la fiscalía presentará las correspondientes acusaciones, aunque no se descarta que no llegar al juicio oral. 'Cualquier ofrecimiento del Ministerio Público, mientras esté dispuesto en el orden de la inocencia de mi presentado, nosotros estamos dispuestos a escucharlo, pero no más que eso', finalizó Landeros.

'Es absurdo que me digan que yo hice algo malo, cuando fui yo el que dio cuenta de las irregularidades a las autoridades. Eso es lo más estúpido'.

5 formalizados

21 de agosto