Finalmente Contraloría General de la República dio su veredicto. Son 192 mil 923 millones 428 pesos los que deberán devolver el alcalde, cinco funcionarios y dos ex directores de la municipalidad de Chillán Viejo, debido al no pago a proveedores que habrían prestado suministro de bienes y servicios al municipio los años 2012 y parte del 2013.

El juicio de cuentas que estaba llevando Contraloría arrojó que el alcalde Felipe Aylwin Lagos; el Administrador Municipal, Ulises Aedo Valdés; el encargo de Control (S), Francisco Fuenzalida Valdés; la encargada de Control, María Garrido Blu; la directora de Administración y Finanzas, Paola Araya Quijada; el director (S) de Administración y Finanzas, Rodrigo Carmona Olivares; el otrora director de Administración de Finanzas, Andrés León Sánchez, y el director de Control (S), Patricia Aguayo Bustos, incurrieron en irregularidades administrativas.

ANTECEDENTES

Según los informes emanados por Contraloría, a los cuales tuvo acceso se determinó que en el periodo comprendido entre los meses de enero de 2012 y mayo del 2013 la municipalidad de Chillán Viejo efectuó el pago duplicado y, en algunos casos triplicado, de los servicios de transportes a diversas organizaciones comunales, anomalía que también se detectó en la adquisición de canastas familiares que debían ser entregadas a la población local.

Asimismo, se descubrió el pago por concepto de compra de bienes que no fueron entregados a sus beneficiarios, de otros que fueron valorados en exceso, de servicios que no fueron realizados y de adquisiciones que no contaron con la documentación de respaldo que justificara los desembolsos.

Por otro lado, se comprobó que los ocho funcionarios municipales aludidos no regularizaron la rendición de cuenta de los fondos girados para financiar diversas actividades, las cuales se detallan en profundidad en el documento de investigación de Contraloría.

Los funcionarios fueron notificados ayer por una funcionaria de Contraloría en el mismo consistorio.

JUICIO DE CUENTAS

De acuerdo al artículo 61 de la ley N° 10.336 de Contraloría General de la República, 'todos los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes señalados serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia'.

Punto que se ve respaldado con el artículo 64 de la misma ley, que señala que todo 'funcionario será responsable por el pago, uso o disposición de los fondos o bienes de que sea responsable, incluso cuando hubiera procedido por orden superior, salvo que compruebe haber representado por escrito la ilegalidad de la orden recibida'.

Para el concejal Jorge Del Pozo (PRSD), Contraloría ratificó claramente lo que él había denunciado hace un tiempo, en donde sostenía que los fondos perdidos habían ido a parar al financiamiento de campañas electorales.

'Evidentemente hoy día se ratifica lo que yo siempre sostuve, que eran 300 millones de pesos los dineros que se malgastaron, que se desviaron para campañas políticas y la verdad es que a los chillanvejanos esto debes llamarle la atención porque es demasiado dinero el que se perdió y no les llegó a la ciudadanía', dijo el edil.

Del Pozo sostuvo además que llevará los antecedentes ante el Tribunal Electoral (Tricel) por el evidentemente abandono de deberes expuestos por Contraloría en sus informes de Cuentas Finales.

'Nosotros estamos a la espera de lo que está investigando Fiscalía. Ellos hoy día están en una pesquisa minuciosa, posteriormente vamos a ver los antecedentes que hay para presentarlos ante el Tribunal Electoral, por el evidente abandono de deberes del alcalde Felipe Aylwin', acusó.

El concejal radical llamó a sus colegas del concejo municipal a hacerse parte de la investigación y a condenar públicamente los actos acontecidos en el municipio. 'Yo llamo a los colegas concejales a pronunciarse, ya que en su momento dijeron que cuando salieran los informes y se ratificara que se habían desviado los dineros se iban a pronunciar con claridad', dijo Del Pozo.

Hasta el cierre de esta edición no hubo un pronuciamiento oficial desde la Alcaldía de Chillán Viejo.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, puso fin a las especulaciones y confirmó que finalmente sólo se levantará un penal y no dos para las provincias de Ñuble y Bío Bío. Lo hizo en el marco de su invitación a la sesión especial de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde al igual que el secretario de Estado expusieron las diversas autoridades. En la ocasión, según aclararon desde la cartera de Justicia, Gómez afirmó que el Ministerio planeaba construir cuatro cárceles en este período: Calama, Copiapó, Talca y en la zona de Chillán - Los Angeles, precisando que en este último caso aún no se definía en qué zona pues no habían encontrado un terreno. Lo anterior, pese a que hasta el momento la repartición estatal tiene en carpeta 12 terrenos (dos en Ñuble y 10 en Bío Bío), para levantar el penal, corriendo con ventaja el ubicado en el sector de Colliguay .

El senador Felipe Harboe, presente también en la reunión, en su calidad de presidente de la instancia, señaló que le solicitó a Gómez que independiente de que el recinto se construya en Ñuble o Bío Bío, 'debe situarse fuera del radio urbano, y tener estándares modernos que permitan la rehabilitación y reinserción de los internos'.

A su vez, confirmó que le pidió al ministro comenzar la demolición de la actual cárcel de Chillán, petición que Gómez se comprometió a analizar en conjunto con el Servicio de Vivienda y Urbanismo.