Una de las funciones más delicadas del servicio público tiene que ver con la administración de los fondos del Estado o de las arcas municipales con la finalidad de disponer de los diversos programas, subvenciones, apoyos en casos de emergencia, compras de bienes o contratación de servicios, etc. Tal función requiere de la mayor transparencia en el ejercicio de dicho rol, de tal manera de no caer en situaciones que pueden pasar por un error que genere un perjuicio individual o a la comunidad, hasta irregularidades manifiestas que se traduzcan en un abandono de deberes.
En el caso de lo ocurrido en la Municipalidad de Chillán Viejo, donde el año 2013 se denunció por parte de sus propias autoridades falencias en el proceso de compra de bienes y servicios, estamos frente a hechos que no pueden ser considerados un mero error, sino que una acción concertada y permanente en un periodo de tiempo que terminó con el uso irregular de recursos municipales que suman más de $192 millones, de acuerdo a lo que logró estimar Contraloría de la República en el juicio de cuentas, cuyo informe final confirmó la responsabilidad solidaria en los hechos del jefe comunal, el administrador municipal, los encargados de control y directores de Administración y Finanzas. Dicho examen de cuentas determinó que funcionarios realizaron con fondos públicos, pagos duplicados y hasta triplicados de servicios de transportes o compras de canastas familiares. Hubo servicios contratados que no llegaron a sus beneficiarios y otros valorados en exceso; y, lo más grave, adquisiciones que no contaron con el respaldo suficiente que justificara tales desembolsos.
Igualmente grave es la confirmación del uso de firmas falsas de dirigentes vecinales para intentar documentar beneficios que nunca recibieron, algo que han reconocido y refrendado abiertamente en otras instancias investigativas.
Está claro que dichos pagos los gestionaron funcionarios municipales en el ejercicio de sus cargos. De ello, el alcalde es responsable solidario, por ser quien debe velar por la correcta administración de los recursos financieros y ejercer un control jerárquico permanente. Aún se intenta dilucidar si existieron o no instrucciones para operar de tal manera, lo que constituiría un eventual dolo. Es importante, entonces, que la justicia no dilate demasiado su investigación y sirva para borrar de toda duda si existieron actuaciones más allá de la ley.
Nicolás Maquiavelo (célebre autor de El Príncipe), quien comenzó su carrera como funcionario público, definía a la política como el arte de mantenerse en el poder y creía que para ello había que emplear fuerza y su astucia, sin dejarse entorpecer por escrúpulos morales. No sea que el maquiavelismo esté imperando hoy nuevamente en todo su esplendor.