A propósito de Chillán Viejo
La Contraloría ha entregado una información sobre la investigación realizada en la Municipalidad de Chillán Viejo, provocada por la denuncia de posibles irregularidades. Y el resultado de dicha investigación, filtrado rápidamente a la prensa, es bastante acusatorio de la existencia de malos manejos de los dineros públicos.
Ante tan grave situación, lo primero que se me ocurre pensar es el por qué se filtró a la opinión pública, antes de entregarla oficialmente al Concejo Municipal. Ese sólo hecho ya me huele a manipulación interesada.
Y lo segundo que me sugiere toda esta cuestión es que se ha querido abrir un juicio paralelo, a través de los medios de comunicación, antes de recurrir a los Tribunales de Justicia, que son los únicos llamados a decidir si hay méritos para abrir un proceso o no.
Sin duda, la Contraloría es un organismo oficial que goza de muchísima credibilidad y respeto. Sus investigaciones son acuciosas, profesionales y profundas. No debe dejar margen a la duda, porque es el órgano fiscalizador de la gestión pública, que ha de ser transparente.
Pero, a partir de ahí, creo que la mesura y ecuanimidad deben presidir el accionar de una sociedad moderna y democrática. Los medios de comunicación, y los periodistas que los manejamos, debemos ser fiscalizadores de que se respete precisamente aquellos aspectos básicos de la convivencia ciudadana, en especial, la presunción de inocencia.
Los Tribunales de Justicia son los únicos llamados a condenar a quienes aparezcan como culpables. Ellos son la instancia suficiente para calificar delitos y conductas, y de sancionar a quienes sean declarados culpables. Por lo tanto, abrir cauces públicos y mediáticos para culpabilizar y condenar, no me parece adecuado si queremos avanzar en una sociedad justa y sana.
No defiendo a nadie en este caso. Pero tomo nota detallada de la investigación de la Contraloría y también de las filtraciones. Trato de identificar intereses personales y de grupos. Y, por sobre todo, trato de medir un aspecto no declarado, pero subyacente: la judicialización de la política.
Ninguno de estos elementos es positivo, porque una filtración intenta manipular y entorpecer la acción fiscalizadora. Los intereses personales son, por definición, excluyentes e injustos. Y la judicialización de la política implica poner en tela de juicio la actividad que nos rige y nos permite ir encauzando nuestra vida en comunidad. Por eso, reitero, que lo que debe primar hoy es la mesura y la ecuanimidad, elementos fundamentales para no equivocarnos y para la convivencia democrática del conjunto de la sociedad.