A raíz de la orden de no innovar del recurso de protección presentado por el casino de capitales extranjeros, Boldt-Peralada, el proceso para la adjudicación de un Casino de Juegos en Chillán se encuentra paralizado hasta que se resuelvan las instancias judiciales pertinentes.

El Gobierno Regional (Gore), en ese aspecto, ya presentó ante la Corte de Apelaciones de Concepción sus argumentos de hecho y derecho, rechazando categóricamente el recurso judicial interpuesto por los representantes de la empresa catalana-argentina.

Marina del Sol, por su parte, también se hizo parte del recurso hace pocos días, por lo que el escenario en tribunales quedará configurado en los alegatos finales entre el GORE, Marina del Sol y la empresa demandante: Boldt-Peralada.

GOBIERNO REGIONAL

Según los argumentos de la defensa del Gore, éstos votaron en virtud de la normativa vigente de la ley de Casinos 19.995, que dice que 'deberán circunscribirse al mérito de la comuna de emplazamiento propuesta por cada sociedad solicitante para la instalación del casino de juegos, así como el impacto de dicho emplazamiento en la estrategia del desarrollo regional'.

Dicha tesis es la que hacen ver a través de siete puntos los abogados del Gore en la presentación de sus argumentos ante la Corte de Apelaciones penquista. La primera de ellas, es la falta de legitimación pasiva, es decir, que el recurrido no ha cometido acto arbitrario como se denuncia en el recurso. Para la defensa, el Gore no emitió la resolución de fecha 1° de julio denunciada como arbitraria e ilegal, sino que fue el Consejo Regional quien formuló el acuerdo en dicha sesión.

El segundo punto objetado por la defensa tiene que ver con arbitrariedad de la votación. Éstos dicen que los consejeros votaron conforme a los antecedentes adjuntados y las características de cada proyecto; no obstante, los Cores se inclinaron finalmente por una empresa, en desmedro de las otras dos, netamente porque a su juicio Marina del Sol se ajustaba a la estrategia de Desarrollo Regional.

Con respecto a la falta de fundamentación, que acusa Boldt-Peralada, los abogados del Gore responden que el acuerdo del Core no es un acto terminal sino un acto de mero trámite, puesto que ni pone fin al procedimiento ni decide sobre las solicitudes de los interesados.

En ese mismo punto, los litigantes defensores dicen que 'los actos de mero trámite no pueden afectar garantías constitucionales', ya que la votación del Core sólo fue un acto intermedio.

En lo concerniente al acto de ilegalidad, que según Bolt-Peralada, incurrió el Core en su votación, los juristas defensores señalaron que la votación se ajusto a la ley 19.995 según reglamentos e instrucciones señalas por la SCJ.

Ahí el Core 'se pronunció separadamente, dentro del término legal, respecto de cada solicitud de permiso y en relación a los parámetros pedidos por ley: mérito de la comuna de emplazamiento e impacto en la estrategia del desarrollo regional'.

En lo tocante al sexto punto, el Core dice que ellos no actuaron fuera de las garantías Constitucionales vigentes, sino que dentro del ámbito de su competencia, evaluando cada solicitud de acuerdo a sus méritos y antecedentes entregados por la Superintendencia de Casinos y Juegos.

Finalmente, los juristas criticaron el recurso de protección de Boldt-Peralada. Éstos en el escrito presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción alegaron que el 'recurso extraordinario de protección no era la vía idónea a objeto de reclamar los supuestos vicios del acto, la vía adecuada era requerir información respecto a los motivos de la decisión'.

Marina y Boldt-Peralada

Era una de las posibilidades y finalmente se concretó. Casino Marina del Sol igual se hizo parte del Recurso de Protección presentado por Boldt-Peralada, por lo que ahora en los alegatos la empresa extranjera no sólo deberá verse las caras con el Gore, sino también con la operadora de juegos penquista, que tratará de impugnar el recurso de no innovar que tiene estancado el proceso hace ya algunas semanas.

Consultado Boldt-Peralada sobre los argumentos expuestos por el Gore ante la Corte de Apelaciones penquista, éstos señalaron escuetamente que les pareció mal fundada, con argumentos poco sólidos y claramente balanceados a favor de Marina del Sol.

'Vengo a solicitar desde ya el rechazo al recurso de protección interpuesto por Boldt-Peralada en la Corte de Apelaciones de Concepción'.

El primer informe emanado por Contraloría sobre el caso de irregularidades detectadas en la Dideco de Chillán Viejo, derivó en dos investigaciones paralelas del ente contralor. La primera de ellas fue el Juicio de Cuentas, que ya entregó los primeros antecedentes y los montos que en primera instancia deberían resarcirse al municipio, pese a que aún hay una instancia pendiente.

Y el segundo, es el sumario administrativo, que tienen como objetivo determinar responsabilidades individuales en las irregularidades cometidas entre los años 2012 y parte del 2013. Por este último fueron notificados esta semana siete personas, funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, quienes -a juicio del órgano fiscalizador- tendrían responsabilidad en el caso.

notificación individual

El primer Informe Especial efectuado por la Contraloría General de la República el año 2013 todavía sigue generando coletazos. Hace pocos días se conocieron los antecedentes del 'Examen de Cuentas' y ahora, de ese mismo documento, se notificó a siete personas que habrían tenido responsabilidades administrativas en el caso.

Según fuentes consultadas, estas siete personas que fueron notificadas por parte de Víctor Espinoza, funcionario contralor, son: Ulises Aedo Valdés, Administrador Municipal; Paola Araya Quijada, Jefa de Administración y Finanzas; María Garrido Blu, Encargada de Control; Francisco Fuenzalida Valdés, ex Encargado de Control (S), además de otros tres funcionarios municipales de segunda línea jerárquica.

Mientras que Andrés León Sánchez, ex Director de Desarrollo Comunitario y de Administración y Finanzas (S); Rodrigo Carmona Olivares, ex Director de Administración y Finanzas (S), y Patricia Aguayo Bustos, ex Directora de Control (S), no aparecieron con cargos en este informe.

El alcalde Felipe Aylwin, por su parte, tampoco fue objeto de sumario en esta investigación. trató de comunicarse con la máxima autoridad chillanvejana, para conocer sobre la notificación, no obstante, tras varios intentos no hubo comunicación con el alcalde.

Ahora, las personas notificadas tendrán 10 días para responder a la Contraloría. Dichos funcionarios, de ser encontrados responsables de los cargos, a futuro podrían arriesgar ser multados, sancionados con descuento de sueldo o cesados de sus funciones en el municipio de Chillán Viejo, según la normativa vigente del ente Contralor.