Estado Islámico pidió rescate por el periodista asesinado
Investigación. La inteligencia británica trata de identificar al verdugo de Foley.
Los milicianos del Estado Islámico (EI) que decapitaron al periodista estadounidense James Foley en Siria habían exigido 100 millones de euros (US$ 132 millones) por su rescate, según afirmó ayer un funcionario estadounidense.
Un segundo funcionario dijo que las demandas fueron enviadas por correo electrónico a la familia de la víctima en New Hampshire. Los dos hablaron con la condición del anonimato por no estar autorizados a hablar sobre el tema dando su nombre.
Por separado, el ex empleador de Foley dijo que los milicianos exigieron por primera vez el rescate a fines del año pasado.
El director general del GlobalPost, Philip Balboni, indicó que los gobiernos europeos pagaban mucho menos para que el EI liberase a sus rehenes. El Gobierno estadounidense tiene prohibido negociar con terroristas, incluso el pago de rescate.
Ayer, el diario The Guardian reveló que las fuerzas de seguridad del Reino Unido creen que el verdugo del periodista estadounidense se hace llamar John y habla con acento de Londres.
La inteligencia del Reino Unido trata desde el miércoles de identificar al encapuchado que decapitó al reportero, una ejecución divulgada en video por el EI, y trabaja con la hipótesis de que se trata de un británico que viajó a Siria para unirse a los extremistas.
Este hombre sería el líder de un grupo de yihadistas británicos que ha secuestrado a varios extranjeros en la ciudad siria de Raqqa, bastión de los combatientes del Estado Islámico.
Fuentes del Gobierno del Reino Unido citadas por 'The Guardian' afirman que entre 400 y 500 ciudadanos británicos están en Siria o Irak vinculados a la lucha armada. Los servicios secretos británicos han detectado, además, a unas 250 personas que habrían vuelto al Reino Unido tras haber estado integradas en el EI.
El primer ministro británico, David Cameron, explicó el miércoles que el Reino Unido retira el pasaporte a las personas sospechosas de tener intención de viajar para unirse a grupos extremistas, una medida que se ha aplicado en 23 ocasiones este año.