Tan sólo durante el primer semestre de este año, entre enero y junio de 2014, el Servicio Nacional del Consumidor recibió un total de 9.856 reclamos contra el comercio electrónico, cifra que representa un 16.1% más que igual período de 2013. Sin embargo, pese a que la ciudadanía tiene altas expectativas en que este servicio les ayude en hacer valer sus derechos como consumidores, un 40% de los reclamos que se hacen a través del Sernac no es acogido o ni siquiera es respondido por los proveedores, según el ranking 'Proveedor No Responde'. Esto significó, por ejemplo durante el 2013, que un 9,2% del total de los reclamos gestionados y cerrados por el Sernac ni siquiera fueron contestados por las empresas denunciadas, mientras que a ello se suman las que sí respondieron pero no acogieron el reclamo, llegando éstas al 40%. Otra cifra no cuantificada es la de aquellas empresas que ofrecen una solución, pero no las cumplen.

En este contexto, para los consumidores afectados, el Sernac no pasa a ser más que una oficina de correos entre los reclamos y las respuestas, debiendo en definitiva ser los tribunales los que -a costo del denunciante- deban resolver la contienda, no siempre en su favor.

Es por esta carencia de facultades del organismo fiscalizador, que el gobierno presentó un proyecto de ley para fortalecer sus facultades y permitirles, por ejemplo, poder multar a las empresas que incumplan con sus usuarios. La iniciativa fue conocida en junio por la comisión de Economía. Allí se planteó por ejemplo facultades para fiscalizar a los proveedores, incluso facultándolo para ingresar a los inmuebles con el auxilio de la fuerza pública; se fija un procedimiento administrativo sancionatorio en el ámbito del interés individual del consumidor, con facultades para ordenar la devolución de lo pagado en exceso o el reintegro de los cobros obtenidos en infracción de la ley; y, en el ámbito del interés colectivo, llevar adelante mediaciones colectivas. Además podrá aplicar sanciones hasta 3 mil UTM en caso de publicidad engañosa o venta de sobrecupo en espectáculos o transporte de pasajeros.

En agosto, sin embargo, el gobierno suspendió la vista del proyecto para incorporar algunas indicaciones hechas desde la cartera de Justicia, como es la creación de un sistema de Defensoría del Consumidor, que permita por ejemplo generar un sistema de Defensoría del Consumidor a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). De esta manera se asegura también una protección de los usuarios ante las contiendas jurídicas pertinentes. Finalmente, es necesario fortalecer la competencias de los Juzgados de Policía Local, hoy con amplio conocimiento en la materia, pero si la ley provoca un alza en las denuncias podrían no ser capaces de actuar y absorber la mayor demanda de causas con sus escasos recursos actuales.

Con la reforma educacional actualmente comenzando a discutirse, se pretende, como lo expresa el Ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, que 'la educación deje de ser un bien de consumo y se transforme en derecho. Además, de calidad para todos, gratuita, sin lucro y sin segregación'. A estas alturas del debate entonces, cabe preguntarse ¿cuál es el rumbo del país a corto, mediano y largo plazo?, ¿cómo hacer para que la sociedad chilena modifique sus acciones para un desarrollo sustentable que involucre una escala de valores aprendida y aprehendida que nos impulsen a ser una comunidad distinguida entre aquellas sociedades humanas más avanzadas del planeta?

Actualmente las voces en el parlamento se han expresado hacia cualquier dirección y han tocado tangencialmente algunos de los temas de fondo, que lamentablemente se diluyen como el agua entre los dedos. No obstante no deben ser las únicas ideas que espontáneamente surgen y que deben continuar brotando del alma de los chilenos. De hecho, las voces de la calle buscan simbolizar un mensaje más que sólo dar su beneplácito ante un re direccionamiento de las nuevas políticas de selección, de co-pago y del mal afamado lucro.

Un verdadero cambio educacional va de la mano de una cosmovisión humana distinta de la nación, cuyo centro debe estar constituido por la innovación de la sociedad, no tan sólo por el dinero, que es un buen apoyo, pero que no debe transformarse en un bien de consumo. La educación tampoco debe estar 'organizada como un mercado', como lo manifestó el abogado y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria, en El Mostrador hace ya algunos días. Debe ser la economía al servicio de la academia y no ésta subyugada a los designios de la primera.

De muestra un botón. El milagro finlandés se inició en la década de los 70, luego de un debate parlamentario de casi diez años. En nuestro país, ¿cuánto tiempo durará esta discusión?. Finlandia cambió su educación por una necesidad real de país. En Chile, ¿tenemos realmente claro cuáles son las verdaderas necesidades de cambio? Si están declaradas, ¿abarcan el bienestar de todos sus habitantes en el futuro? En el país nórdico, hubo un acuerdo de educar a la población entera igualitariamente sin selección ni segregación. En nuestra nación, ¿tendremos el sano y honesto compromiso de educar a todos por igual? Hasta el momento se cuenta parcialmente con una propuesta de reforma educacional, ¿cuándo la conoceremos plenamente en especial, cuando se habla de 'calidad'?

Vale la pena preguntarse entonces: ¿Chile busca una simple reforma educacional o un cambio de paradigma vital para un efectivo desarrollo humano y productivo de su población?