La solicitud presentada en junio por el diputado Carlos Abel Jarpa, al ministerio de Justicia, para conocer la planificación de Gendarmería en la relocalización de la cárcel de Chillán fue el punto que dio paso a la reunión que se realizará con todos los involucrados en este tema, para debatir al respecto.

' Una decisión como lo es el centro penitenciario debe ser socializado de tal forma que la decisión sea lo mas participativa posible. Parto de la base que la decisión es técnico político pero también social', dijo el diputado Carlos Abel Jarpa.

Es así como el ministro José Antonio Gómez, agendará una reunión en la intendencia para conversar con los alcaldes donde están emplazados los predios ( Chillán y Los Ángeles), el seremi de Justicia, el Intendente, Gendarmería y todos aquellos que se ven implicados en el lugar que se escogerá para instalar el centro penal.

'Esa es la idea del ministerio de poder conversar con todas las autoridades que puedan conocer del proyecto que puedan socializar para poder tomar una determinación final que sea, obviamente, apoyada por todos los sectores. Respecto de esta reunión no se me ha confirmado ese punto, pero sí el carácter general en el que se va a conversar con todas las autoridades y se va a socializar', dijo el seremi de Justicia, Jorge Cáceres.

Si bien el ministerio nunca contestó al parlamentario de Ñuble, pese a que han transcurrido tres meses, es con esta cita, programada en la Intendencia, la mejor respuesta a su requerimiento, ya que en ella se podrán revisar las externalidades que pueda traer este proyecto para la comuna donde quede emplazado.

Desde que asumió el gobierno de la Nueva Mayoría, se desconocía si el proyecto de una cárcel para Ñuble se reactivaría, situación que fue develada cuando se informó que el recinto penitenciario, por tantos años esperados, se construiría pero esta vez sería de carácter regional, para albergar la población penal de Chillán y Los Ángeles, ciudades donde el sistema penitenciario está colapsado.

Tras esta observación se comenzó a buscar predios, públicos y particulares, para emplazar el penal, los cuales debían estar en la seremi de Justicia, desde donde serían enviados al ministerio.

'La cárcel va a quedar o en la provincia del Bío Bío o en Ñuble. El primer semestre me autoimpuse el plazo de tener las propuestas de terreno lo cual cumplimos, aunque lo extendimos un mes, los que fueron entregados al ministerio. 12 carpetas, 10 de inmuebles de la provincia del Bío Bío y dos de Ñuble y esos entraron al estudio del equipo técnico de Gendarmería como del ministerio de Justicia', confirmó el secretario regional, Jorge Cáceres.

Con los terrenos, el ministerio lleva adelante la revisión de cada sitio y que éstos cumplan con los requisitos básicos, tanto en hectáreas como la disponibilidad de servicios básicos y que sean de fácil acceso.

'Este segundo semestre viene la selección de cuatro a cinco terrenos, que serán inspeccionados, incluso con visitas a terreno, para luego determinar dos definitivos que van a quedar como propuestas. Una vez que eso ocurra el primer semestre del 2015 vamos a tener uno o dos definitivos lo que será determinado por los técnicos y profesionales y ahí se va a socializar', sostuvo Jorge Cáceres. La inversión que se hará para la construcción de la cárcel es uno de los aspectos que podría beneficiar a la comuna en la cual se emplace el proyecto. 'Son más de 70 mil 100 millones de pesos que son absolutamente sectoriales, o sea que vienen desde el ministerio hacia la región, por lo que no podemos perder esa inversión y todo lo positivo que trae en el aspectos de seguridad muy por el contrario de lo que se dice', dijo Cáceres.

'Esa es la idea del ministerio de poder conversar con todas las autoridades que puedan conocer del proyecto'

Desde el 2006 se inició la búsqueda de predios aptos para la construcción de la cárcel. Según este proyecto ésta debió estar funcionando en el 2012.

Crear un programa especial vitivinícola y ampliar la denominación de origen a todas las comunas del Valle del Itata solicitaron los dirigentes viñateros que participaron en la tercera Mesa Regional del Vino realizada en la biblioteca de la Municipalidad de San Nicolás.

El presidente regional de la Red del Vino, Víctor Rabanal, indicó que existe preocupación entre los productores del Valle del Itata en torno a la Denominación de Origen (D.O.).

'Es un tema que creemos que ha sido poco transparente, porque se conocía la información por parte del SAG y la Seremía de Agricultura y no se había bajado de acuerdo a lo trabajado en Santiago', dijo.

Agregó que hubo una mesa que asesoraba al director nacional del SAG, donde se pretendía convocar a todos los actores y lamentablemente no fueron citados a ella.

Por otra parte, Rabanal comentó que esperan que las grandes viñas no puedan plantar la cepa País en otros territorios o valles, dado que generaría un perjuicio social al existir poco interés de venir a comprar a esta zona.

'Iría en desmedro de los pequeños viñateros', dijo.

Rabanal anunció que viajarán al Congreso para exponer esta situación a la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.

En tanto, el Seremi de Agricultura, Rodrigo García, recordó que en esta tercera reunión, Indap informó sobre el trabajo que realizan con pequeños agricultores, mientras que la Comisión Nacional de Riego entregó los lineamientos de la nueva administración y de los nuevos concursos.

García dijo que el SAG también informó sobre la posibilidad de usar la palabra 'pipeño' en la etiqueta y ampliar la denominación de origen de la uva País en algunas comunas.

En este punto y respecto a las actuales subzonas con D.O., el Seremi indicó que el reglamento del SAG establece su uso solamente para algunas comunas del Valle del Itata o del secano interior .

'El acuerdo es proponer al SAG incluir a todas las comunas del Valle del Itata, entre ellas Ránquil y Florida', comentó la autoridad.

Rodrigo García señaló que los productores también solicitaron la exclusividad de la cepa País para las regiones de Bío Bío y Maule.