El presidente de la Comisión, Mario Venegas (DC), acusó a diputados de la Alianza de 'entorpecer' la votación. 'A mí me parece que hay diputados que se han dedicado permanentemente a entorpecer esto, y lo que es más grave es que son diputados que vinieron a eso, porque ni siquiera son miembros de la Comisión y es lo que me resulta más violento, porque nosotros queremos avanzar', acusó. El parlamentario dijo que 'podemos tener diferencias, pero en el Parlamento la manera de resolverlas es por la vía democrática, se puede perder y ganar, pero eso es el debate democrático'.

Una votación lenta se vivió ayer en la Comisión de Educación de la Cámara, instancia que -contra el tiempo- continuó tramitando en particular el proyecto del Ejecutivo que termina con el lucro, el copago y la selección escolar.

Aunque el debate nuevamente se vio por momentos entrampado por discusiones de forma, los diputados avanzaron en la discusión y aprobaron varias de las indicaciones propuestas.

Entre las disposiciones aprobadas se encuentra aquella que indica que 'el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula'. La actual legislación sólo estipula esta norma hasta sexto básico, pero la indicación aprobada por la Comisión la extiende a todos los niveles de la enseñanza.

A la sesión asistió el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien explicó que esta iniciativa pretende evitar que los establecimientos educacionales exijan notas muy altas a los estudiantes para renovarles la matrícula, más allá del requisito de aprobar. 'En ningún curso, tal como ya ocurre ya entre primero y sexto básico, un promedio de notas no brillante puede ser obstáculo para renovar la matrícula', señaló.

Los diputados de la Alianza expresaron su inquietud con respecto a que esta disposición en la práctica impida que los liceos emblemáticos puedan seguir seleccionando por criterios académicos, lo que fue descartado por el ministro, quien explicó que esto sólo regula la continuidad de los alumnos en un establecimiento, no la admisión.

También se aprobó una indicación de los diputados de la Nueva Mayoría para establecer que esto rija 'en todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado', es decir, que también deberán acatarlo los colegios particulares pagados y no sólo los que reciben subvención del Estado.

Otra disposición que se aprobó ayer es que ningún colegio del sistema -no sólo los subvencionados, como lo indica la ley actual- podrá impedir la continuidad de un alumno debido a que sus padres cambien de estado civil, es decir, que se separen.

Entre las indicaciones que fueron rechazadas se cuenta una presentada por la 'bancada estudiantil', que pretendía que en los procesos de admisión de los colegios no se pudiera considerar el sexo de los postulantes, lo que implicaba que no podían existir los colegios sólo de varones o de mujeres. También establecía que los colegios particulares pagados no podían seleccionar a sus alumnos en virtud del rendimiento escolar. Esto último, para los diputados de la Alianza era 'introducir la tómbola en los colegios pagados', lo que a su juicio no estaba dentro del ámbito del proyecto de ley.

También se rechazó una indicación presentada por la Alianza en torno a la admisión de los estudiantes, que estipulaba que las familias debían 'no sólo adherir' al proyecto educativo del colegio, sino también 'comprometerse activamente en su realización'. El plazo para despachar el proyecto en la Comisión finaliza hoy.

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó ayer el arresto parcial decretado en primera instancia para Guillermo Durán, uno de los tres sospechosos sindicados como autores de los ataques terroristas registrados durante los últimos tres meses en Santiago. La decisión se produce luego de que el tribunal de alzada aceptara los recursos presentados por la Fiscalía Sur y la UDI para insistir en que la medida cautelar acorde a los delitos imputados a Durán es el arresto domiciliario total. De esta manera, se ordenó que el joven de 25 años cumpliera a partir de ayer la detención total en su hogar, ya que, según estimaron los magistrados, la libertad de Durán representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El imputado es investigado por el delito tentado de colocación de artefacto explosivo terrorista por los elementos hallados en el domicilio de La Pintana donde fue detenido junto a Juan Flores y Nataly Casanova. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, en el inmueble se encontró pólvora negra y elementos para fabricar bombas artesanales. El próximo 7 de octubre, el tribunal de garantía revisará el requerimiento del Ministerio Público respecto de los exámenes sicológicos de los encausados. Ello, luego de que las propias defensas solicitaran que el ente persecutor penal explique las razones para efectuar dichos peritajes.

cambios en fiscalía

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur reorganizó su equipo investigativo dedicado a los casos de atentados explosivos. De esta forma, el fiscal adjunto de la zona, Claudio Orellana, asumió un rol activo y preferente en la indagatoria que lidera el fiscal regional Raúl Guzmán.

Según explicaron a Emol desde el Ministerio Público, esto se debe a que el fiscal exclusivo Christian Toledo fue destinado a preparar el segundo juicio que enfrentará el próximo 7 de octubre Víctor Hugo Montoya, a quien la Fiscalía persigue por el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista en relación al bombazo que en febrero de 2013 afectó a un retén de Las Vizcachas y dejó un carabinero herido. De esta manera, Toledo -junto a Guzmán y Héctor Barros- se centrará durante toda esta semana en revisar las pruebas que serán exhibidas nuevamente ante los sentenciadores con el fin de acreditar la responsabilidad del joven, quien en el primer proceso en su contra resultó absuelto, resolución que luego fue anulada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.