Aportes reservados en la política
Los aportes reservados a las campañas electorales en el país han vuelto a aparecer en el ojo de la opinión pública, luego que se conociera que el fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público, Carlos Gajardo, que indaga al Grupo Penta por una masiva evasión tributaria a través del FUT, abriera una nueva arista en la investigación tras conocerse revelaciones de presuntos aportes fuera de la ley a candidatos parlamentarios y presidenciales de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y al independiente Andrés Velasco.
Cabe precisar primero que dichas revelaciones han surgido a través de filtraciones de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, las que aún deben ser constatadas en su efectividad. No obstante ello, esta nueva arista salpicó directamente a diputados como Ena Von Baer, el exalcalde Pablo Zalaquett, el senador Iván Moreira e incluso al Presidente de la Fundación Jaime Guzmán, exsenador Jovino Novoa, a quien una investigación de Ciper Chile se le nombra como nexo entre el poderoso grupo económico fundado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para decidir a qué candidatos apoyar dentro del gremialismo. Esta revelación, de ser efectiva, debe ponerse en perspectiva y separar aquellos aspectos que vulnerarían la Ley Electoral de aquellos que pueden resultar parte de las propias dinámicas de los partidos, enmarcadas en la plena legalidad.
Cabe recordar que ya en 2002, durante el gobierno del exPresidente Ricardo Lagos Escobar, surgieron informaciones de prensa que apuntaban a que La Moneda financiaba a partidos políticos de su coalición haciendo uso de aportes reservados del Gobierno, lo que sumado al bullado caso MOP-Gate obligó a la presentación de proyectos de ley tanto para regular el gasto electoral como para trasparentar los sueldos de las altas autoridades en virtud de sus cargos.
Desde la marcha de la inscripción voluntaria, el padrón electoral en Chile aumentó de 8 millones de votantes a 13 millones, con lo que también se elevó el límite para el gasto electoral y los aportes reservados, de $12 mil 900 millones en 2009 a $16 mil 500 millones en el 2013. Ello, sin duda, debe ser motivo suficiente para aumentar las alarmas y ahondar en la máxima transparencia en su uso, aunque algunos parlamentarios opinan con justa razón que no se justificarían los aportes sin nombre en una sociedad democrática, donde por un lado el ciudadano común tiene derecho a conocer qué intereses podrían afectar ciertas decisiones de sus representantes públicos y por otro lado ninguna persona debiera ser perseguida por sus opiniones o pensamiento, y por tanto no tendría motivo para ocultar sus aportes a partidos políticos o determinados candidatos. La ley, sin duda, aún debe perfeccionarse.