Félix Arancibia M.

Las polémicas nuevamente remecen al municipio de Chillán Viejo. Esto ya que Contraloría General de la República detectó a través de una investigación especial y un examen de cuentas la contratación irregular de personal a honorarios, empleado en la ejecución de diversos programas municipales, en los periodos de enero 2012 a julio 2013.

La fiscalización tuvo como finalidad investigar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los contratos a honorarios celebrados en el ámbito de los proyectos clasificados como 'Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios'.

Según el informe de Contraloría, se contrató mediante decretos alcaldicios y bajo la modalidad de honorarios a personas que no realizaban las labores pactadas en los contratos, dentro de los cuales se nombra a la socialista y actual jefa de Área Diversidad e Inclusión Social de la DOS, Lya González González, y al hermano del delegado provincial de Serviu, Francisco Crisóstomo.

Además, el ente contralor reveló el egreso de cheques por el doble de los honorarios mensuales estipulados, en el cual se menciona al delegado provincial de Fosis, Guillermo Saavedra, y al ex presidente de las juventudes del Partido Radical, Yerson Soto.

ANTECEDENTES

Los datos de Contraloría son lapidarios, pero aún iniciales y deben ser aún justificados por el consistorio.

El municipio de Chillán Viejo, sólo en materia de gastos por contrataciones a honorarios imputados al rubro 'Otros Gastos en Personal' y bajo la denominación de 'Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios', devengó y pagó en el año 2012 un total de $371 millones, por este concepto.

Dicho presupuesto mostró un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años (2009 al 2013), incremento que en el ejercicio presupuestario 2012 alcanzó un 307% de alza.

Felipe Aylwin, en ese sentido, declaró que 'el aumento de contrataciones a partir del año 2009 se debe a la implementación de convenios con Órganos de Administración del Estado, -la mayoría con financiamiento compartido, en directo beneficio de la comunidad chillanvejana- que se insertan en diseños del Gobierno central y administración local'.

Según la investigación de Contraloría, la mayoría de los contratos a honorarios no cumplen con los requisitos legales, ya sea por extensión de los tratos, como por el fin de las contrataciones.

El alcalde Chillán Viejo discrepó en este último punto con el organismo contralor, por cuanto entiende que todos los contratos mencionados se ajustan a la normativa contenida en el decreto N°854 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Aylwin agregó que tales convenios cumplen con todas las características que emanan del ya mencionado decreto N°854.

JUICIO DE CUENTAS

Tras los antecedentes aportados por la investigación, Contraloría determinó definitivamente que en los contratos a honorarios existirían irregularidades, ya que éstos no estaban justificados con su debida documentación.

'Los prestadores de servicio identificados no dieron cumplimiento a lo acordado en sus contratos, toda vez que no realizaron las tareas allí concordadas y en su reemplazo, según indica la autoridad comunal, habrían realizado otras en lugares que no correspondían al estipulado en el mencionado documento; sin embargo, no se adjuntaron los antecedentes que permitan acreditar de manera concreta la realización de ellas, lo que significó al municipio un desembolso de $8 millones 798 mil por los pagos efectuados a los referidos prestadores, al mes de junio del año 2013'.

Es por esa razón que el ente contralor iniciará un Juicio de Cuentas, según lo establece el artículo 107 de la ley N°10.336, a fin de hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual en contra de los funcionarios que ocasionaron el detrimento al patrimonio municipal.

Ahora el municipio tendrá la opción de refutar dichos antecedentes, en los cuales acusan nuevamente irregularidades en un proceso.

cambios en el municipio

Claramente las aguas no están quietas en el municipio chillanvejano. Los múltiples desórdenes administrativos e irregularidades detectadas al interior de la municipalidad han tensionado el ambiente.

Es así que el alcalde Felipe Aylwin ya está haciendo algunos cambios en su equipo. Hace pocos días se confirmó que Rosendo Guerra dejaría de ser jefe de Gabinete para dar paso a Viviana Caro. Asimismo, se sabe que la encargada de Control, Gabriela Garrido, fue removida de su cargo y ahora está ejerciendo funciones en el departamento de adquisiciones de Secretaria Municipal de Planificación (Secpla).

La gobernadora de Ñuble, Lorena Vera, se refirió a los últimos dichos de su antecesor, Eduardo Durán, quien responsabilizó a las actuales autoridades provinciales de no ejecutar con prontitud el proyecto que buscaba dotar de un ascensor a la Gobernación Provincial, requerimiento que han hecho por años las personas con capacidades distintas y adultos mayores.

'Este tema no tiene un color político, lo importante es ejecutarlo para poder entregar el acceso universal a la comunidad, por ende, el ascensor es un importante aporte para ello'.

La máxima autoridad provincial agregó que al asumir la gobernación no han podido ejecutar el proyecto, ya que 'nos encontramos con una serie de trámites de regularización y permisos en su construcción en la municipalidad y hemos tenido que desatar todos estos nudos para poder ejecutar esta obra. El ascensor ya estaba en carpeta en el Gobierno Regional y contaba con el financiamiento, pero requiere absolutamente de tener todos los permisos para poder construirse'.

La autoridad provincial apunta específicamente a permisos que se están tramitando en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, el Serviu y ante la municipalidad de Chillán. Una vez evacuados estos antecedentes se podría iniciar la construcción del anhelado ascensor, proyecto que se vislumbra sea una realidad antes de fin de año.

Cabe recordar que el Consejo Regional aprobó 6 millones de pesos, monto que posteriormente aumentó, para la elaboración de los diseños y estudio de ingeniería para la instalación del elevador, el que fue adjudicado a la empresa Iproin, pero por la suma de 11 millones de pesos. La empresa entregó su propuesta de diseño en 2013.

Sólo en febrero del 2014, el mismo Consejo Regional le adjudicó los montos con los cuales dejarían al edificio público con un ascensor.

Los cuestionamientos realizados por Eduardo Durán generaron la respuesta del jefe de gabinete de la Gobernación, Cristian Quiroz, quien ayer profundizó en sus planteamientos.

'Debemos comprender que una intervención de un edificio de esta envergadura requiere una serie de autorizaciones sectoriales. Lo que ha encomendado la actual gobernadora es la coordinación con cada una de estas instituciones, en orden a poder subsanar cada una de estas observaciones que han impedido que el proyecto se ejecute en los plazos que toda la comunidad espera', dijo Cristian Quiroz. 'Nosotros no perdemos la esperanza de comenzar la ejecución durante el 2014 ', agregó el jefe de gabinete.