Falencias en el uso de los Fondos SEP
Un estudio encomendado por la Asociación Chilena de Municipalidades dio cuenta que más del 80% de los municipios del país registró déficit en gastos operacionales en el área de educación, lo que los propios alcaldes atribuyen a un déficit estructural del sistema vigente. De esta manera, algunas corporaciones municipales que administran la educación en comunas del país han justificado el mal uso que en muchos casos se ha dado de los recursos de la Subvención Especial Preferencial (SEP), destinada a mejorar la calidad de la educación para los alumnos más vulnerables.
Estas situaciones han sido objetadas por la Contraloría General de la República y en el caso de la Región del Bío Bío ha derivado en que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara querellas por presuntas irregularidades en el uso de estos dineros por parte de los municipios de Tucapel, en la provincia del Bío Bío, y Quillón, en la provincia de Ñuble. De acuerdo a la indagación que realizó Contraloría, de los años 2011 y 2012, la falta radica en el uso que se dio a los dineros que establece la Ley 20.248, para fines distintos a los que fueron otorgados. En el caso de la comuna de Quillón, la denuncia por una suma de más de 25 millones de pesos no respaldada con la documentación respectiva la presentó el actual alcalde Alberto Gyhra.
Recientemente, en la Cámara de Diputados comparecieron ante la comisión investigadora que revisa este tema representantes de la Asociación Gremial de Corporaciones Municipales, quienes han reconocido que si bien en términos generales se trata de una situación factible de reparar en el tiempo, se observó que para muchos municipios los fondos SEP son la única vía para enfrentar los gastos corrientes de los establecimientos. No obstante, los diputados han hecho el paralelo entre aquellos municipios en los que se detectó simples omisiones o dificultades presupuestarias, de aquellos en los cuales se ha terminado judicializando el extravío de estos fondos.
Es peligroso asimismo que desde algunos consistorios se justifique un mal uso de fondos para mejorar la educación de los niños con un problema del sistema, que en algunos casos pasa por una mala administración de parte de los propios sostenedores.
En este sentido, la justicia debe ser muy estricta en no permitir que estos dineros se desvíen maliciosamente y terminen perjudicando la educación de niños vulnerables.