Resulta difícil de entender que, en un presupuesto que se dice contracíclico y que busca reactivar la economía, el gasto en personal de los ministerios políticos, incluyendo los gobiernos regionales, aumente en cerca de $14 mil millones. El incremento es de 20,7%, cuatro veces más de lo que crece el gasto en personal para todo el Estado (5,8%) y más de 10 veces lo que creció el año pasado (1,7% real).El aumento más importante en personal se lo lleva la Subsecretaría del Interior: mientras en el presupuesto 2014, actualmente en ejecución, aumentó en 5,1%, para el 2015 se propone un 53,5%.Preocupa, asimismo, la creación de seis nuevas delegaciones presidenciales: para el incendio de Valparaíso, Arica, recursos hídricos, emergencia V Región, reconstrucción en Tarapacá y 27-F, con funciones que en el gobierno del Presidente Piñera fueron cumplidas por los funcionarios del gobierno central, intendencias, gobernaciones y seremías. A estas nuevas reparticiones se les asigna para el próximo año un total de $1.500 millones, que se van principalmente en honorarios (la remuneración de los delegados es de $7 millones mensuales). Llama la atención, además, que la calificación profesional de esas nuevas autoridades tenga poca relación con las tareas asignadas. Por ejemplo, la delegación de recursos hídricos tan importante para Ñuble no cuenta con ningún especialista en el área (como ingenieros hidráulicos), pero sí tiene periodistas y un técnico en comercio exterior. Los chilenos esperamos que las autoridades nos expliquen las razones de los nuevos y onerosos gastos provenientes de nuestros impuestos. Claramente las prioridades del gobierno no están en sintonía con los ciudadanos cuando se disminuye el presupuesto para formación de especialistas en un 40% y se inventan cargos políticos con el fin de mantenerse en el poder. Esperamos que esos recursos sean invertidos para beneficiar a la gran mayoría de nuestros compatriotas y no en un grupo de personas, quienes probablemente respondan más a compromisos con los partidos de la Nueva Mayoría que con el país. Ojala los 140.000 chilenos que han perdido su empleo en los últimos 6 meses tuvieran la suerte de estos 'nuevos empleados del gobierno'.

El gobierno dio a conocer esta semana a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados una serie de indicaciones sustitutivas que modifican la actual moción parlamentaria en discusión, para modificar el actual Código de Aguas, tal como lo anunciara la Presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de Mayo.

De acuerdo a lo señalado desde el Ministerio de Obras Públicas, la iniciativa es el resultado del trabajo del Comité de Ministros del Agua y del delegado presidencial, documento que en su principal fundamento consagra el principio que el agua tiene como uso prioritario el consumo humano y el saneamiento. Asimismo, con estas indicaciones se busca actualizar la legislación chilena, equiparándola al nivel de otros países de la OCDE.

En lo fundamental, la iniciativa si bien reconoce los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados bajo condiciones distintas a la legislación en trámite, en adelante dejan de ser perpetuos sino con una extensión temporal limitada a un máximo de 30 años, prorrogable, a menos que la Dirección eneral de Aguas (DGA) acredite el uso no efectivo del recurso, en cuyo caso caducarán en un plazo de cuatro o de ocho años. A su vez, se propone que la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo no podrá ser inferior a 20 años.

Con tal de asegurar el consumo humano futuro, se permitirá al Estado constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones para la función de subsistencia. Y así también, ante la no disponibilidad del recurso para constituir nuevos derechos de aguas, excepcionalmente se permitirá constituirlos a los comités de agua potable rural.

Para el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se fortalecen las atribuciones de la DGA, además se eximen del pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural y se modifican las normas para hacer más eficiente, económico y eficaz el cobro de las patentes otorgadas.

Parlamentarios de la comisión echaron de menos algunas propuestas discutidas en su seno, como el articulado que establecer un caudal ecológico, que garantice el agua potable en las cuencas sobre todo en periodos de sequía.

Otro aspecto que tiene directa relación con Chillán y su cordillera, se refiere a la prohibición para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen, como asimismo en el caso de otras categorías de áreas protegidas, como ocurre con la Reserva de la Biósfera Nevados de Chillán y donde el municipio aún no incribe sus derechos. Sin duda que este hecho tendrá incidencia en el uso y beneficio económico del recurso en el área donde Chillán hoy tiene concesionada la administración de sus bienes.