Nuevas aristas de situaciones irregulares con la entrega de beneficios a damnificados de la provincia de Ñuble salieron a la luz este fin de semana, gracias a un reportaje de investigación realizado por Diario , en el cual quedó de manifiesto el aprovechamiento indebido que han hecho algunas personas con las viviendas que recibieron con subsidios tras el terremoto del 27 de Febrero de 2010.
Antecedentes en conocimiento del Servicio de Vivienda y Urbanismo en la provincia, además de parlamentarios, establecieron que en las villas Shangrilá I y II, además de la Villa Santa Rufina, existen hoy inmuebles en arriendo y que habían sido entregados hace aproximadamente un año a familias que habían solicitado el beneficio tras acreditarse como damnificadas del 27/F. Muchas de estas personas, de acuerdo al Serviu, nunca pertenecieron a comités de vivienda y se desconoce cómo fueron priorizados para obtener sus casas en desmedro de otras familias que a casi 5 años de la catástrofe siguen esperando por una solución o han debido buscarla por sus propios medios.
También ha quedado al descubierto cómo algunas personas, desesperadas con la larga espera por sus casas, literalmente terminaron tomándose inmuebles en estos sectores. Producto de lo anterior, el Serviu debió iniciar acciones de mediación para recuperar estas propiedades y así poder entregarlas a los beneficiarios finales. En otros casos, este mismo organismo ha debido iniciar acciones legales para recuperar las casas que fueron puestas en arriendo, demostrando con ello que quienes las obtuvieron no eran afectados con la emergencia y simplemente se aprovecharon de los beneficios del Estado.
Lo anterior pone en entredicho una vez más la capacidad que tiene el Serviu para fiscalizar de manera adecuada el otorgamiento de los beneficios estatales, de tal manera de reducir estas situaciones del todo ilegítimas por parte de inescrupulosos. Cabe hacer notar, eso sí, que en el último tiempo se han estado realizando catastros para evitar nuevos casos de esta índole.
En la otra vereda, en tanto, figuran casos como el de la señora Clemencia Salgado, discapacitada y real damnificada tras el 27/F, quien pidiendo recursos prestados a vecinos solidarios pudo adquirir una precaria vivienda, donde hoy lucha por sobrevivir. Estas injusticias no sólo deben ser prontamente subsanadas, sino revisadas y rápidamente corregidas, para que a futuro no se repitan. El terremoto dejó en nuestra provincia a 28 mil personas afectadas de distinta manera por el terremoto, una tragedia de magnitud que a casi 5 años se está resolviendo. Es deber, sin embargo, de las autoridades velar porque estas soluciones sean dignas y otorgadas en justicia.