Hay que reconocer que este gobierno es consistente: anuncia con entusiasmo malas ideas y luego no duda en implementarlas, es súper coherente, no hay duda.Ya en el programa de gobierno, y luego durante la cuenta pública de mayo 2014, la Presidenta Bachelet había anunciado la intención de establecer que el agua es un 'Bien Nacional de Uso Público', aun cuando esto ya está actualmente reconocido en el Código Civil y en el Código de Aguas. La razón para estos cambios radica en un diagnóstico equivocado respecto del funcionamiento del mercado del agua en Chile -que ha sido valorado incluso por organismos como el Banco Mundial- y de la responsabilidad que recae en la gestión privada frente a las deficiencias del mismo. Recuérdese que la sobreexplotación de los recursos hídricos surge básicamente de una mala gestión del Estado que sobreotorgó los derechos de aprovechamiento de agua (DAA), a lo que se ha sumado una débil fiscalización. Lo anterior no desconoce que deban realizarse mejoras para superar las insuficiencias existentes en la actual legislación de aguas. Sin embargo, estas dificultades no se solucionan dando mayor discrecionalidad a la autoridad, así como tampoco se resuelve la escasez o sequía estableciendo en la Constitución un derecho universal al agua. Lo que realmente se necesita es proponer los cambios adecuados para abordar los problemas identificados en los diagnósticos elaborados por la Dirección General de Aguas (DGA), el Banco Mundial y expertos independientes que permita garantizar un uso sustentable del agua y, al mismo tiempo, promuevan el desarrollo de la actividad productiva para el progreso socioeconómico del país.La propuesta legislativa del Ejecutivo apunta, sin embargo, en una dirección distinta, priorizando un giro importante hacia una mayor injerencia del Estado y el control sobre el uso de los DAA, lo que atenta contra el buen funcionamiento del mercado y el uso eficiente del recurso. Se propone un cambio de concepción de los nuevos DAA, pasando de ser un derecho permanente a uno con duración máxima de 30 años, renovable salvo que la DGA acredite el no uso efectivo del recurso. Esto afectaría la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de actividades que usan el agua como insumo, tales como la agricultura, la hidroelectricidad, los servicios sanitarios y la minería.

Presidente regional de Renovación Nacional

La Seguridad Ciudadana no puede entenderse sólo por un número adecuado de policías para cubrir las demandas de un determinada zona habitada, también hay un fuerte componente de percepción de la ciudadanía frente al combate del delito -lo que se conoce como Nivel de Temor a ser víctima de un ilícito-, a lo que se suman las cifras oficiales de los estamentos policiales de procedimientos con o sin personas detenidas, frente al número de denuncias que recibe un determinado territorio.

En este sentido, a Chillán se le considera una comuna tranquila, en virtud de las cifras de denuncias y detenidos por distintos delitos. De acuerdo a la información que publica Carabineros en su sitio oficial, la Segunda Comisaría de Chillán registra una disminución de 27% en el último año de los robos con violencia, de un 4% de los robos con violencia, de un 25% en las violaciones y una leve alza de un 11% de los delitos de robo por sorpresa. En cuanto a los delitos contra la propiedad, los robos en lugar habitado muestran una caída del 11% y en lugar no habitado de un 2%.

Sin embargo, las estadísticas contrastan notoriamente cuando se analizan los números desde la perspectiva de los casos de robo en lugar no destinado a la habitación y que han terminado con la resolución de los casos y la detención de los responsables. De acuerdo a la información entregada por el Ministerio Público vía Transparencia Activa, en el año 2014 se han registrado 368 denuncias ante la fiscalía, de las cuales sólo 25 han terminado con imputados (de 31 detenidos), lo que deja como número preocupante que apenas en un 6% de los robos de este tipo han sido efectivamente resueltos. Cabe dentro de esta categoría millonarios atracos, como el sufrido por la tienda Casa García o joyerías y tiendas de telefonía del centro de la ciudad.

En estos sectores, no resultaron efectivas la presencia de cámaras de televigilancia ni las pericias que hasta el momento han llevado a cabo los estamentos policiales destinados a la investigación. Así también, en 2013, de 409 delitos sólo 38 personas resultaron imputadas (de 61 detenidos), esto es un 9%. Sin duda que para la sensación de seguridad de la población, estas cifras son exiguas y preocupantes. Significa que un número superior al 90% de las causas por estos delitos terminan archivadas y sin rsponsables, convirtiendo la posibilidad de cometer estos ilícitos en Chillán en una oportunidad real para la delincuencia. Cabe entonces analizar si las herramientas que posee el Ministerio Público para actuar en casos de flagrancia, o los procedimientos investigativos policiales están haciendo frente a una delincuencia que no les da tregua.