Evaluaciones dispares tuvo la convocatoria del paro de actividades de los docentes en la provincia, en el marco de la paralización nacional, convocada por el Colegio de Profesores de Chile. Lo anterior, ya que por ejemplo en Chillán, de acuerdo a cifras entregadas por el Departamento de Administración Municipal (DAEM), sólo el 33% de los establecimientos se sumó a la actividad.

Mientras que desde el Colegio de Profesores de Ñuble su tesorero, y encargado de la movilización, Manuel Chávez, precisó 'que si bien el paro no tuvo una adhesión total, si congregó más de un millar de docentes que marcharon por las arterias céntricas de Chillán'.

Al ser consultados por los porcentajes, a juicio de Chávez, en la capital provincial este alcanzó cerca de un 50%, mientras que en Ñuble superó el 60%.

El paro de carácter nacional, fue convocado por el magisterio como una manera de apurar la respuesta del Ejecutivo respecto a la situación de los profesores a contrata, entrega de un bono de retiro (por lo bajo de las jubilaciones), fin del agobio laboral, y que se impulse una mesa de diálogo para retomar el tema de la deuda histórica.

Si bien reconoció que después del rechazo de los docentes a la propuesta gubernamental en la llamada agenda corta, las autoridades han seguido dialogando, a juicio de Chávez, aún no hay nada concreto, por ejemplo, en el caso de la titularidad de los profesores a contrata. Lo anterior, 'tomando en consideración que en noviembre debe quedar definido el Plan Anual de Desarrollo Educacional Municipal (PADEM), que define entre otras cosas, la planta docente para el 2015, con el consiguiente riego de que los maestros que actualmente están a contrata, no sean considerados para el próximo año', cerró.

Un supuesto certificado de subsidio con un logo del Gobierno Regional del Bío Bío como del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), el borrador de un contrato de compraventa y comprobantes de transferencias electrónicas, son parte de los antecedentes entregados ayer en la denuncia presentada por el delegado provincial del Serviu, Oscar Crisóstomo, al fiscal jefe de Chillán, Pablo Fritz.

Se trata de elementos de prueba relacionados con la presunta estafa que afectó a cuatro vecinos de la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, quienes fueron embaucados en falsos proyectos inmobiliarios que vinculaban al Serviu y a la supuesta Constructora Pocuro. El caso, dado a conocer el pasado fin de semana por Diario comenzó a conocerse el 24 de octubre, cuando una de las afectadas puso en conocimiento del Serviu una denuncia en la que declaraba que un sujeto que se haría llamar Rodrigo Durán, se habría hecho pasar por funcionario de la repartición.

El hombre, hoy investigado por la Justicia, habría actuado como intermediario y les habría prometido facilitarles el acceso a un subsidio habitacional, incorporándola como reemplazante en el proyecto habitacional Parque Alemania, que atribuyó a la Constructora Pocuro.

Según la denuncia presentada por la afectada, para llevar a cabo su cometido, el sujeto le habría solicitado realizar tres depósitos con la finalidad de poder adjudicarse el beneficio. De esta forma, logró timar a su víctima y logró recibir tres transferencias electrónicas por $1.080.000, $ 455.000, y $200 mil. Cada uno de los afectados realizó pagos cercanos a un millón 800 mil pesos. El modo de operar habría sido similar al usado en el caso de los otros tres afectados.

Lo llamativo de este caso, y que es parte de la investigación del Ministerio Público de Chillán, es que entre los documentos falsos que entregó el presunto estafador aparece el nombre y firma de una ex funcionaria del Serviu, 'que no corresponde a los subsidios habitacionales que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo', se detalla en la denuncia entregada a la fiscalía.

Consultado por acerca de estos antecedentes, el delegado provincial del Serviu, Óscar Crisóstomo, se limitó a precisar que 'como delegación hemos estado muy pendientes de las diversas situaciones que se han dado a conocer a través de la investigación que han hecho los medios de comunicación. Ello, como consecuencia de la denuncia que pusimos en fiscalía hace un par de semanas por la situación puntual de una empresa constructora de la zona, por cuanto creo que hemos hecho lo correcto'.

La autoridad provincial agregó que 'hoy es la fiscalía quien tendrá que determinar si hay o no perjuicio al Estado. En segundo lugar, desde que asumí como delegado, como equipo Serviu hemos estado ocupados de que todos los procesos se hagan de manera rigurosa, oportuna y con la debida transparencia'.

Crisóstomo también llamó a las personas a estar atentos a este tipo de embaucadores y recalcó que 'aquí no hay intermediarios, de ningún tipo. Los intermediarios no existen. Están sólo las entidades patrocinantes y las empresas constructoras, nadie más'.

La denuncia del Serviu se suma a la ya presentada anteriormente por la constructora Pocuro, a través de su gerente en el Bío Bío, Jorge Guardia.