La audacia de los delincuentes no parece tener límite. En el último año, la provincia de Ñuble ha visto cómo han vuelto a proliferar los atentados contra los dispensadores de dinero, preferentemente en comunas, a través de métodos cada vez más arriesgados y planificados.

Uno de los últimos hechos del que se tenga recuerdo ocurrió en Ñipas, el pasado 24 de octubre, donde muy próximo a un cuartel de Carabineros sujetos sustrajeron el dinero de un cajero automático luego de arrancarlo de su base con un automóvil robado. Instantáneamente, otro grupo cortaba el tránsito con miguelitos y cables de acero instalados estratégicamente para frenar la reacción de la policía.

Tal grado de planificación da cuenta del accionar de grupos especializados en este tipo de hechos que a menudo van alertando a la ciudadanía.

Lo preocupante es la existencia de grupos armados que no tiemblan para atacar a camiones blindados, con vigilantes armados, para hacerse de un cuantioso botín. Este tipo de hechos delictivos han tenido su foco principalmente en la Región Metropolitana, sin embargo, como bien lo saben los policías, la delincuencia es un fenómeno móvil y es de esperar que se traslade a regiones, una vez que las empresas de seguridad vayan cumpliendo protocolos cada vez más estrictos para el traslado de valores.

Lo anterior no debe ser motivo de alarma, pero sí de preocupación ante estos fenómenos que ya estamos viendo de manera frecuente en nuestro país. Hasta ahora, en Ñuble crea conmoción los alunizajes, el robo en tiendas comerciales, los ataques a cajeros y los asaltos de los cuales son víctimas trabajadores de las estaciones de servicio, tal como ha ocurrido tres veces durante 2014 en la estación de calle Cocharcas esquina Avenida Brasil.

Cabe inmediatamente la pregunta: ¿cómo enfrentarlo? El último caso de un robo frustrado a un cajero ocurrió en Pemuco. El hecho fue evitado gracias a dos factores clave. El primero: la empresa había adoptado las medidas de seguridad que exige el gobierno para la disposición de este tipo de máquinas dispensadoras. La segunda, y quizás más importante que cualquier medida de seguridad, es la alerta ciudadana oportuna. En la medida que la comunidad sea responsable y dé aviso oportuno de cualquier tipo de hecho sospechoso a Carabineros o la PDI se logrará evitar el avance de la delincuencia. Ese compromiso es vital en una sociedad como la ñublensina, donde aún la gente se conoce y puede armar redes para protegerse y apoyarse mutuamente.

El Índice de Victimización Paz Ciudadana - Adimark (marzo-sep 2014), publicado hace unos días arroja resultados preocupantes, que coinciden con las señales políticas y legislativas que ha venido dando la autoridad en los últimos 7 meses.

Por ejemplo la Victimización subió a niveles histórico desde un 40,2% de hogares con algún miembro que ha sido víctima de un robo, en el último semestre de 2013, a un 43,5%, su nivel histórico más alto en 14 años. También sube el temor, y el número de personas que sienten "alto temor" a la delincuencia de 11,6% a 13,8%.

Para los ciudadanos esta sensación de temor se traduce en inquietud permanente por su seguridad y la de su familia y lamentablemente el gobierno no ha priorizado la agenda de seguridad y a dado señales erróneas: En lo que va de 2014, el Gobierno no solo no ha impulsado una agenda clara para combatir la delincuencia y brindar una mayor protección a las víctimas, también ha tomado decisiones erróneas en materia de prevención y ha dado señales confusas.

Además desechó políticas exitosas a pocos días de iniciado el mandato, la autoridad a cargo despidió a los jefes de programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, sin evaluar su experiencia y capacidades técnicas; y se han suspendido programas como el Plan Frontera Norte y el STAD, que estaba muy bien evaluado por las policías.

Por otro lado se visualizan señales de debilidad, como la negativa a aplicar la Ley Antiterrorista y la confusa calificación como "conflicto social" al origen de los hechos de violencia en La Araucanía.

Igual de lamentable es que la agenda legislativa este congelada en esta materia, desde marzo están paralizadas en el Congreso iniciativas impulsadas por el Gobierno anterior (Reforma al Código Procesal Penal, Fortalecimiento del Ministerio Público) y, pese a que algunas de sus autoridades han reconocido el vacío de la ley, no se han repuesto iniciativas rechazadas por la Nueva Mayoría el año pasado, como el control de identidad preventivo, el estatuto de protección de las policías y el proyecto de resguardo del orden público.

Frank Sauerbaum,