Tras casi tres meses de juicio, el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán resolvió condenar al Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de Chillán, luego que un funcionario municipal, Víctor Salazar, demandara al municipio por tratos vejatorios recibidos por parte de la directora de la sección de educación, Cecilia Aguilera.
La sentencia fue dada a conocer el pasado miércoles, cuando el abogado Carlos Astorga fue notificado de la resolución del tribunal, que obliga al municipio chillanejo a indemnizar con $3 millones a Víctor Salazar, quien se desempeña como chofer del Daem desde hace 27 años.
La demanda se originó a raíz de la irregular situación que comenzó a vivir Salazar a partir de agosto de 2013, tras regresar a sus funciones después de haber estado con licencia médica desde octubre de 2012.
"Luego de la reincorporación del trabajador a sus labores, el 28 de agosto de 2013, durante cerca de 8 meses, no se le asignaron funciones en forma normal, ni se le informó nada de su futuro laboral; situación que sin lugar a dudas, implica un menoscabo, sin que aparezca una justificación suficiente para mantener al trabajador alejado de funciones", señala la resolución judicial.
Según el escrito, "la demandada ha vulnerado el derecho a la integridad psíquica del actor", determinó el Juzgado; además de establecer que "la demandada deberá cesar de inmediato las conductas vulneratorias".
Con esta condena, el tribunal exige la reintegración de Víctor Salazar a sus funciones originales en el Daem.
Finalmente, la sentencia indica que "se condena en costas a la parte demandada, las que se regulan prudencialmente en $300 mil", dictó el juez Sergio Dunlop Echavarría.
Conformes
La resolución del tribunal dejó conforme a Víctor Salazar, quien ayer ya se encontraba realizando sus labores como chofer de la repartición pública.
Su representante, el abogado Carlos Astorga, manifestó su conformidad con lo dictado por la justicia. "Nos deja absolutamente conformes, es lo que perseguíamos. La degradación que realizó a mi cliente el municipio, a través de uno de sus directivos, en este caso Cecilia Aguilera, incurrió en un trato vejatorio que afectó la dignidad de mi cliente, además del daño psicológico", comentó Astorga.
Según el abogado, los aspectos claves en el fallo condenatorio fueron dos. "Primero, se probó una conducta del municipio que es agraviante, que es lesiva para mi representado y que no tiene razón justificada, más que el mero capricho", sostuvo Astorga.
"Se acreditó el daño que produjo esta acción sobre mi cliente. Hubo una investigación de la inspección del trabajo, además hubo un perito psiquiatra que informó que había un perjuicio para la salud psíquica de mi cliente".
Por su parte, el equipo jurídico del municipio de Chillán posee 10 días -a contar del día en que se conoció la sentencia- para presentar un recurso de nulidad, el que de acogerse, implicaría realizar un nuevo juicio. No obstante, Astorga dijo estar tranquilo. "Es difícil plantear al tribunal que esta sentencia adolece de algún defecto de Derecho", finalizó.
En octubre se conoció el resultado del sumario que realizó el municipio chillanejo en contra de seis funcionarios del Daem; de los cuales, tres fueron despedidos y otros tres absueltos, entre ellos la directora, Cecilia Aguilera. No obstante, esta última también fue amonestada (y cuestionada por los concejales), luego que el fiscal Pedro San Martín estableciera irregularidades entre 2011 y 2013, periodo en que se originó un déficit de cerca de $3 mil millones del sistema educativo local, el uso de fondos y subvenciones del Estado, además de una sostenida baja de matrículas.
Danny Fuentes Espinoza
