Durante las últimas semanas hemos visto como los sondeos de opinión pública, procedentes desde los más diversos ámbitos y vinculados a todos los sectores políticos, han sido categóricos en la opinión ciudadana que rechaza, así tal y como está, la reforma Educacional. Sin ir más lejos, en el oficialismo, se ha convertido en un argumento o excusa para posicionar las diferencias y almas que convergen en una coalición incapaz de escuchar, convocar y abrir el debate sobre algo fundamental como es el derecho a una educación digna, de calidad y que propicie oportunidades para todas y todos. De hecho, tal ha sido el nivel de los dimes y diretes que tanto el ministro Peñailillo como la presidenta Bachelet han tenido que hacer, reiteradamente, llamados al orden al interior del conglomerado, llevándose todo el peso político ante la irreverencia e intereses de quienes constituyen la Nueva Mayoría. Eso en cuanto a lo político.

Porque en lo educacional la reforma debió haber comenzado por hacer un diagnóstico o levantamiento de las necesidades inmediatas y actuales. Conocer la realidad desde la sala de clases, los establecimientos educacionales, las vivencia y ejercicio del trabajo docente en el aula, el factor del determinismo socioeconómico y cultural que rige actualmente nuestra sociedad, los procesos cognitivos y cómo nivelamos los trastornos de aprendizaje, que pasa con la enseñanza de la inteligencia emocional para enfrentar la vida, la precaria infraestructura, la educación cívica y el tan anhelado fortalecimiento de la educación pública, entre otros. Pero no, era mucho más relevante mantener aquietadas las aguas del movimiento estudiantil y satisfacer sus demandas que hacer una reforma educacional, necesaria para el país, y que estuviera en sintonía con la realidad tanto nacional como global. De hecho, ¿de qué sirve compararse con Finlandia, Dinamarca, Polonia u otros casos de éxito, en materia educacional, si todo aquello que hagamos debe ser aplicado a nuestra realidad? Cuando un estudiante "saborea" el aprendizaje, y lo que eso implica para su vida, nadie lo va a poder parar. Lo mismo ocurre cuando un profesor cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales a su alrededor que lo apoyan para el logro de un objetivo fundamental: hacer que el aprendizaje ocurra.

Nadie dice que Chile no necesita una reforma educacional, pero una buena y bien hecha que se haga cargo de las falencias y propicie las oportunidades. Una donde, por ejemplo, nuestros estudiantes tengan plena conciencia de sus derechos y deberes, donde los docentes ocupen un estatus social que vaya más allá de lo económico siendo complementado con posibilidades para perfeccionarse a través de diplomados, magíster o doctorados financiados por las entidades educativas, el Estado o a través de becas. Donde los sostenedores inviertan en sus establecimientos educacionales, donde la familia juegue un rol protagónico en los procesos formativos de sus hijos y sepa qué está pasando con ellos.

Rodrigo Durán Guzmán,

¿Cuál es el límite entre fiscalización y persecución política de las autoridades que forman parte del Concejo Municipal? Ciertamente la ley que rige el trabajo del alcalde y los concejales -a saber la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, como asimismo la Ley N° 20.742 promulgada en abril de este año y que perfecciona el rol fiscalizador del concejo- no lo define ni contempla, por cuanto se entiende que el control de los ediles sobre la gestión alcaldicia se basa en el principio de la buena fe y de un ejercicio transparente y responsable de la función pública. Existen por cierto sanciones administrativas para la vulneración de los deberes encomendados a ambos, los que claramente deben ser cautelados por una rigurosa fiscalización, pero la frontera con la persecución política e ideológica no existe.

El por qué de esta reflexión nace en torno a una evaluación que cada ciudadano puede hacer con respecto a los primeros dos años de funcionamiento del concejo municipal de Chillán, donde claramente ha existido una pugna permanente y poco beneficiosa para el crecimiento de la ciudad entre el jefe comunal y su concejo. No puede cuestionarse el requerimiento de información, la exigencia de la transparencia máxima en los procesos y gestiones, el cuestionamiento a la labor de los directores de servicio cuando existen antecedentes fidedignos para ello, ni tampoco el pedir a la autoridad la realización de sumarios para indagar irregularidades y conocer de manera oportuna sus conclusiones y acciones concretas. Ello es sin duda parte del rol que se espera de la actitud de un concejal que cumple su rol.

No obstante a ello, paralelamente se han visto en el concejo actitudes que se alejan de este concepto, como el trato denigrante y hasta injurioso de algunos ediles en sus comentarios en sesiones públicas, la crítica motivada por razones políticas por sobre los intereses de la ciudad, la filtración de antecedentes vinculados a investigaciones internas e informes reservados con el solo fin de causar polémica o daño a la gestión, el abandono de comisiones sin razones justificadas, hasta recibir acusaciones de representar intereses corporativos (como ocurrió en medio del debate por el cierre de los casinos populares). Basta hacer el ejercicio de requerir los oficios en que los concejales han solicitado a Contraloría en los últimos años, la lista de asistencia a comisiones o el porcentaje de asistencia a las sesiones plenas, para darse una idea de si están cumpliendo con el mandato popular. En su caso, la ciudadanía es su principal fiscalizador y a ellos deben su representación y su voto, por tanto es imperativo el que dicha tarea se lleve a cabo dentro de los cánones que entrega la ley y pensando en los intereses de la ciudad por sobre los corporativos.