Para los vecinos de la Villa Shangrilá, los resultados de la fiscalización de las viviendas no dejó sorpresas. El catastro elaborado a partir de las recorridos hechos por el equipo social del Serviu, arrojó casos en que familias cedieron las casas, las arrendaron o sencillamente hicieron una supuesta venta del inmueble.

"Esta situación se veía venir, porque antiguamente no había control de esta situación. Con esto que está haciendo el nuevo delegado provincial, va a paralizar un poco esta situación y esperamos que sea continuo y definitivo, y la gente se deje de mal utilizar los beneficios que el estado entrega", sostuvo Manuel Rivas, dirigente de la junta de vecinos Shangrilá III y IV.

Es así como de las 598 viviendas que componen las cuatro etapas del conjunto habitacional, existen 23 casas deshabitadas; 15 arrendadas; 6 cedidas y 2 vendidas. Guarismos que evidencian que no todos los moradores tenían una necesidad habitacional urgente.

Cuando el comité de la tercera y cuarta etapa estaba postulando a sus actuales viviendas, realizaron un catastro en la Villa Shangrilá I y II, en el cual detectaron estas mismas anomalías. "En este minuto le dimos cuenta, a la anterior delegada Provincial Doris Oses, del catastro de gente que estaba arrendando sus casas y entre ellas estaba la secretaria de nuestro comité, que estaba arrendando una casa del Shangrilá II, pero la directora no hizo nada", concluyó Rivas.

El dirigente agregó que, "puede ser que por el hecho, que no había control de ningún tipo, la gente simplemente pensaba que no hay delito hasta que no te pillen y hacían y deshacían. Lo que no voy aceptar en mi sector, y lo conversamos con la gente, es que las casas por las cuales tanto luchamos sean mal utilizadas", recalcó Manuel Rivas.

Al igual que el comité que encabeza Manuel Rivas, los dirigentes de las primeras etapas de la villa Shangrilá empadronaron las 300 viviendas ya que advirtieron que había propietarios que estaban haciendo mal uso de los subsidios.

"Esto es un secreto a voces y es imposible que sea una sorpresa, porque esto se supo desde un inicio. A meses de que recibimos nuestras casas, entonces es imposible que ahora esto suene como sorpresa, esto se veía desde que recibimos nuestras casas. La gente las dejó abandonadas y después, con el pretexto que las casas eran chicas, ellos ponían a familiares a vivir en ellas", confirmó Carmen Pino, exdirigenta.

En los primeros catastros, elaborados por los vecinos, el porcentaje de personas que no estaban ocupando sus casas era alto, lo que al parecer disminuyó dado que las cifras eran mayores que las últimas estadísticas del Serviu.

"La gente ponía excusas de que eran chicas o que no había espacio para toda la familia, siempre era lo mismo. Me parecería fantástico que el Ministerio de Vivienda se pusiera las pilas y tomara el toro por las astas, porque si recibimos las casas fue por nuestra condición y no me parece que algunos vecinos saquen fines de lucro de esta situación, y no se sigan burlando del Ministerio y perjudicando a quienes realmente lo necesitan", explicó Carmen Pino.

vox pupuli

Crónica Chillán

"En los últimos cuatro años, como miembro de la comisión de Vivienda, nos encontramos no tan sólo con estas irregularidades, hay una serie de acciones ejercidas de manera voluntaria o involuntaria que afectaron el normal desarrollo de los procesos. Es preciso recordar que muchos comités habitacionales nunca fueron ingresados al Rukán y otros tantos no aparecían en los registros del Serviu y se traspasaban las responsabilidades entre el municipio y este organismo público. Hubo irregularidades en los porcentajes de asignaciones de regulares y damnificados con respecto a los integrantes de los comités", sostuvo el diputado Carlos Abel Jarpa.

En las inspecciones, que realizó el equipo de profesionales del Serviu, se utilizó la nueva normativa, que es intransigente para casos en que son mal usados los subsidios habitacionales. No obstante, dentro de los próximos 60 días, quedan dos inspecciones más por realizar, en las cuales se espera revertir las estadísticas encontradas.

"Hoy como gobierno de la Nueva Mayoría, debemos hacernos responsables de buscar soluciones y en eso estamos trabajando. El diagnóstico ya está y no podemos centrarnos en explicar lo inexplicable. Las personas necesitan respuestas y asumimos un compromiso social que debemos cumplir y para ello estamos trabajando mancomunadamente con la delegación provincial y regional de Serviu", agregó el parlamentario radical.

Rigurosidad de la ley

La información sobre arriendo de viviendas entregadas a damnificados del terremoto, en las villas Santa Rufina, Nevados y Shangrilá, llegó a oídos del Serviu, a través de los mismos dirigentes sociales, quienes estaban al tanto de que algunos integrantes, de los comités, no tenían la necesidad o urgencia que documentaron a la hora de postular para una casa.

"Vemos con preocupación lo que ha ocurrido con sectores de nuestra comunidad, donde el beneficio que se le otorga a familias determinadas, que cumplen características sociales que las hacen beneficiarias de los beneficios que otorga el Estado, no están siendo usadas en la forma correcta o la que está establecida por ley", dijo el delegado provincial del Serviu, Óscar Crisóstomo.

Los procedimientos para perseguir los bienes, en este caso las viviendas del Estado y que los fondos que sean correctamente usados, comenzarán a aplicarse en caso de que persistan las anomalías, que se detectaron en el primer recorrido.

"Nos hemos encontrado, y lo habíamos manifestado con casos que están siendo arrendadas, cedidas, deshabitadas y siendo ocupadas por terceros e incluso algunas que han sido "vendidas" ya que estas no pueden ser transferidas en cinco años, pero que hay un acuerdo o convenio, muchas veces de palabra, entre el propietario real y quien está ocupando la casa", explicó el delegado del Serviu.

Los recursos que usará el Serviu para revertir esta situación, es pedir la restitución del subsidio, solicitando a las familias involucradas que devuelvan el dinero que se le entregó el subsidio o se haga el reintegro de la vivienda.

"Estamos haciendo nuestro trabajo, en el cual los fondos que están destinados a familias vulnerables, como es el caso de las verificaciones ocupacionales, vamos a hacer todo lo que establece el procedimiento, para que sea en beneficio de aquellas personas que lo necesitan. Las personas que entendieron que podían lucrar, que podían tener un beneficio personal, están muy equivocadas. Nosotros iniciamos el proceso y vamos a continuar y no vamos a parar", advirtió el delegado provincial Óscar Crisóstomo.

" Las personas que entendieron que podían lucrar, que podían tener un beneficio personal, están muy equivocadas. Nosotros iniciamos el proceso y vamos a continuar y no vamos a parar".

Óscar Crisóstomo

Delegado provincial del Serviu.