El lobby ha sido caracterizado en la opinión pública como una actividad poco transparente, basada en una relación entre autoridades e intereses diversos con fines particulares. La nueva ley 20.730 que entrará en vigencia el próximo 28 de noviembre en nuestro país busca no sólo normarlo como una actividad propia de una nación, también desestigmatizarlo. El propio cuerpo legal define al lobby como "toda gestión o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios". La sola definición la amplía a un cúmulo de organizaciones sociales, comunitarias, ONG, gremios, etcétera, que habitualmente buscan influir a favor o en contra de acciones que vayan tanto en función de intereses específicos como comunitarios. Desde este punto de vista, el lobby como actividad común puede ejercerlo cualquier persona, y lo que la ley regula es que también su actividad remunerada se rija bajo normas claras y consensuadas.
Uno de los principales cambios que traerá aparejada esta normativa tiene que ver con cómo las personas pasarán a relacionarse en adelante con distintas autoridades (la ley pasa a llamarlos sujetos pasivos e incluye un listado acotado de cargos que podría ir ampliándose a futuro), que van desde ministros de Estado hasta intendentes, gobernadores, seremis, directores de servicios, alcaldes, superintendencias, entre otros.
El cuerpo legal define no sólo quiénes son objeto de lobby, también obliga a llevar un registro detallado de sus reuniones a través de un Registro de Agenda Pública, que detalla desde el motivo de la solicitud, el tema como las personas que la compondrán y el tipo de interés que representan, es decir, de lobbistas o gestores intereses particulares, también el tiempo y la temática tratada. Las autoridades también deberán llevar un detallado registro de viajes, donativos oficiales y particulares.
Esta ley en definitiva marcará toda una nueva forma de relacionarse con "el poder", no sólo de forma transparente, también equitativa. El ciudadano común no sólo podrá conocer con quiénes se reúnen sus autoridades electas, también qué intereses consideran. Este es sin duda un gran salto en materia de transparencia, que al mismo tiempo es un paso más atrasado que el que han dado otras naciones donde el lobby es una actividad reconocida y regulada. Por ello, la invitación es a informarse y a fiscalizar.