La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 100 votos a favor las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que protege la libre elección de servicios de cable, internet o telefonía en edificios.

El texto incorpora en la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones que 'en todo proyecto de loteo o de edificación conformado por varias unidades enajenables o de dominio exclusivo, estén o no acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, debe velarse por la libre elección de cada unidad en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones'.

mayor capacidad

La propuesta contempla que esos proyectos inmobiliarios deberán contar con la capacidad necesaria para que diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar sus servicios en condiciones competitivas.

'De esta manera, el propietario o arrendatario de una unidad que forme parte de uno de estos proyectos tendrá derecho a elegir libremente al o a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de su preferencia y serán inoponibles los acuerdos o decisiones que prohiban el ingreso de empresas de telecomunicaciones adoptados por la asamblea de copropietarios, el Comité de Administración o el propietario, en su caso', agrega el texto aprobado.

El proyecto también establece que estos proyectos deberán estar inscritos en un registro público y electrónico que será implementado y mantenido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), para que los operadores de telecomunicaciones puedan adoptar las medidas pertinentes para prestar sus servicios en dichos proyectos.

sin intervenciones

El proyecto introduce también modificaciones a la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, que fija las responsabilidades del administrador del inmueble para 'cerciorarse que la infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones no sea intervenida por terceros con el objeto o efecto de impedir el ingreso de distintos operadores de telecomunicaciones'

La iniciativa agrega que los propietarios o arrendatarios podrán ejercer sus derechos y demandar ante el incumplimiento de esta obligación.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones tendrá un plazo de 120 días para dictar el reglamento respectivo que norme el proyecto.

Los ministros de Hacienda y Trabajo, Alberto Arenas y Javiera Blanco, presentaron ayer el proyecto de ley de reajuste de sector público, que considera un alza de 6% desde el lunes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, rechazada por los asociados a la ANEF y que fue ingresada con discusión inmediata, fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó por 10 votos a favor y dos en contra.

'Esta es una muy buena noticia para el país y una satisfacción para el Gobierno', dijo Arenas, quien agregó que la propuesta 'es un importante reajuste para lo que nuestra economía está viviendo. Lo hemos encontrado del todo justo, hemos encontrado un punto de acuerdo con los gremios del sector público y eso lo saludamos'.

El proyecto sería votado ayer por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tras escuchar las intervenciones de los ministros de Hacienda y Trabajo y las exposiciones del presidente de la Anef, Raúl de la Puente y representantes de la CUT.

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, el acuerdo fue suscrito por dirigentes de 12 asociaciones de trabajadores del sector público coordinador por la CUT, grupo del que se restó de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

alto ipc

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, dijo que el rechazo de esa entidad a la propuesta se debe a que el costo de la vida se mantiene en 12 meses en 5,7% y la mesa del sector público había solicitado inicialmente un reajuste de 5% por sobre el IPC.

'Es cierto que hay avances en rentas mínimas y condiciones laborales de los honorarios, pero el porcentaje de reajuste es absolutamente insuficiente. Incluso vemos que los Gobiernos anteriores han entregado reajustes reales de más del 2% y este Gobierno habla de generar igualdad y ofrece este reajuste 'ratón'', afirmó De la Puente.

Debido al rechazo de la propuesta del Gobierno, la ANEF, la Asemuch (funcionarios municipales) y la Confenats (gremios de la salud) convocaron ayer a un paro que afectó a servicios como el Registro Civil y el SML.

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana pidió al Ejecutivo una indicación que permita elevar la cifra de aumento a 6,5% desde el 6% acordado por el Gobierno con algunos gremios del sector.

'esfuerzo'

El ministro Arenas afirmó que las proyecciones promedio de inflación para este año apuntan a que el año terminará en 5%. 'En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo de colocar un reajuste general de 6% para el sector público', añadió.

El secretario de Estado resaltó que el acuerdo entre las partes apunta a que los funcionarios públicos con rentas más bajas puedan recuperar lo que pudiera 'haberse mermado con una inflación transitoria y circunstancial, porque la inflación está anclada en 3% a 1 o 2 años'.

5%

6300

Aumento