La premisa "ser una persona con discapacidad no debería impedir tener acceso a cada aspecto de la vida", debe ser el espíritu que nos movilice a superar las brechas que aún persisten en materia de atención e inclusión social, para sentirnos orgullosos de contar con una sociedad plenamente inclusiva, donde las conductas y acciones pro-integración se extiendan durante todo el año.

Dicha meta es un imperativo social y moral, pues 1 de cada 8 chilenos vive con alguna discapacidad; mientras que el 34,6% de los hogares a nivel país tiene al menos algún integrante en dicha situación. En nuestra región, en tanto, el 15,11% de la población registra algún tipo de discapacidad y el 37,08% de los hogares tiene al menos un miembro en situación de discapacidad.

Al indagar otros resultados más específicos del estudio para nuestra región, saltan a la vista las brechas a las que hacía alusión, y que dicen relación con lograr una inclusión en el ámbito académico, ya que sólo 8 de cada 100 personas con discapacidad estudian; en el ámbito laboral, sólo 29 de cada 100 realizan un trabajo remunerado; y en el ámbito de la salud, el 42,8% percibe tener una "mala salud". Asimismo, debemos poner atención a otras desigualdades reconocidas por los protagonistas del estudio que habitan en el Bio Bío, que indican que más de 150 mil personas reconocen tener problemas para desplazarse, más de 136 mil para comprender o comunicarse, más de 66 mil para relacionarse con otros, y 30 mil 447 para participar.

Desde el retorno a la democracia, los gobiernos han aportado sustantivamente a reducir la pobreza y la indigencia, a generar una plataforma de protección social, que han dado sustento a la institucionalidad; registrando algunos avances en materia de discapacidad, como la ratificación el año 2008 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidades y la entrada en vigencia el año 2010 de la Ley 20.422 que establece normas sobres Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Hoy, la Presidenta Michelle Bachelet nos convoca a dar un salto cualitativo en materia de políticas públicas que permitan avanzar en materia de derechos humanos e inclusión social.

En la región estamos realizando algunos intentos, desde el sector salud, para avanzar en esta materia, lo que se graficó con fuerza en la firma de un convenio entre la Seremi de Salud y los municipios de la Provincia del Bio Bío para reforzar estrategias de integración de la discapacidad al interior de los Planes de Desarrollo Comunal; así como en acciones que promueven la certificación de discapacidad, competencia exclusiva de Compin, dependiente de la autoridad sanitaria; pero sin duda, aún nos queda un importante camino por recorrer para generar un enfoque de discapacidad con mirada centrada en la planificación estratégica de nuestras acciones.

Dr. Mauricio Careaga Lemus

El gobierno ha dado un paso más allá para transparentar el gasto de las campañas electorales, los aportes que reciben los candidatos y el financiamiento de la política, al ingresar este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley en tal sentido.

Lamentablemente, en nuestro país deben producirse los escándalos para que los partidos políticos se allanen a cambios más profundos en materia de transparencia electoral.

Hasta el año 2003, por ejemplo, cualquier donación a un candidato se realizaba a través de los partidos políticos, sin rendiciones públicas ni fiscalización. Hasta allí existía la figura del "hombre del maletín" que aportaba dineros a la política sin restricción.

El caso MOP Gate que significó el pago de sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que jamás se habían llevado a cabo, al mismo tiempo que GATE recibía pagos injustificados por autopistas concesionadas, obligó a promover un "Acuerdo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del crecimiento del país", que reformó la forma de financiamiento y aportes a campañas políticas, que rige hasta hoy, y que ordenó la existencia de aportes reservados. A partir de ahora, la normativa permitía que tanto personas jurídicas como naturales hicieran una contribución a un candidato ocultando su identidad y el monto de la donación a los beneficiarios.

En la última elección presidencial y parlamentaria, los aportes reservados llegaron a casi $ 22 mil millones y constituyeron el 48% del total de los dineros declarados para financiamiento electoral.

El caso Penta ha vuelto a remecer el ambiente político, a tal punto que en agosto último los diputados votaron a regañadientes a favor de prohibir las donaciones de las empresas a la campaña de un candidato y de eliminar la figura de "aportes reservados".

Hoy el proyecto es más concreto y pretende eliminar incluso el aporte de personas jurídicas, estableciendo un aporte estatal trimestral permanente a los partidos políticos con representación en el Congreso y que se elevaría en periodo de campaña electoral. Los aportes de personas naturales dejarán de ser secretos y se realizarán por intermedio de una plataforma del Servicio Electoral, el cual pasará a contar con más facultades fiscalizadoras, por ejemplo para revisar cuentas y ordenar auditorías. Cierto es que en la medida que más transparencia exista en el financiamiento de la política, se eliminan los vicios actuales. No obstante, quedan dudas con respecto a cómo los candidatos de partidos sin representación parlamentaria podrán competir en igualdad de condiciones. El debate recién se inicia.