El Subsecretario de Salud ha anunciado que los Reglamentos de la nueva Ley de Fármacos, vigente desde febrero pasado, serán enviados a Contraloría para toma de razón. Esto es, certificar que dichos reglamentos no distorsionen la voluntad del legislador.

La Ley señala entre otras disposiciones, que la receta debe incluir el nombre genérico del medicamento, la prescripción bajo un nombre de fantasía puede ser reemplazada por un fármaco bioequivalente, cada envase debe llevar el precio del fármaco, los medicamentos que no requieren receta deben estar siempre en góndolas delante del mesón, se prohíbe la propaganda de fármacos sujetos a receta, no se puede incentivar a vendedores la entrega preferente de fármacos específicos, no se puede incentivar la prescripción, existirán farmacias móviles y disminuyen los requisitos para instalar almacenes farmacéuticos al cuidado de un técnico en farmacia, sin ninguna otra limitación como las que ahora aparecen en el Reglamento. La promesa: una drástica reducción de precio de los medicamentos de marca, sacar del mercado fármacos inútiles y un aumento de entre 5-10% del valor de los bioequivalentes; pero con calidad demostrada.

La industria farmacéutica es poderosa y la preocupación por su influencia es motivo de preocupación mundial. Ya se han generado campañas bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial para evitar la prohibición de propaganda, hay concertación para no producir medicamentos bioequivalentes, y los plazos para certificarla se extienden una y otra vez.

Contar al fin con reglamentos casi idénticos a los que ya habían sido aprobados es una buena noticia; sin embargo, asoman algunas nubes de preocupación. Donde el legislador señala que el fraccionamiento es obligatorio, el reglamentador lo transforma en voluntario. Donde el Parlamento decide que los medicamentos no sujetos a receta deben estar en góndolas, con las seguridades apropiada, el Reglamento lo relativiza. Anuncios recientes que prometía la reglamentación, claramente ilegales, han desaparecido de la versión final. Afortunadamente, existe en Chile una separación de poderes que limita la posibilidad de pasar por alto la voluntad explícita de los representantes en el Parlamento, y que probablemente se reflejará en el control de legalidad pendiente. En el resto, un avance retrasado; pero avance al fin.

Nada de esta Ley beneficiará a quienes más lo necesitan, adultos enfermos, si no hay una fiscalización eficaz y el coraje de resistir el embate de una de las industrias más potentes del planeta. Nuestros Parlamentarios deben estar vigilantes para defender los beneficios de una Ley que se origina en una moción.

Dr. Jaime Mañalich,

En las últimas semanas, la televisión y portales de internet han mostrado en distintos puntos de nuestro país como detenciones ciudadanas ante delitos en flagrancia han terminado casi convirtiéndose en ajusticiamientos de víctimas que buscan tomarse la justicia en sus propias manos ante la creciente sensación de impunidad que existe en la población.

Estadísticas recientes, como la Encuesta de Víctimización de la Fundación Paz Ciudadana-Amimark CFK revelan que este índice a nivel nacional llegó en septiembre de 2014 a un 43,5%, es decir, ese fue el porcentaje de hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima o intento de robo en los últimos seis meses. Paralelamente, en la misma encuesta, se detalla como estadísticamente se ha producido un descenso significativo de los niveles de satisfacción de la ciudadanía con la actuación de la fiscalía después de denunciar un delito.

El efecto de la menor credibilidad en el sistema judicial, sumado al incremento en la victimización, ha promovido en la sociedad la creencia de una mayor impunidad de los delincuentes, que estos son liberados inmediatamente tras cometer sus ilícitos y que no existe sanción judicial acorde al mal causado.

De acuerdo a estadísticas oficiales del Ministerio Público, el 46,3% de las causas finalizan con archivo provisional mientras que sólo un 14,3% finalizan en sentencias condenatorias y en el 12,5% de los casos culmina con la suspensión condicional del procedimiento.

Entre enero y septiembre de este año ingresaron poco más de un millón de causas por diversos delitos al Ministerio Público, de las cuales más de un 54% no tenían imputado conocido. Del 45% restante -con imputado conocido-, el 67% no pasó por un control de detención. En cualquier caso, de un total aproximado de 500 mil causas se lograron alrededor de 166 mil sentencias condenatorias con 73.813 imputados cumpliendo penas de privación de libertad.

Esta realidad es la que parece generar el descontento con el sistema judicial, donde casi la mitad de las causas terminan siendo archivadas o desestimadas. El sistema, en este sentido, requiere de una revisión más acuciosa. Mientras los imputados cuentan con una defensa pagada por el Estado, las víctimas no tienen los mismos derechos de acceder a asesoría legal y esa desigualdad ante la ley genera frustración. No obstante nada justifica tomarse la ley en sus propias manos, ya que en tal caso la sociedad en sí misma terminaría colapsando debido a la pérdida de toda confianza en la institucionalidad vigente, sin duda el gobierno debe analizar en profundidad este descontento que se funda en una inequidad visible y en donde la lucha contra la delincuencia parece no prosperar como Chile espera.