A pesar de los evidentes beneficios que el Decreto Ley 701 ha generado para el sector forestal chileno, aún despierta voces en su contra. Es así como la incorporación de una glosa que señala "prorróguese, a contar del año 2015, la vigencia del D.L. N° 701, de 1974 y sus modificaciones", en la Ley de Presupuestos tramitada en el Congreso motivó un llamado público de un parlamentario a cumplir los compromisos internacionales y consultar a las comunidades, aplicando el Convenio 169 de la OIT. La aparición de parlamentarios opinando sobre este instrumento de fomento no es nueva y refleja el deterioro que ha enfrentado esta iniciativa legal en la percepción de la opinión pública y legisladores a partir de la década de los noventa.

Hasta principios de esa década, el desarrollo forestal chileno basado en plantaciones gozaba de una percepción relativamente positiva por parte de la población, por su efecto de recuperación de suelos afectados por una agricultura no sustentable.

Sin embargo, a partir de ese período ésta se ha vuelto negativa, siendo los monocultivos forestales atacados con vehemencia por diversas organizaciones ambientales, sociales, indígenas y hasta religiosas, en una situación que posiblemente no se da con la misma intensidad en ninguna otra parte del mundo.

Al contrario, la tendencia mundial es que sean los monocultivos agrícolas (vides, cítricos, maíz, soya, palma aceitera) los que generan mayor rechazo de la comunidad por su impacto sobre la eliminación de bosques, principalmente tropicales, como es el caso de Brasil. De hecho el 80% de la deforestación mundial es obra de la agricultura. El rechazo a las plantaciones forestales y a los instrumentos provenientes del Estado que las fomentan, se ha cristalizado en algunas banderas de lucha como al principio lo fue la sustitución del bosque nativo.

Una vez que este tema se "enfrió", básicamente por compromisos voluntarios de las empresas forestales de no sustituir bosque nativo o de los sellos ambientales adquiridos, el activismo contra las plantaciones se trasladó al impacto de éstas sobre la disponibilidad de agua para las comunidades y a su efecto sobre la pobreza rural (migración acentuada y bajos Índices de Desarrollo Humano). A ello, ahora se ha agregado la aplicación del Convenio 169 de la OIT respecto de la consulta indígena. Lamentablemente se ha malentendido este instrumento de participación ciudadana de comunidades indígenas, viéndolo más como una oportunidad de obstruccionismo que como un valioso instrumento de consulta y debate.

Este espíritu obstruccionista es el que parece representar el vehemente llamado público a una consulta indígena. Sin embargo, en esta discusión se omiten las necesidades a las que el fomento forestal responde, olvidando que es un imperativo para el país cubrir suelos erosionados y que este desafío debe realizarse a través de una cobertura forestal que sea viable y que además entregue beneficios económicos a sus propietarios.

Julio Torres,

Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile.

En la provincia de Ñuble existen zonas particularmente sensibles a los incendios forestales, debido a su convivencia cercana con sectores poblados. Es en estas áreas donde la Corporación Nacional Forestal desarrollará este año una labor preventiva especial, durante la temporada, para prevenir la ocurrencia de siniestros que afecten la vida de sus habitantes.

La superficie de plantaciones se ha duplicado en casi 30 años, creciendo desde 1,1 millones de hectáreas, en 1984, a 2,4 millones, en el 2012. Comunas como Yungay, San Fabián, Ninhue o Quirihue, en tanto, registraron en 2013 la mayor cantidad de reforestaciones, para una superficie total que en la provincia alcanzó a unas 12 mil hectáreas.

Sin embargo, casos como el de Minas del Prado en Coihueco, Quinchamalí en Chillán, Nueva Aldea en Ránquil o algunas zonas de Quillón están en permanente observación ante la proximidad de sectores poblados.

De acuerdo a cifras oficiales de CONAF, el 44% de los incendios forestales ocurridos en el país se concentran en la Región del Bío Bío, por lo que esta zona es una de las más sensibles, particularmente en comunas como Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Cañete, Tirúa, Arauco, Los Ángeles, Mulchén, Cabrero, Lota, Tome, Coronel, Penco y Chillán.

Para el control y prevención de incendios esta temporada, Conaf ha priorizado un plan que contempla un trabajo participativo con 28 comunas consideradas críticas, la evaluación del riesgo y vulnerabilidad en áreas de interfase urbano forestal y la creación de Planes de Ordenamiento Territorial, incorporando la variable "incendios forestales" como factor de riesgo, y establecimiento de planes de mitigación.

Para este año los esfuerzos están puestos en un incremento del 7,6% de las brigadas, aumento del 36% en la cantidad de helicópteros y un aumento de un 9,1% meses de operación. Este refuerzo está justificado a raíz de mayores variables de riesgo de incendios forestales en el país debido a factores como la expansión urbana, el aumento de actividades al aire libre, mayor densidad vial, además las sequías y disminución de las lluvias. A esto se suma la mayor probabilidad de eventos meteorológicos extremos (temperaturas sobre los 30 grados, vientos sobre los 30km/h, humedad relativa menor del 30%); mayor acumulación de combustible vegetal (pastos y arbustos secos); y la presencia de micro basurales en áreas urbanas.

Más de la mitad de los incendios en Chile (55,03%) tienen un origen accidental y un 30,18% se consideran con intencionales. Por esta razón, la activa participación de la comunidad en la prevención es clave para que estas condiciones no se conviertan en una catástrofe.