Ayer se constituyó la mesa Público-Privada Laja Diguillín, cuyo objetivo es ser una instancia de coordinación y diálogo permanente en torno a la obra del canal Laja Diguillín y a sus implicancias productivas y sociales.

El pasado 22 de octubre el Intendente Rodrigo Díaz se reunió con los dirigentes de los blancos de San Ignacio y Bulnes, donde plantearon la necesidad de retomar una práctica que se había olvidado los últimos 4 años, cuya finalidad es ir visualizando, proyectando, analizando y evaluando lo que ha sido la implementación del proyecto Laja Diguillín.

Paulo De la Fuente, coordinador de la Macro Región Centro Sur de la Comisión Nacional de Riego (CNR), dijo que: "Estamos contentos de activar nuevamente esta mesa de diálogo y comunicación permanente entre los regantes del Laja Diguillín. Como CNR somos el organismo especializado en el área y buscamos estar cerca de las necesidades de riego de los agricultores del territorio, cumpliendo con los compromisos de igualdad y equidad para todos".

Ariel Durán, coordinador regional para los Recursos Hídricos, indicó que "los regantes han participado de manera muy activa a través de la junta de vigilancia y las organizaciones de regantes, en la definición de lo que podría ser un programa de apoyo tecnológico que sea capaz de retomar la actividad y el trabajo con ellos, de manera que puedan contar con asesorías y capacitación en los temas de riego".

Miguel Ocares, representante del canal San Rafael, se refirió a este encuentro. Dijo que "para nosotros como 'blancos' nos parece que es una instancia muy buena, que nos permite avanzar con nuestros requerimientos junto a las autoridades. Toda la información que recogemos aquí se las traspasamos a nuestras comunidades, por eso nos interesa tener claridad absoluta de los temas relevantes de nuestro sector y esta mesa de riego va en esa dirección".

En la reunión destacaron dos temas: el estado de avance del proyecto Embalse Zapallar y se resumió el trabajo que la CNR realizó en la zona a través de un programa que culminó en el año 2008 luego de 4 etapas y donde se logró catastrar la realidad de los regantes blancos y adicionales.

Ayer fue una jornada histórica para miles de familias que deben enfrentar las llamadas patologías catastróficas. Lo anterior, ya que la Presidenta Bachelet firmó el proyecto para crear un fondo estatal con la finalidad de ayudar personas que sufran enfermedades de alto costo, sin importar el sistema de salud al que pertenezcan.

La iniciativa, conocida como "Ley Ricarte Soto", debe su nombre al fallecido hombre de las comunicaciones, puesto que fue él, durante el año 2013, quien encabezó la petición para que el Estado entregara apoyo financiero a familias que debieran enfrentar las llamadas "patologías caras".

saldar deuda

En ese sentido, Sergio Neira, quien después de un largo litigio con la Isapre Más Vida logró que esta le financiará el tratamiento para la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) (enfermedad que afecta a los glóbulos rojos), valoró la firma de Bachelet y calificó la iniciativa como muy buena, "pues ya era hora que el Estado de Chile se hiciera cargo de este tipo de tratamientos", sentenció.

No obstante, se mostró preocupado por algunos puntos del proyecto, fundamentalmente el referido a que se garantizaría el tratamiento sólo por tres años, "siendo que estas enfermedades raras requieren un tratamiento de por vida, razón por la cual debiera modificarse", afirmó.

Recordemos que producto de la negativa de la institución previsional de costear el medicamento "Soliris" (Eculizumab), necesario para su patología y cuyo valor supera los 30 millones de pesos mensuales, la familia de Neira tuvo que interponer un recurso en la justicia, el que fue fallado por la Corte de Apelaciones en favor del chillanejo, por lo que Mas Vida tuvo que solventar el remedio, y gracias a lo cual, Sergio hoy hace una vida normal.

Incluso, en marzo, comenzará a estudiar la carrera de Analista Programador en Santiago.

POSITIVO

Emilio Tapia, presidente de la Asociación Solidaria ChillanVejana (ASOCHIV), entidad que va en ayuda (a través de bingos y otros eventos) de personas que padecen enfermedades de alto costo, precisó que se trata de un proyecto positivo, ya que viene a cubrir un área que hasta el momento no tiene cobertura. "Nosotros lo vemos a diario, cuando una persona es afectada por un problema serio de salud resulta muy complicado poder costear su tratamiento", recordó.

En una línea similar se manifestó Claudia Vivanco, cuyo hijo, Diego Espinoza, fue afectado por una leucemia, por lo que debió ser sometido a un transplante de médula ósea, ante lo cual su familia debió iniciar una campaña para reunir los $25 millones que costaba la intervención para salvar la vida del pequeño.

Desde su experiencia, Vivanco considera que lo acontecido la jornada de ayer, "es un avance muy importante respecto al tratamiento de personas que se ven enfrentadas a patologías de alto costo", señaló.

"Es fácil verlo desde afuera, pero cuando a uno le toca enfrentar una enfermedad catastrófica, y lo que significa su tratamiento, sus medicamentos, se vuelve complejo. Por eso, es una maravilla que la Presidenta se haya tomado cartas en el asunto", remarcó.

JUSTICIA

En tanto, para el senador Felipe Harboe, la firma por parte de Bachelet de la denominada Ley Ricarte Soto es algo que viene a poner justicia en el país, "pues no puede ser que existiendo los medicamentos, se muera la gente por no poder acceder a ellos, debido a su alto costo", sentenció.

En ese sentido, Harboe calificó como un "acto solidario" que el Estado financie a través de un fondo solidario los medicamentos para enfermedades de alto costo. Por lo mismo, el parlamentario se mostró esperanzado en que el Congreso tenga una discusión rápida, "y se pueda tener aprobado antes del 31 de enero esta importante iniciativa", cerró.

Beneficio universal La idea es beneficiar a cerca de 20 mil personas con la creación de un fondo estatal que dará cobertura a todos los afiliados a algún sistema de salud, sin importar si es de Fonasa, Isapre, o perteneciente a las Fuerzas Armadas.

El texto legal Definirá a los tratamientos de alto costo como los "productos farmacéuticos, alimentos o dispositivos médicos asociados a programas, enfermedades o condiciones de salud que son catastróficas para el paciente".