El gobierno terminó con las especulaciones y anunció ayer el envío de un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, es decir aborto, si se dan alguna de tres condicionantes específicas: riesgo de vida presente o futuro de la madre, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina o que el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación.
El proyecto considera la objeción de conciencia para los médicos que estén ética o moralmente en contra del término de la vida, con la excepción de zonas aisladas donde el facultativo sea el único. Por tanto, en muchos casos en Chile la objeción de conciencia no será tomada en cuenta.
En este aspecto, el proyecto va en contra del Código de Ética del Colegio Médico de Chile, que en su artículo 8 consagra "el respeto de la vida humana desde su inicio y hasta su término como fundamento básico del ejercicio profesional médico. Toda intervención médica realizada durante los nueve meses de gestación, deberá velar siempre por el mejor interés de la madre y del hijo". En tanto en su artículo 9º dice que "el médico no podrá realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente bajo consideración alguna". La iglesia católica, en tanto, considera el aborto como la muerte de un niño o niña en el vientre de su madre producida durante cualquier momento de la etapa que va desde la fecundación hasta el momento previo al nacimiento.
La iniciativa del gobierno entrega a la madre la decisión de abortar o no, sin hacer mayor cuestionamiento que el que, si se tratase de una menor de 14 años, no podrá realizar posterior a las 18 semanas de la gestación, deberá contar con el consentimiento expreso de sus padres o un representante legal o un adulto responsable, o en definitiva apelar a un juez de familia. La iniciativa no contempla entonces que una menor pueda actuar bajo presión de un adulto o la familia misma
Es un hecho que Chile es una de las cuatro naciones del mundo con la norma más restrictiva en contra del aborto, que entre 1931 y 1989 estaba contemplado en la legislación, y que ésta se abolió en un periodo no democrático. No obstante, también es cierto que hoy no existe un consenso ni en la sociedad ni en el propio parlamento para esperar una aprobación sin discusión de un proyecto cuyos alcances atentan contra la vida misma de un ser humano, independiente del momento de su concepción. Dentro de la propia Democracia Cristiana hay visiones contrapuestas, mientras que la Alianza ha optado por una postura de defensa de la vida.
El debate recién comienza y es de esperar que los políticos y el gobierno lo aborden con una altura de miras y seriedad mucho mayor a la tramitación exprés de otros proyectos del ejecutivo.
