La reforma al Código de Aguas, que actualmente se está discutiendo en el Congreso, continúa generando rechazo por parte de políticos y regantes de la provincia. Es que varios de los puntos que están en la mesa no son del agrado en la zona, es por ello, que existen fuertes aprensiones con respecto al tema.

La propuesta del Ejecutivo, de hacerse con la propiedad del recurso hídrico para entregar concesiones revocables y dar prioridad al consumo humano, por sobre otros usos, son los principales ejes de la nueva normativa.

Según el ex diputado y presidente regional de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, el Gobierno con esta nueva ley quiere expropiar los derechos de agua, que han estado en manos de los agricultores por años, lo que a su juicio, traería una incertidumbre tremenda al sector.

"El Gobierno de alguna manera quiere expropiar derechos de agua que están constituidos hace largo tiempo. Los agricultores durante años invirtieron en infraestructura de riego al igual que el Estado, que puso muchos recursos para poder hacer una infraestructura de riego en el país, pero con el nuevo código todo eso se perdería, además que crearía incertidumbre para poder invertir a futuro", opinó Sauerbaum.

En la misma línea, se expresó el diputado del distrito 42, Jorge Sabag (DC), a quien le parece dudoso el proyecto presentado por el Gobierno. "Estos derechos que hoy día son perpetuos estarían temiendo un plazo de caducidad. Es decir, estos derechos que son a perpetuidad estarían teniendo un plazo de caducidad de 12 años. Por lo tanto, se haría aplicable con efecto retroactivo esta norma a los derechos que están vigentes, con lo cual siembra una incertidumbre muy grande a los agricultores", dijo.

regantes

Dentro de las indicaciones del Ejecutivo está la de establecer el agua como de interés de uso público, entregándole preferencia al consumo humano y sanitario. Es en ese aspecto, que la Dirección General de Aguas, tendría la facultad para limitar el recurso en casos excepcionales, como por ejemplo, una sequía.

Francisco Saldías, juez de Aguas de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, en ese punto, fue enfático en señalar que "si el Estado considera, que por sequías u otra razón, deba haber una disminución de agua a los agricultores, esta disminución que significará un perjuicio al agricultor, debe ser compensada, tal cual está establecida ahora en la legislación".

agua potable rural (APR)

Se ha planteado otorgar beneficios especiales para las APR, como prioridades de uso o no pago de patentes por no uso de Derechos de Aprovechamiento de Agua. Para Sauerbaum, donde sí existen deficiencias es en la cobertura de zonas rurales semiconcentradas, como es el caso de Ñuble, que tienen problemas de acceso al agua y no están regulados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

"Muchos APR no cuentan con derechos de agua consuntivos regularizados, problema que surgió en zonas rurales aledañas a zonas urbanas y que en la actualidad no cuenta con las exigencias de calidad de servicio, tarifas y continuidad de servicio", sostuvo el ex diputado del distrito 42.