Por estos días hemos visto en los medios de comunicación el más triste espectáculo que la clase política le puede dar a un país, el caso Penta y el de Dávalos hijo de la presidenta han consumido la agenda y lejos quedaron de la opinión pública los temas que más preocupan a los ciudadanos como es el sistema de Salud. El día 30 de enero el Ministerio de Salud envió al congreso los datos de cierre del año 2014 para los pacientes que se encuentran en listas de espera cubiertas por Garantías Explícitas en Salud (GES) y no las listas de espera no GES, como parte de los compromisos presupuestarios. Las listas de espera GES, que habían sido llevadas de 380 mil en marzo de 2010 a prácticamente cero en diciembre de 2011, presentan nuevamente una preocupante tendencia de crecimiento. Así, en el primer año de gobierno de la Nueva Mayoría esta lista creció desde 4.803 pacientes en diciembre de 2013 a 8.053 en diciembre de 2014, es decir, un 68% más. Sin embargo lo más serio ocurre en todas las enfermedades que no están cubiertas por GES. Como parte del compromiso del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Salud logró llevar prácticamente a cero las cirugías no cubiertas por GES que llevaban esperando por más de un año, que en marzo de 2011 ascendían a cerca de 90 mil. Así, en diciembre de 2013 se informó al Congreso que sólo quedaban 2.766 cirugías pendientes. Un año después, el Ministerio de Salud informa que a diciembre existen 130 mil pacientes que excedieron el año esperando por una cirugía. Asimismo, si se revisa la información de las personas que están esperando en el sistema público para ser atendidos por un médico especialista, la cifra asciende a 1.629.696 personas al mes de diciembre de 2014, de las cuales 1.290.733 lleva más de 4 meses esperando. Este explosivo aumento de las listas de espera probablemente es reflejo de los serios problemas de gestión que ha mostrado la cartera posterior al cambio de gobierno, y que tuvo su expresión más patente cuando, luego de la salida de la Ministra Molina cuando el gobierno tardó casi un mes en designar a la nueva ministra. Esto también ha quedado en manifiesto en la percepción de la ciudadanía ya que, mientras en marzo de 2014 la desaprobación de la gestión del gobierno en salud era de 43%, a enero de 2015 llegó a 68% según la encuesta adimark.

Frank Sauerbaum

El último informe evacuado por el Ministerio del Medioambiente estableció que las ciudades de Coyhaique y Osorno son aquellas que presentan mayores concentraciones de microgramos de material particulado fino por metro cúbico. La estadística, en tanto, sitúa a Chillán en el sexto lugar con 28 microgramos de material particulado por metro cúbico, después de Valdivia. La información surge en medio del proceso de consulta ciudadana del Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) para la intercomuna Chillán- Chillán Viejo, proceso que se extenderá hasta el próximo 5 de mayo. Si queremos ser positivos, podríamos decir que el ranking que nos da a conocer la autoridad es esperanzador ya que, hasta hace alguno años, los estudios de universidades que medían el nivel de polución urbano situaban a la capital de la provincia de Ñuble solo detrás de Temuco y Osorno. Hoy la realidad parece ser distinta, sin embargo la interpretación más cercana a la realidad quizás puede ser que las comunas que lideran la medición han empeorado su situación atmosférica. Por ello, resulta fundamental reforzar la participación ciudadana a través de las observaciones que puedan hacer al PDA, que si bien no tiene un carácter vinculante si permite generar un mensaje para concientizar medidas como son la prohibición de usar leña no certificada o húmeda, detectar a tiempo los lugares de venta ilegal de este material y junto a ello, avanzar progresivamente hacia un sistema de calefacción menos contaminante y donde el Estado deberá tener un rol subsidiario importante para aquellas familias cuya alternativa económica es el uso de leña. Medidas que por cierto se enmarcan en un proceso de mayor envergadura que son los anunciados 14 planes de descontaminación que el gobierno quiere implementar durante los próximos tres años. Soluciones al corto y largo plazo, que por cierto deberán comenzar a ser evaluadas a partir del próximo invierno.