Con cautela reaccionó ayer la Nueva Mayoría ante la nueva arista que se abrió en el caso Penta-SQM: personas ligadas a personeros como el diputado (DC) Roberto León y al senador (PS) Fulvio Rossi aparecen, supuestamente, vinculadas a pagos de parte de la minera SQM.

Mientras el senador (PS) Fulvio Rossi afirmó que la ex asesora que emitió una boleta a nombre de la minera Soquimich (SQM) "no tenía vínculo contractual" con él al momento de gestionar ese documento, desde la DC pidieron "no adelantar juicios" por una boleta emitida a esa firma por un hijo del diputado falangista Roberto León.

El dato surgió a raíz del levantamiento de información que pidió el fiscal Carlos Gajardo a 19 personas con boletas emitidas a la minera Soquimich (SQM), que habrían sido hechas en julio de 2009.

Según publicó ayer La Tercera, entre los nombres investigados se encuentra el hijo del diputado (DC) Roberto León, Roberto Javier León Araya, quien aparece como estudiante con una boleta emitida por $2.500.000.

En la lista también fue citado el ex embajador DC en República Checa, Marcelo Rozas, por un total bruto de $2.222.222. Además de documentos a nombre de su ex esposa e hijo.

También se incluyó en la lista una boleta de Mariela Molina, ex jefa de gabinete del senador (PS) Fulvio Rossi, por un total de $4.444.444.

El senador Rossi aseguró que Molina "no tenía relación contractual" al momento de emitir la boleta de honorarios a SQM. "Frente a la información publicada en diversos medios de comunicación sobre la asesoría que habría prestado mi ex colaboradora Mariela Molina a la empresa SQM, quisiera señalar que en julio del 2009 ella no tenía relación contractual conmigo", dijo el parlamentario en un comunicado de prensa.

"Mariela es una gran profesional, de hecho posterior a su labor en el Congreso ha continuado desarrollando asesorías corporativas y estratégicas a grandes empresas regionales y nacionales", agregó el parlamentario.

Molina afirmó a que ese año trabajó en un proyecto que SQM mantiene en Pozo Almonte. "Te piden ahí el análisis de las organizaciones ambientalistas de la región, del comportamiento de las redes sociales, de quienes son los dirigentes más representativos en el área medioambiental. En el fondo, se hace como una especie de mapas de 'stakeholders' y son informes que te demoras como tres meses en hacerlo", aseguró la ex asesora.

La ex asesora del senador Rossi agregó que "como he trabajado mucho tiempo en el ámbito político, tengo un conocimiento de la zona y no tengo nada más que comentar sobre eso, solo que no tiene ninguna vinculación con Fulvio", aseguró.

Desde la Democracia Cristiana, el vicepresidente Fuad Chaín afirmó al diario La Segunda que "vamos a preguntarle al diputado León para tener información".

"Si hay servicios prestados en esas boletas, creo que no habrá ningún problema (...) Pero si no hay servicios y se utilizó un instrumento falso, es distinto", agregó el parlamentario falangista.

El diputado (DC) Gabriel Silber agregó que su partido no emitirá "ningún juicio de valor o reproche" sobre el vínculo del hijo del León hasta tener "mayores antecedentes".

En enero pasado se reveló que la fiscalía indaga a varios parlamentarios de la UDI por boletas entregadas a Penta. Hasta el momento, el único personero oficialista relacionado en el caso era el titular del Ministerio de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

El empresario Manuel Cruzat declaró ante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente por presuntas operaciones tributarias irregulares que involucra a su holding con el Grupo Penta. Por casi cuatro horas, Cruzat declaró como parte de los interrogatorios surgidos al abrirse la denominada arista por contratos de "forward", realizados para producir una pérdida o utilidad artificial con el fin de pagar bonos a ejecutivos del grupo Penta. La fiscalía decretó la reserva de este interrogatorio por 20 días.

Mauricio Mondaca

El síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, quien participó en la venta de terrenos en la comuna de Machalí a la empresa Caval, de la que es dueña en 50% la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, dijo sentirse "tranquilo" por su actuación en la operación ya que "todo fue transparente".

El profesional enfrentó en una entrevista con La Segunda los efectos del escándalo político que desató el hecho y que terminó con la salida de Sebastián Dávalos de la dirección sociocultural de la Presidencia.

Caval compró en enero del año pasado los terrenos que estaba ofertando el síndico Chadwick, quien operaba a nombre del convenio judicial preventivo de Agrícola Wiesner, en un monto de $6.500 millones con el crédito otorgado por el Banco de Chile.

Chadwick afirmó que cumplió su papel en la operación, que fue conseguir el mejor precio para terrenos agrícolas con perfil urbano.

"Estoy tranquilo porque todo fue transparente. Tuve sólo dos ofertas por escrito. Una de 0,58 (UF el metro cuadrado), sujeta a la condición del cambio del uso del suelo, que incluso Wiesner llegó a aceptar. Caval ofreció 0,5 al principio y por una negociación la subimos a 0,6. Fue un negocio muy normal", comentó.

Respecto de las "bondades" de parte de los terrenos en cuestión, el profesional agregó que el terreno "todavía es agrícola, pero con aptitud urbana. Frente a un Club de Polo, tiene un semáforo. Cualquier inmobiliaria proyecta Machalí hacia allá".

Consultado por la polémica que suscitó la operación, Chadwick se defendió señalando que "si le pregunta a todas las inmobiliarias de Chile qué condimentos tienen sus compraventas, son los mismos o más. ¿Cuántas inmobiliarias compran áreas verdes, terrenos sobre la cota mil, etc.? Todos los días hay transacciones así".

Respecto de la forma de contacto con la firma Caval, el síndico comentó que "Caval llegó a mí. Me pidió una hora el señor Valero (Mauricio, socio de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta) y me dijo que estaba interesado y empezó a sondear el terreno en abril de 2013. Firmamos una promesa en septiembre".

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, rechazó ayer el alcance de las denuncias de la UDI y RN por el caso Caval. El secretario de Estado afirmó que esas acciones judiciales "no tienen fundamentos jurídicos sólidos" y que su objetivo es "solo comunicacional". "Da cuenta más bien de un objetivo de carácter comunicacional", afirmó el vocero de La Moneda.