Al sur de la comuna de San Ignacio está ubicado el sector rural de Pueblo Seco, con cerca de 4 mil habitantes, lugar que espera un ansiado proyecto.

Ivan Ferrada, alcalde (S) confirmó que "el alcalde ha querido postular un proyecto de un polideportivo donde se consideren canchas empastadas, multicanchas, gimnasio y piscina y así entregarle una infraestructura a nuestros vecinos como lo tienen las grandes ciudades, y así poder tener acceso a una vida sana".

Los seremis de Desarrollo Social y Deporte visitaron el terreno donde se busca emplazar este proyecto. Álvaro Miguieles, titular de Deporte en la Región del Bío Bío, manifestó que "Creo que es una necesidad que cumple dos funciones: deportiva y social; ya que generalmente la infraestructura deportiva sirve de sede para actividades de la comunidad".

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social, Patricio Torres, informó que "el rol del Ministerio es valorar las propuestas de desarrollo que orientan la inversión pública, y en ese sentido nos parece importante el propósito de este anhelado proyecto para la comuna. El polideportivo va a articular una oferta para que todas las personas tengan acceso libre y oportuno al deporte y las actividades culturales".

No tardaron muchos días para que el ex Director de obras del municipio pinteño, Carlos Muñoz, reaccionara y cuestionara los dichos del Presidente del Consorcio de Nevados de Chillán, Guillermo Ruíz, por el uso de las aguas termales en aquel centro turístico de Ñuble.

Lo anterior, luego que este último señalara a un medio local que las aguas termales no serían un bien nacional de uso público, argumentado que sin la infraestructura adecuada el agua termal no es llegar y usar, porque emanan gases altamente peligrosos y que debe ser supervisados y controlados por profesionales.

Pero esto no dejó conforme a Carlos Muñoz y sostuvo que todo se debe amparar por reglamentos y decretos que se deben respetar. "Hay un decreto que es el 237 del presidente Carlos Ibáñez del Campo, que dice que las termas son de utilidad pública; además hay un reglamento en el Código de Minería, que en su artículo 4 dice que las fuentes minerales y aguas subterráneas y superficiales se reservan para el Estado y solo podrán ser explotados por este".

"En este caso, el Estado le transfirió al municipio de Chillán los terrenos, pero las aguas termales no se las transfirió porque son de uso y utilidad pública, ¿entonces por qué se declararon de utilidad pública? Porque tiene aspectos curativos", mencionó.

Asimismo, la ex autoridad pinteña añadió que "el decreto del año 2001 ratifica el decreto 237 del año 1931 y no lo deroga; entonces, el hecho que estén diciendo que las aguas termales no son de utilidad pública es una falsedad absoluta, por lo tanto, se está incurriendo en una ilegalidad que no respeta un decreto presidencial. Además, las aguas termales, minerales y no minerales, no se pueden tocar por decreto de geotermia, es decir, las aguas medicinales de Chillán que fueron declaradas curativas no se pueden tocar por decreto 19.657 que corresponde a la ley de geotermia", explicó.

solicitud al gobierno

Carlos Muñoz sostuvo que están en conversaciones con un estamento del Estado y que en marzo se podría concretar una solución definitiva frente a esta polémica. "Planteamos la idea de presentar ante un estamento de gobierno la petición de que las termas, por ser de uso público y además de utilidad pública, se abran a la comunidad y posiblemente en marzo nos den una respuesta definitiva y confío que nos van a dar la razón", argumentó.

Por otra parte, la ex autoridad de Pinto, Carlos Muñoz, sostuvo que se estaría cumpliendo otra irregularidad en materia de riesgo volcánico, debido que hay estudios del Sernageomin que sitúa a Nevados de Chillán entre los 10 volcanes del país que podrían entrar en actividad. "Según estudios del Sernageomin, el Volcán Chillán es uno de los más activos de Chile y está entre los 10 que pueden entrar en erupción, entonces no hay un plan concreto de evacuación y más encima siguen construyendo hoteles en una zona en que no se debería , ellos están confiados de que nunca ha pasado nada, pero la naturaleza es impredecible".

En el año 2011 el chillanejo y actual presidente del PPD en la zona, Udo Schweitzer, realizó un documental que revelaba la presencia del arsénico en un relleno sanitario de Chillán Viejo.

En ese entonces, los alcaldes de la intercomuna, Sergio Zarzar y Felipe Aylwin, eran los más férreos opositores a esta amenaza ambiental sin importar diferencias políticas o ideológicas.

De esta forma, el realizador local quiso investigar más allá de la realidad que se estaba viviendo, y lo concretó con una pieza audiovisual de 15 minutos; sin embargo, el video había sido bajado de la red, por lo que ayer sorpresivamente estaba de nuevo a disposición de los cibernautas.

En este sentido, Schweitzer señaló que "ese documento lo produje el 2011 y no es reciente, debido a que alguien lo había bajado y después lo volvió a subir a la red. Pero indudablemente que este tema sigue siendo importante y este video lo hice a raíz de que se ventiló el hecho de que se había aprobado la disposición final de traer residuos arsenicales de faenas mineras desde el mineral El Teniente y que se iban a disponer un total de 1.200 toneladas para un vertedero en Chillán Viejo, pero cuando comencé a investigar el tema, me di cuenta que ya habían residuos arsenicales y que eran mucho más de mil 200 toneladas, lo que se denunció en ese minuto es que estos residuos tóxicos estaban ya almacenados ilegalmente".

Sanciones

Schweitzer indicó que posteriormente la denuncia trajo sanciones para las empresas que estaban a cargo de estos residuos y tuvieron que cancelar más de 4 mil millones de pesos.

Por su parte, el documental se puede buscar y ver con el nombre de "Arsénico en Chillán: La Verdad Tras El Oscuro Negocio del Vertedero de Veneno".

Casi ocho meses, entre investigación y juicio, tuvieron que pasar antes que el tribunal Oral de Chillán declarara culpable a Luis Saavedra, acusado por la fiscalía como autor del crimen del joven estudiante de Psicopedagogía, Pablo Rodríquez, a quien asesinó de una puñalada en el tórax.

Los hechos se remontaban, específicamente, al 9 de julio de 2014, cuando se celebró una fiesta de cumpleaños en la casa de Luis Saavedra, de 28 años, quien arrendaba una habitación a un compañero de carrera de Pablo Rodríguez (25), quien también asistió.

Sin embargo, la situación se descontroló una vez que consumieron abundante alcohol y por diferencias de opinión, Saavedra y Rodríguez se enfrascaron en una riña que también salpicó a Víctor Opazo, quien recibió un corte en su brazo, cuando intentó separarlos.

Tras los hechos ocurridos en la población Vicente Pérez Rosales, se le imputó el a Rodríguez el delito de homicidio y lesiones menos graves, por lo que recibió dos condenas de 7 años y 300 días, respectivamente.

Según comentó el abogado querellante, Álex Contreras, esta resolución judicial no los dejó conformes pese a que está ajustada a la norma.

"La familia quedó disconforme, sobre todo sus hermanos mayores, quienes pedían una pena ejemplificadora", comentó Álex Contreras, quien actuó en representación del Centro de Apoyo a Víctimas, del Ministerio del Interior. En ese mismo cargo, ofreció apoyo psicológico a los dos hermanos mayores de la víctima fatal; sin embargo, solo su madre aceptó durante los primeros meses la oferta de terapia.

Por otra parte, Contreras afirmó que la clave de la condena que recibió Pablo Rodríguez fue su confesión, y el hecho de contar con antecedentes penales por robo y tráfico.