Gobierno califica de "imprudente" el cuestionario de la UDI por caso Caval
Política. El oficio, dirigido a la Mandataria, busca resolver dudas sobre el préstamo para la compra de terrenos.
El ministro de Interior (S), Mahmud Aleuy, cuestionó ayer el oficio de fiscalización que ingresará el martes un grupo de diputados de la UDI para pedir que la Presidenta Michelle Bachelet aclare dudas sobre el denominado caso Caval, que involucra a su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y a su nuera, Natalia Compagnon.
"Me parece mal, extremadamente mal. Uno tiene que ser responsable, prudente, cuando los problemas afectan a todos los chilenos", dijo Aleuy a CNN Chile.
Consultado sobre si la Alianza está buscando ventajas políticas con la ofensiva, el ministro de Interior (S) dijo que "no hago juicios de ese tipo sobre situaciones políticas, lo que digo es que es imprudente".
La autoridad respondió así a un documento que consta de siete preguntas dirigidas a la Presidenta Bachelet y que es impulsado por el jefe de la bancada de diputados gremialista, Felipe Ward, y los parlamentarios de la tienda María José Hoffmann e Issa Kort.
Según publicó ayer La Tercera, el cuestionario solicitará a la Presidenta saber cuáles fueron las cualidades o aptitudes profesionales que tuvo en consideración para nombrar a su hijo a la cabeza de la Dirección Sociocultural de La Moneda.
"La Presidenta de Chile siempre habla con la verdad, dio a conocer sus convicciones más profundas y destacó la importancia de seguir trabajando por elevar el marco regulatorio de la relación entre dinero y política, entre la política y los negocios", aseveró.
"Como Gobierno estamos comprometidos con elevar de manera significativa esos marcos regulatorios y vamos a proponer múltiples iniciativas que nos permitan garantizar que la voz de los ciudadanos prime siempre por sobre la voz del dinero", agregó.
Elizalde no comprometió una respuesta al cuestionario opositor, y tampoco plazos.
El caso Caval tiene relación con la obtención de un crédito bancario por parte de la sociedad Caval -de la que Compagnon es dueña del 50%- para la compra de tres terrenos en Machalí, cuyos avalúos aumentarían con unos cambios impulsados al plan regulador de la comuna de la Región de O'Higgins.
La situación generó mayor controversia cuando se conoció que Dávalos estuvo presente en la reunión que sostuvo su esposa con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, encuentro que tuvo como fin gestionar el préstamo.
A partir de ese antecedente, la Alianza acusó "tráfico de influencias". Días después, Dávalos renunció a su cargo de director sociocultural de la Presidencia y pidió perdón.
La Presidenta Bachelet reaccionó por primera vez a este caso el lunes pasado, al regreso de sus vacaciones. En un breve punto de prensa desde La Moneda, la Mandataria dijo: "Yo no tuve ninguna información ni previa ni después. Me informé en Caburgua (el balneario donde pasó sus vacaciones) y por la prensa".
Bachelet también defendió la gestión de Dávalos en el área sociocultural del Ejecutivo, asegurando que "hoy día sólo me cabe decir que su gestión al mando de las fundaciones ha sido reconocida. Hay una buena evaluación de su gestión como director sociocultural, ha habido avances en las fundaciones y hoy día mi hijo ya no es el director sociocultural".
El viernes, el Tribunal Supremo del PS anunció una investigación de oficio sobre el caso, con el fin de establecer si Dávalos y Compagnon -ambos militantes de la tienda socialista- incurrieron en faltas a los reglamentos o a la declaración de principios de la colectividad. Paralelamente, el municipio de Machalí abrió un sumario para esclarecer si se filtró información privilegiada desde funcionarios locales.
El ex director de Obras y actual jefe de Finanzas de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares, negó haber realizado cualquier traspaso de información privilegiada hacia la empresa Caval para facilitar la compra de terrenos en la comuna. "Yo a Caval no la conozco, al señor Dávalos tampoco", dijo Siva en una entrevista con TVN. Silva es apuntado por el propio alcalde José Miguel Urrutia (UDI) como sospechoso de la posible acción ilícita, al revelarse el envío de un correo electrónico entre el funcionario y Mauricio Valero, socio de Caval.
Mabel González