La oposición vecinal a la instalación de antenas celulares crece con fuerza. Prueba de ello es el recurso de protección que este lunes interpondrán los vecinos de la calle Cocharcas, donde se prevé la instalación de una torre.

"Los vecinos se acercaron a la fundación Justicia para Todos para que los ayudáramos con este problema, dado que no están de acuerdo con la instalación de una antena celular. Ellos señalan que hay un alejamiento de la mirada municipal, de lo que sucede en los sectores poblacionales respecto a esta temática. Es por ello que vamos a interponer un recurso de protección a fin que la empresa a cargo de las obras comunique a los vecinos las dimensiones que tendrá esta antena y la idea es poder parar las obras", sostuvo el abogado Guillermo Valdés, representante de la fundación.

La preocupación municipal que se tiene a la fecha para sacar la antena que se encuentra a un costado de la Catedral, versus el nulo interés de realizar los mismos trámites por aquellas torres que se instalan en los sectores poblacionales, es lo que más preocupa a los vecinos.

"Hay comunas del país en que los municipios se han encargado de elaborar una ordenanza que regule esta problemática, generando un descanso a los vecinos, que se ven resguardados por esta normativa, ya que en muchos casos se ha impedido la instalación de las antenas, pero en Chillán nada de eso se ve y solo se siente un desinterés municipal de hacer bien las cosas", agregó Valdés.

Los registros que se guardan a nivel comunal de la cantidad de antenas celulares instaladas es de 106 aparatos, datos entregados por el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de la Ley de Transparencia. De ellas, 45 son de la empresa Entel; 20 de Movistar; 28 de Claro; 11 de Nextel y 2 correspondientes a la firma VTR.

"Lo que los vecinos piden a gritos es ser escuchados y atendidas sus demandas. Esperamos que la ley acoja a tramitación esta solicitud para que de una vez por todas se acaben las instalaciones arbitrarias de antenas", recalcó el abogado.

Acogido a tramitación

El 19 de diciembre el concejal de Chillán, Víctor Sepúlveda, fue enfático en el apoyo que prestó a los vecinos de la población El Roble, quienes demandaban la paralización de la instalación de la indeseada torre celular. La presentación, hecha ante tribunales, contó con el respaldo del edil y finalmente fue acogida a tramitación.

"Es un logro y me parece muy buena señal para el resto de los vecinos", recalcó Víctor Sepúlveda.

En tanto, el concejal ya ingresó al Concejo Municipal la solicitud para elaborar una ordenanza que regule esta problemática, luego del fallo de la Corte Suprema, de este año, que facultó a las municipalidades a cobrar cerca de $20 millones de pesos solo por revisar los documentos que presenten las empresas para instalar una antena celular en un sitio privado y $10 millones por documentos para instalar en recintos de uso público, los que deberán ser cancelados por la compañía telefónica interesada.

"Cuando ingresé el oficio pidiendo que la municipalidad, a través del departamento jurídico, elaborara una ordenanza, esto nace del fallo de la Corte Suprema en favor de la Municipalidad de Cerro Navia y con respecto a eso la Asociación Chilena de Municipalidades notificaría a todas las municipalidades del país para que se elaboren sus propias ordenanzas", explicó el edil.

Dentro del trabajo que Sepúlveda realizó, figura la visita a la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, además de la visita a la ministra Ximena Rincón para presentarle el fallo de tribunales.

"Queremos avanzar y estar al lado de la comunidad, por lo cual urge poner en práctica el fallo, además de la elaboración de la ordenanza", remató Sepúlveda.

19 de diciembre. Los vecinos de la población El Roble presentan recursos de protección para detener instalación de una antena, lo cual fue acogido a tramitación.

106 antenas celulares existen en Chillán. De ellas 45 son de la empresa Entel; 20 de Movistar; 28 de Claro; 11 de Nextel y 2 de la firma VTR.

Fallo de la Corte Suprema facultó a las municipalidades a cobrar cerca de $20 millones de pesos sólo por revisar los documentos que presenten las empresas telefónicas.

Continúa el calvario para las 70 familias del Colegio Concepción (Cocochi). Ya han pasado varios meses desde que la agencia de viajes chillaneja "JB Turismo" les comunicó la noticia de la fallida gira de estudios a Brasil a los apoderados y alumnos de los terceros medios B y C (ahora en cuatro medio).

A la fecha, los padres todavía buscan una respuesta de José Luis Badilla, dueño de JB Turismo, para saber qué pasará con los $60 millones que le pagaron a la operadora de viajes.

Según Paulina Salazar, presidenta de uno de los cursos afectados, Badilla sigue impune en la región vendiendo viajes a las personas; de hecho, de acuerdo a la apoderada, el empresario ahora se instaló con una nueva agencia en la ciudad de Concepción.

"Nosotros ya hicimos una denuncia en la PDI y tengo entendido que lo han llamado, pero no se qué ha presentado. Yo, por mi lado, tomé con otro apoderado una querella aparte y tengo entendido que el otro curso también presentó una denuncia en el Juzgado de Garantía de Chillán", detalló Salazar.

La dirigente del Cocochi agregó que "más que la tristeza es la indignación que tenemos todos de no tener ninguna respuesta de qué pasó con las platas. Aquí no son 100 mil pesos, son 60 millones de los que estamos hablando y él sigue trabajando, entonces esa es la rabia que hay", comentó afectada la apoderada.

ANTECEDENTES

Pese a que pagaron cerca de $60 millones a la agencia de viajes chillaneja JB Turismo, el descanso en Brasil por seis días nunca se concretó para los alumnos de los terceros B y C. La explicación que les dio Badilla es que ellos tendrían un agente intermediario en Santiago, encargado de la reserva de hoteles y tours que realizarían los jóvenes. Se trataba de All Ways Travel Group Ltda, quien finalmente desapareció sin haber hecho las reservas correspondientes.

José Luis Badilla, dueño de JB Turismo, señaló por aquellos días "que no puedo responder por los dineros, porque yo también soy víctima de Olmedo, yo también he sido estafado", dijo a través de una carta, evadiendo claramente su responsabilidad en los hechos.

Según relató Salazar, José Luis Badilla sigue con su agencia en Chillán, vendiendo viajes a la gente, y ahora sumó otra sucursal más en Concepción, en un puesto en la pastelería "La Abuelita". La apoderada pidió encarecidamente a las personas que no compren giras a JB Turismo, ya que a su juicio la empresa no es confiable.