Vecinos interpondrán recurso contra la instalación de antenas celulares
ciudad. Fallo judicial podría generar el cobro de 20 millones de pesos a compañías telefónicas.
La oposición vecinal a la instalación de antenas celulares crece con fuerza. Prueba de ello es el recurso de protección que este lunes interpondrán los vecinos de la calle Cocharcas, donde se prevé la instalación de una torre.
"Los vecinos se acercaron a la fundación Justicia para Todos para que los ayudáramos con este problema, dado que no están de acuerdo con la instalación de una antena celular. Ellos señalan que hay un alejamiento de la mirada municipal, de lo que sucede en los sectores poblacionales respecto a esta temática. Es por ello que vamos a interponer un recurso de protección a fin que la empresa a cargo de las obras comunique a los vecinos las dimensiones que tendrá esta antena y la idea es poder parar las obras", sostuvo el abogado Guillermo Valdés, representante de la fundación.
La preocupación municipal que se tiene a la fecha para sacar la antena que se encuentra a un costado de la Catedral, versus el nulo interés de realizar los mismos trámites por aquellas torres que se instalan en los sectores poblacionales, es lo que más preocupa a los vecinos.
"Hay comunas del país en que los municipios se han encargado de elaborar una ordenanza que regule esta problemática, generando un descanso a los vecinos, que se ven resguardados por esta normativa, ya que en muchos casos se ha impedido la instalación de las antenas, pero en Chillán nada de eso se ve y solo se siente un desinterés municipal de hacer bien las cosas", agregó Valdés.
Los registros que se guardan a nivel comunal de la cantidad de antenas celulares instaladas es de 106 aparatos, datos entregados por el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de la Ley de Transparencia. De ellas, 45 son de la empresa Entel; 20 de Movistar; 28 de Claro; 11 de Nextel y 2 correspondientes a la firma VTR.
"Lo que los vecinos piden a gritos es ser escuchados y atendidas sus demandas. Esperamos que la ley acoja a tramitación esta solicitud para que de una vez por todas se acaben las instalaciones arbitrarias de antenas", recalcó el abogado.
Acogido a tramitación
El 19 de diciembre el concejal de Chillán, Víctor Sepúlveda, fue enfático en el apoyo que prestó a los vecinos de la población El Roble, quienes demandaban la paralización de la instalación de la indeseada torre celular. La presentación, hecha ante tribunales, contó con el respaldo del edil y finalmente fue acogida a tramitación.
"Es un logro y me parece muy buena señal para el resto de los vecinos", recalcó Víctor Sepúlveda.
En tanto, el concejal ya ingresó al Concejo Municipal la solicitud para elaborar una ordenanza que regule esta problemática, luego del fallo de la Corte Suprema, de este año, que facultó a las municipalidades a cobrar cerca de $20 millones de pesos solo por revisar los documentos que presenten las empresas para instalar una antena celular en un sitio privado y $10 millones por documentos para instalar en recintos de uso público, los que deberán ser cancelados por la compañía telefónica interesada.
"Cuando ingresé el oficio pidiendo que la municipalidad, a través del departamento jurídico, elaborara una ordenanza, esto nace del fallo de la Corte Suprema en favor de la Municipalidad de Cerro Navia y con respecto a eso la Asociación Chilena de Municipalidades notificaría a todas las municipalidades del país para que se elaboren sus propias ordenanzas", explicó el edil.
Dentro del trabajo que Sepúlveda realizó, figura la visita a la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, además de la visita a la ministra Ximena Rincón para presentarle el fallo de tribunales.
"Queremos avanzar y estar al lado de la comunidad, por lo cual urge poner en práctica el fallo, además de la elaboración de la ordenanza", remató Sepúlveda.
19 de diciembre. Los vecinos de la población El Roble presentan recursos de protección para detener instalación de una antena, lo cual fue acogido a tramitación.
106 antenas celulares existen en Chillán. De ellas 45 son de la empresa Entel; 20 de Movistar; 28 de Claro; 11 de Nextel y 2 de la firma VTR.
Fallo de la Corte Suprema facultó a las municipalidades a cobrar cerca de $20 millones de pesos sólo por revisar los documentos que presenten las empresas telefónicas.