Habitualmente ocurre que cuando se aprueban millonarios fondos públicos que van en apoyo de una institución, las autoridades hacen gala de su mayor histrionismo para comunicar y felicitarse por el logro. Lo que la ciudadanía no conoce son los excesivos trámites burocráticos que luego se vienen para que la institución favorecida pueda hacer uso de aquellos fondos para los fines que requieren.

Esto explica las duras críticas que ayer emitió públicamente al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chillán a las autoridades regionales, al cumplirse cerca de 3 años desde la aprobación de 450 millones de pesos, por parte del Gobierno Regional, para adquirir dos carros para Chillán, donde incluso el presupuesto también había sido visado oportunamente por el Ministerio de Hacienda. Hoy, la institución bomberil debió adelantarse a emitir una orden de compra para traer los carros desde Alemania, la que en 30 días, de no ser ratificada, serán destinados a otros cuerpos de Bomberos.

Desde el gobierno regional explican que los plazos son los habituales en la administración pública, debido a que se requiere de la toma de razón por parte de Contraloría General de la República.

Al ciudadano común, sin duda, le cuesta comprender la exesiva burocracia del sistema público, la que también se ha visto reflejada en otros proyectos de gran importancia para la provincia, como el Hospital de Chillán cuya construcción fue comprometida por la propia Presidenta Michelle Bachelet para el primer semestre de 2015, o el embalse Punilla cuyo cronograma ha sufrido recientemente una nueva postergación para que se licite a fines de año, con el riesgo encima del vencimiento de la Resolución de Calificación Ambiental.

El caso de Bomberos no es nuevo. Ya las autoridades locales se habían enfrentado por la demora en la definición del terreno en que se emplazaría la Tercera Compañía, generando duros roces con Concepción por la burocracia pública. Una vez más se repite el escenario, pese a la presión realizada por los consejeros regionales para acelerar el proceso.

Cabe preguntarse, ¿qué ocurriría si en Bomberos operara con la misma burocracia para acudir en ayuda de los afectados por un incendio de una vivienda?, ¿o si los voluntarios, que trabajan sin cobrar una remuneración por su servicio público, pidieran por adelantado a las autoridades una remesa de recursos para solventar sus gastos en combustible cuando deben acudir a combatir un siniestro forestal?

Un tribunal en vivo y en directo dando a conocer las acusaciones, defensa y sanciones en el caso Penta mostraron un Chile donde las instituciones funcionan, donde no hay nadie por sobre la ley y todos deben responder, la demanda ciudadana de transparencia y honestidad en el servicio público se ha hecho sentir con fuerza y se espera objetividad, y prudencia en quienes imparten justicia. Lo que está en juego no es el destino de uno u otro partido ni siquiera de las personas involucradas, lo trascendente es la republica, es el estado de derecho, es la fe pública.

Ha resultado vergonzoso para quienes ostentamos un cargo político todos estos episodios que enlodan una noble actividad e involucran a todos, el ciudadano no hace diferencias y supone mala fe en cada uno de nosotros. La superioridad moral tan utilizada por la izquierda para cuestionar a nuestro sector ha sido destruida por el episodio Davalos-Bachelet, y el juicio de la opinión pública ha sido lapidario con la mandataria y su "retoño".

Hay que hacer un nuevo trato con el ciudadano y hacer una reflexión profunda sobre los hechos que nos han llevado al desprestigio total de la actividad política, en especial a quienes somos de centro derecha que hemos sido tímidos al denunciar las malas prácticas y los abusos, y hemos sido incapaces de defender un sistema capitalista limpio y competitivo sin redes de influencia que compran conciencias y votos en el Congreso.

Por otro lado el gobierno no puede seguir amparando la cultura de la corrupción , el trafico de influencia, el compadrazgo y amiguismo deben acabar por el bien del país y ninguna acción, tanto pública o privada, puede pretender vulnerar o atenuar la acción de la justicia, los chilenos no lo aceptarían.

Lamentablemente hoy somos testigos de un clima enrarecido y de discusiones estridentes que han invadido el lenguaje de las autoridades y las redes sociales, la intolerancia y la violencia verbal se instalaron como una forma de imponer las ideas y denostar al adversario.El estándar moral exigido por la ciudadania a las autoridades esta lejos de ser satisfactorio, la armonía social y la confianza entre los ciudadanos es requisito para el progreso como se ha demostrado en variados estudios, nosotros vamos justo en el otro sentido. Arturo Alessandri cuando gano las elecciones en su discurso dijo "No admitiré ambiciosos a mi lado", claro eran otros tiempos.

Frank Sauerbaum,