Contraloría desestima apelación de cuatro funcionarios de Chillán Viejo
resolución. Las notificaciones se realizaron ayer y se enmarcan dentro de las anomalías detectadas por el órgano fiscalizador en la contratación de personal a honorarios.
Más de tres meses estuvo alojada en la Contraloría General de la República la apelación por el Juicio de Cuentas realizada por los seis funcionarios municipales de Chillán Viejo, presuntamente involucrados en la contratación irregular de personal a honorarios, ocurrida entre los periodos de enero del 2012 a julio del 2013.
Ayer el órgano contralor notificó a cada uno de los implicados si su reclamación había sido acogida.
En ese aspecto, sólo dos apelaciones fueron admitidas: la de la ex directora de Control, María Garrida Blu, y el subrogante del mismo departamento, Francisco Fuenzalida.
Mientras que las peticiones del alcalde, Felipe Aylwin; el Administrador Municipal, Ulises Aedo; la ex directora de Administración y Finanzas, Paola Araya, y la ex directora de Control (s), Patricia Aguayo, fueron rechazadas por haber sido presentadas fuera de plazo.
Con esta diligencia el Juicio de Cuentas continúa. Cabe recordar que son 9 millones 292 mil pesos los montos objetados por la Contraloría, los cuales deberán ser devueltos en su totalidad a las arcas del Estado, de encontrar culpables los seis funcionarios.
ANTECEDENTES
La fiscalización tuvo como finalidad investigar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los contratos a honorarios celebrados en el ámbito de los proyectos clasificados como "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios".
Según el informe del órgano fiscalizador, se habría contratado mediante decretos alcaldicios y bajo la modalidad de honorarios, a personas que no realizaban las labores pactadas en los contratos.
Dentro de ellos se nombra a la socialista y actual jefa de Área Diversidad e Inclusión Social de la DOS, Lya González González, y al hermano del delegado provincial de Serviu, Francisco Crisóstomo.
Además, el ente contralor reveló el egreso de cheques por el doble de los honorarios mensuales estipulados, en el cual se menciona al delegado provincial de Fosis, Guillermo Saavedra, y al ex presidente de las juventudes del Partido Radical, Yerson Soto.
En ese sentido, las pesquisas de Contraloría son lapidarias, solo en materia de gastos por contrataciones a honorarios imputados al rubro "Otros Gastos en Personal" y bajo la denominación de "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", la municipalidad de Chillán Viejo devengó y pagó en el año 2012 un total de $371 millones.
Dicho presupuesto mostró un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años (2009 al 2013), incremento que en el ejercicio presupuestario 2012 alcanzó un 307% de alza.
Felipe Aylwin, en ese aspecto, declaró que "el aumento de contrataciones a partir del año 2009 se debe a la implementación de convenios con Órganos de Administración del Estado -la mayoría con financiamiento compartido, en directo beneficio de la comunidad chillanvejana- que se insertan en diseños del Gobierno central y administración local".
No obstante, de acuerdo a la investigación, la mayoría de los contratos a honorarios no cumplen con los requisitos legales, ya sea por extensión de los tratos, como por el fin de las contrataciones.
CONCEJALES
Atentos a lo que ocurre en el municipio están los ediles chillanvejanos, que desde el año pasado han seguido directamente los desórdenes administrativos acontecidos en el municipio de la comuna histórica.
La demora en las resoluciones de Contraloría tienen intranquilos a los ediles, que esperan una pronta definición, para ver si interponen un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) en contra del alcalde Felipe Aylwin, por notable abandono de deberes.
"Lo que a mí me preocupa es que ha pasado demasiado tiempo respecto a esta investigación. Queremos que lo antes posible haya una resolución definitiva. Yo al menos tengo claro que el principal responsable de estos hechos es el alcalde, por lo tanto, esperemos que al final se vea reflejado su culpabilidad", afirmó el concejal Patricio San Martín.
Otro concejal, Rodolfo Gazmuri, fue claro en señalar que "aquí a simple vista hay un notable abandono de deberes, es por ello que yo llamo a los otros colegas a hacerse responsables, no olvidemos que aquí hay que tener un quórum para hacer una presentación en el TER".
Susana Martínez, por su parte, afirmó que "quien hizo la denuncia en concejo en varias ocasiones fui yo, porque Lya González no cumplía sus funciones en el municipio. Yo muchas veces reclamé en concejo, está en las actas, entonces no me sorprende lo que está pasando. Yo lo único que espero es que esto se termine prontamente para la tranquilidad de toda la gente de la comuna".
Por su parte, el concejal Jorge del Pozo expuso que "efectivamente la comunidad está inquieta porque estos temas están en el ambiente. Aquí tienen que terminar de una vez las investigaciones de la Contraloría y que se determine cuánto finalmente van a tener que pagar en los Juicios de Cuentas".
"Como concejales miramos con mucha atención lo que está ocurriendo en Fiscalía. Nosotros hoy en día tenemos los antecedentes suficientes para determinar que hay un abandono de deberes. Sin embargo, vamos a dejar que la justicia funcione, sabemos que están trabajando arduamente en el tema", sostuvo del Pozo.
Su par, Paulo Pérez, expresó que "todavía faltan sumarios administrativos de Contraloría, hay juicios también que están por el lado de Tribunales de Justicia, por ende, una vez terminadas todas las instancias de investigación podríamos evaluar el recurrir al Tricel regional", comentó.
Por último, el concejal Audito Gavilán opinó que "cada uno de los involucrados tendrá derecho a defenderse, es su derecho y evidentemente después se verán las responsabilidades que a cada uno se le determinen. En consecuencia, yo no voy a adelantar juicios".
Caso Dideco
Otra situación que inquieta a los ediles es la demora del "caso desfalco", tanto a nivel de Contraloría como Judicial. Ya ha pasado casi un año desde que se empezó a investigar los hechos y aún no hay una respuesta de las instituciones investigadoras.
Cabe señalar que Contraloría, por un lado, está viendo el Juicio de Cuentas y también el sumario administrativo, que tiene como objetivo determinar responsabilidades individuales en las irregularidades cometidas entre los años 2012 y parte del 2013.
En lo que respecta a lo judicial, aún no hay fechas concretas para conocer las aristas en lo penal. Se sabe que el fiscal a cargo del caso todavía está investigando los antecedentes e interrogando a involucrados, por lo que el caso está lejos de concluir en el corto plazo.
9 millones 292 mil pesos es la cifra que -según Contraloría- deben pagar seis funcionarios del municipio chillanvejano por la contratación irregular de personal a honorarios, empleado en la ejecución de diversos programas municipales, en los periodos de enero 2012 a julio 2013. Tras los antecedentes aportados por la investigación, la Contraloría determinó definitivamente que en los contratos a honorarios existirían irregularidades, ya que éstos no estaban justificados con su debida documentación. En este caso el alcalde Felipe Aylwin, está conminado a pagar alrededor de 1 millón 663 pesos, los cuales debería devolver íntegramente si es encontrado responsable en los hechos imputados.
En paralelo se está desarrollando el Juicio de Cuentas por el bullado "caso Dideco", que arrojó un perjuicio de $192 millones y que tiene en el ojo del huracán a varios funcionarios de la municipalidad, entre ellos al alcalde Felipe Aylwin. Hasta el momento no ha llegado la resolución de la apelación de este caso, sin embargo, se sabe que el edil socialista debe devolver, en primera instancia, alrededor de 50 millones de pesos, los cuales espera bajar con su reclamación a Contraloría. De no ser así, el escenario se vuelve complejo para el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, ya que los concejales tendrían más argumentos para acusarlo frente al TER por notable abandono de deberes.
4 Funcionarios
recibieron la noticia de que Contraloría no acogió su apelación. Con esta diligencia el Juicio de Cuentas continúa a la espera de lo que se dictamine finalmente.
3 Meses
Estuvo en estudio la apelación. A solo 2 funcionarios se le aceptó su reclamación (la ex directora de Control, María Garrida y Francisco Fuenzalida).