El presidente electo de la Democracia Cristiana, senador Jorge Pizarro, aseguró ayer que asumirá el cargo porque "me eligieron miles y miles de militantes democratacristianos de todo el país", descartando dejar el puesto vacante luego de la vinculación de dos de sus hijos con SQM. Las palabras del parlamentario surgen luego de que en su propio partido algunos opositores a su lista señalaran que su administración podría verse comprometida por la relación de sus hijos con SQM.

La segunda denuncia del Servicio de Impuestos Internos por SQM incluyó entre las boletas de honorarios y facturas aparentemente falsas a Ventus Consulting S.A. Esa empresa fue constituida por dos hijos de Pizarro y figura con 11 facturas por $ 45 millones.

"Quisiera también decir con toda claridad que la empresa Ventus es una empresa consultora formada por profesionales muy calificados y por lo tanto, merecen un poco de respeto también", dijo el senador en el programa Estado Nacional (TVN).

hijos "independientes"

"Espero que la institución encargada de aclarar estas cosas lo aclare en el momento que corresponde. (Pero) por ningún motivo quiero que esto se mezcle con mi partido, porque no tiene nada que ver. Mis hijos, por lo demás, son totalmente independientes", agregó el senador por Coquimbo.

Respecto del grado de conocimiento sobre las asesorías comunicacionales que la empresa de sus hijos realizó a SQM, cuya veracidad es cuestionada por el SII, Pizarro afirmó que "el trabajo se hizo de acuerdo a un contrato que está firmado (…) Son contratos entre privados y se discute en los medios, me parece muy injusto (…) Yo espero que sea el propio (Servicio de) Impuestos Internos el que aclare esta situación (…)".

especulación "brutal"

Para Pizarro, la discusión que se da respecto de este tipo de relaciones comerciales es una "especulación brutal".

"Se parte de la base que quien aparece en ese listado (de la denuncia) es culpable y no me parece que sea justo", añadió.

De acuerdo al presidente electo de la DC, "mis hijos ejercieron su rol de profesionales en una sociedad consultora que está vigente, que es legal".

El parlamentario explicó que "desde la DC vamos a hacer todo lo necesario para tener una normativa institucional que permita garantizar probidad y transparencia en un sistema democrático".

Personeros de la lista de Ricardo Hormazábal, que compitió por la presidencia de la DC, solicitarán al Tribunal Supremo de la colectividad que suspenda la militancia de quienes resulten involucrados mientras no se aclare su situación.

"Corresponde a un acto que debe ser investigado. Para esos efectos hemos pedido al Tribunal Supremo el lunes que convoque a todos los militantes involucrados y se suspenda la militancia de ellos hasta que se aclare adecuadamente su participación en términos éticos", dijo ayer Ricardo Hormazábal a radio Biobío.

El alcalde de Las Condes y renunciado vicepresidente de la UDI, Francisco de la Maza, aseguró en TVN que es necesario separar las "responsabilidades individuales de las colectivas" en el caso Penta. "Cuando la UDI pidió perdón quien puso la cláusula de separar las responsabilidades individuales de las colectivas fui yo", dijo el alcalde, quien recalcó que la UDI "debe ser mucho más distante respecto de las responsabilidades de quienes probablemente hayan cometido actos irregulares".

Mauricio Mondaca

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, calificó de "imposible" que Bolivia pretenda una salida concertada al tema marítimo en medio de un juicio como el que llevó hasta La Haya. "Ahora solo queda esperar los resultados del tribunal", dijo el canciller en una entrevista que concedió al diario boliviano El Deber.

Previo a los alegatos orales por la demanda sobre una salida soberana al mar, el ministro afirmó que las relaciones entre ambos países "no están en un estado deseable".

"Tengo gran aprecio por el pueblo boliviano y por eso me parece lamentable. Hay una enorme distancia, una creciente distancia, entre la situación actual de las relaciones entre nuestros países y lo que nosotros estimamos debieran ser relaciones buenas y normales", aclaró Muñoz.

El canciller explicó que la demanda interpuesta por el Gobierno de Evo Morales "ha sido el punto de inflexión. Y la agresiva campaña que la ha acompañado, más aún".

Consultado por la vigencia de la agenda de los 13 puntos entre La Paz y Santiago, el titular de RR.EE. reconoció que "sigue vigente, pero está paralizada". "Y la razón no es otra que la demanda boliviana contra Chile ante La Haya: si usted está conversando con el propósito de construir acuerdos de largo plazo, y en medio de estas conversaciones su contraparte le interpone una demanda en los tribunales por materias que están en esas conversaciones, entonces no hay otro camino que detener las conversaciones y esperar que los tribunales de justicia emitan una sentencia", afirmó.

De acuerdo al jefe de la Cancillería, "no es compatible, por un lado, litigar en tribunales, con una campaña además ofensiva, y al mismo tiempo, conversar sobre aquello que está en tribunales como si esa demanda no existiera. Hemos perdido un tiempo precioso y se insiste en poner la mirada en el pasado y no en el futuro".

El secretario de Estado defendió la actuación de Chile en materia comercial con Bolivia y rechazó las críticas al tratamiento de la carga de ese país en los puertos nacionales.

"Chile ha cumplido rigurosamente las obligaciones de libre tránsito establecidas en el Tratado de 1904. El puerto de Arica está prácticamente al servicio de la carga boliviana. Hay agencias aduaneras bolivianas en los puertos de Arica y Antofagasta. La carga boliviana tiene condiciones de almacenaje con gratuidad de las cuales no goza la carga chilena o de terceros países", comentó.

postura pro bolivia

Respecto de supuestas manifestaciones chilenas a favor de la posición boliviana, el ministro aclaró que "los sectores que apoyan la aspiración soberana de Bolivia son absolutamente minoritarios y poco representativos de la opinión pública".

"En democracia, los pueblos se expresan a través de sus representantes elegidos por soberanía popular. El Congreso, principal depositario de esa soberanía, ha sido muy claro en desestimar cualquier cesión de territorio", añadió.