En febrero pasado, Carabineros de Chile dio a conocer un primer balance de la implementación de la Ley Emilia con un positivo saldo: en el periodo analizado, particularmente en los últimos cuatro meses del año 2014 -post aprobación Ley Emilia-, no sólo hubo una reducción de accidentes, sino que también de consumo de alcohol entre los automovilistas.

Según datos de esa institución, durante 2014 se practicaron fiscalizaciones a más de tres millones de vehículos, deteniendo a 12.546 personas por conducir bajo los efectos del alcohol. Pese a que ésta es aún una cifra alta, el descenso en ella es considerable luego de aplicadas las leyes de Tolerancia Cero (disminución de los gramos de alcohol por litro de sangre para establecer la conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad) y Emilia (endurecimiento de las penas por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad). De hecho, ambas modificaciones legales han demostrado (junto a una correcta fiscalización de Carabineros) un importante poder inhibitorio: previo a estas normativas un 22% de los controles por alcohol marcaban positivo. Hoy, alcanzan menos de 3%.

Ésta es una cifra que celebramos como país y que esperamos seguir disminuyendo, con un trabajo conjunto entre una ciudadanía con mayor conciencia sobre los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol y una policía muy oportuna en la fiscalización. Sin embargo, olvidamos una de las variables de la Ley Emilia: este reglamento también sanciona la conducción bajo los efectos de las drogas, homologando esta sanción a conducir en estado de ebriedad.

Diversos estudios han demostrado cómo las distintas drogas provocan alteraciones en las capacidades psicomotoras de un conductor, estimulando, deprimiendo o alterando -según sea su naturaleza- sus funciones y percepciones. Cientos de estudios han comprobado que drogas de distinta naturaleza (como la marihuana, la cocaína o el LSD, por nombrar algunas) provocan alteraciones en la velocidad del pensamiento, sensoriales y motoras; afecciones cardiacas; dificultad de atención e impulsividad, entre otras, por lo que su uso está prohibido en todos los códigos de conducta vial.

En Chile no contamos con un sistema de medición/fiscalización del uso de drogas en autopistas y caminos, algo que parece un oxímoron en una sociedad capaz de hablar sobre una posible despenalización del consumo de marihuana -con fines medicinales o recreativos-, pero no cuenta con las herramientas básicas para cuidar de las vidas de sus ciudadanos.

Patricio Labatut,

Desde el gobierno no ocultan que las cifras país en materia de criminalidad y seguridad ciudadana son malas y que los esfuerzos desde el Estado han resultado infructuosos hasta el momento para reducir la cantidad de ilícitos, principalmente aquellos delitos comunes que afectan directamente a las personas, como los robos y asaltos. Así se desprende de la presentación que realizó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien en la ocasión presentó una nueva estrategia de gobierno para abordar de manera amplia el problema.

Así lo ha resumido el ministro Gómez: "Lo único que queremos es que finalmente exista, desde la perspectiva del ciudadano, no solo la sensación, sino que la certeza que el Ministerio Público va a actuar con prontitud; que los tribunales van a aplicar las sanciones; que las cárceles van a tener las condiciones para recibir a quienes cometen este tipo de delitos; y que se van a cumplir las penas".

Para ello, el Ministerio de Justicia tiene en carpeta diversos proyectos que consideran US$404 millones de inversión y un gasto permanente de US$362 millones, los que pasan por un fortalecimiento del Ministerio Público y las policías; la ampliación de los penales existentes y el aumento del personal de Gendarmería; iniciativas de reinserción y seguimiento de los ex condenados; y la definición de la aplicación de penas efectivas para quienes cometan delitos como hurto o asalto con violencia. En cuanto a los penales, se espera que durante este mes exista claridad respecto de si la cárcel biprovincial se quedará en Chillán o Los Ángeles, aunque de los planes del ministro se desprende que la decisión estaría tomada.

La propuesta ministerial castiga duramente a las bandas criminales, con agravamiento de las penas para los robos de gran escala e impacto social, lo que no ocurre en la actualidad. El proyecto de ley restringe las penas sustitutivas de libertad, libertad condicional y beneficios intrapenitenciarios para aquellos condenados reincidentes. Según el gobierno, esta iniciativa de ley está enfocada a los delitos más comunes y con niveles de reincidencia altos, sobre el 50% para el hurto y sobre el 45%, en el caso de robos violentos.

Paralelamente, el Comité de Evaluación de la Ley del Congreso ha tomado como una prioridad analizar una mejora de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que en diciembre cumple una década de su publicación. Tanto la aplicación de las penas como la real reinserción de los jóvenes a la sociedad serán parte de este debate que recién se inicia.