Contradictorias señales de casinos
En los últimos meses, algunos empresarios que han apostado al negocio lucrativo de instalar locales de máquinas de entretención, conocidas como los "casinos populares", se han enfrascado en una nueva disputa con el municipio y la ordenanza en vigencia desde hace un año que prohibe la existencia, en este tipo de recintos, de máquinas que entreguen premios en dinero.
En su defensa, representantes jurídicos de estos empresarios han señalado que Contraloría General de la República habría desconocido la legalidad de este cuerpo jurídico. No obstante a ello, el único precedente a su favor radica en la ilegal incautación de máquinas realizada por Carabineros, donde además quedó en entredicho la orden de la fiscalía para proceder a dicha medida. En otras instancias, los tribunales han fallado a favor del municipio y la aplicación de la ordenanza vigente.
Entonces, bajo un razonamiento cuestionable jurídicamente, los dueños de estos locales de casinos han optado por hacer caso omiso a las inspecciones y clausuras por parte de los inspectores municipales de Chillán, llegando al ridículo de ser cerrados en la mañana y volver a operar "en clara rebeldía" por la misma tarde. Uno de los ejemplos más concretos de ello es un local de Isabel Riquelme esquina Prat, que ya ha sido clausurado en 16 oportunidades por funcionarios del municipio, lo que a todas luces parece convertirse en un "gallito" con la autoridad.
Este viernes, ante la infracción flagrante cometida por locales que volvieron a abrir sus puertas al público el municipio optó por entregar los antecedentes a la Fiscalía del Ministerio Público por la vulneración de los sellos de clausura, a modo de desacato hacia la autoridad. Se trata de una nueva arremetida municipal, para evitar la proliferación de estos negocios.
Sin embargo, el fondo del asunto no ha sido abordado por la autoridad y parece no existir mucho interés en concretarlo, pese a los perjuicios hasta para la salud que la ludopatía ejerce en las personas.
Tanto el ejecutivo como el legislativo deben de una vez terminar con los vacíos legales que impiden normar adecuadamente el funcionamiento de estos negocios y definir el marco jurídico por el cual puedan coexistir con los casinos que son regulados por la Superintendencia respectiva. De lo contrario, se genera una discriminación inexplicable para un Estado de derecho como el chileno.