En marzo del año 2014, Contraloría General del Bío Bío entregó el Informe de Investigación Especial N° 52/2013, que tuvo como finalidad la indagación de presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios (juegos inflables, calzado escolar, transporte privado y canastas familiares), acontecidos entre los años 2012 y 2013 en el municipio de Chillán Viejo.

Dicho informe derivó en un Juicio de Cuentas que determinó, en primera instancia, que ocho funcionarios del municipio aludido (dentro de los que se encuentra el alcalde Felipe Aylwin) deberán pagar $192.923.428.

Tras ese veredicto, el edil chillanvejano presentó en forma individual al órgano contralor una reconsideración a ese dictamen, con el objeto de revertir el desfavorable escenario presentado en el Informe Especial y el posterior Juicio de Cuentas, que le ordena a Aylwin pagar $50.553.301.

Después de varios meses revisando la reconsideración, Contraloría General de la República entregó el 20 de abril pasado su respuesta, la cual viene a ser un nuevo balde de agua fría para el alcalde de Chillán Viejo, ya que la entidad fiscalizadora validó el informe efectuado en Concepción.

Contraloría valida

Según lo expuesto nuevamente por Felipe Aylwin, el municipio entregó los documentos necesarios para cursar los egresos, los cuales fueron recibidos en aquel entonces por el ex director de Desarrollo Comunitario, Andrés León, en su calidad de inspector técnico, por lo que era de su exclusiva responsabilidad, dijo el edil, verificar el cumplimiento de lo contratado.

Asimismo, indica que el órgano comunal no contaba con un sistema que le permitiera detectar qué antecedentes se debían adjuntar en cada oportunidad, por lo que en algunos casos se cometieron errores administrativos.

En ese punto, Contraloría respondió que "del análisis de la documentación acompañada queda en evidencia que, al momento de la ocurrencia de los hechos, existía una falta de control con relación a los funcionarios involucrados y un desorden administrativo que motivó el pago en exceso que se reprocha, sin que se desprendan razones plausibles que justifiquen tal accionar".

Por otra parte, Aylwin expresa que las actas de entrega de bienes se ajustaron a los mecanismos de control implementados por ese alcalde; y, que se acreditó la ejecución de los servicios por parte de la empresa de transportes Silvana Ríos Steckler E.I.R.L., por concepto de viajes de organizaciones comunitarias rurales.

Sobre ese particular, el órgano contralor dice que la "documentación acompañada no aparece que se hayan emitido las actas de entrega a que alude el peticionario, sin que pueda determinarse de manera fehaciente la cantidad de especies repartidas; la fecha en que ello aconteció; la individualización de los dirigentes de las organizaciones comunitarias que recibieron los bienes; y, que estos últimos llegaron a su destino final. En cuanto a los servicios de la empresa de transportes que indica, cabe señalar que el recurrente no adjunta antecedentes que demuestren que ellos fueron efectivamente prestados, no siendo idóneo para tal efecto el comprobante de pago de los mismos".

Con respecto a los alumnos favorecidos con pares de zapatos, Aylwin explicó que los antecedentes relativos a la entrega de dichas especies fueron archivados en forma separada del comprobante de egreso; y, que el entero por el arriendo del camión que menciona era procedente, ya que el servicio se ejecutó.

Contraloría, en ese aspecto, indicó que "sobre la entrega de calzado a los alumnos, es dable señalar que de los antecedentes analizados es posible advertir que existe una disparidad entre las especies repartidas por el municipio y la cantidad que -según la indagación efectuada por la citada Sede Regional- fue efectivamente recepcionada por los beneficiarios, sin que la máxima autoridad comunal aporte información al respecto".

En ese sentido, el ente fiscalizador señaló que de lo expuesto se advierte que la máxima autoridad comunal reconoce las irregularidades antes descritas, sin que haya acompañado, en esta oportunidad, antecedentes que permitan dar por subsanadas las observaciones anotadas precedentemente.

"En cuanto a las argumentaciones vertidas por el alcalde, relativas a que el ex director de Desarrollo Comunitario -y los demás funcionarios que menciona- son los únicos responsables de las adquisiciones y abonos de deudas realizadas al margen de la normativa prevista en la ley N°19.886 y del reglamento municipal que rige la materia. Cabe señalar que, considerando que la máxima autoridad reconoce tales irregularidades, sin aportar antecedentes que permitan dar por subsanadas dichas observaciones, es que corresponde mantenerlas".

contradicciones

Para el alcalde Felipe Aylwin este pronunciamiento de la Contraloría General de la República "demuestra que hasta el día de hoy las conclusiones del informe final sobre la investigación especial y examen de cuenta en Dideco están sujetas a lo que determine la Justicia Penal y Administrativa, y que se encuentra pendiente. En definitiva, al disponer la realización de un sumario administrativo y el inicio de un juicio de cuentas en el informe final, el Órgano Contralor actuó apresuradamente, lo que va dejando al descubierto que muchas afirmaciones no se condicen con la realidad".

El edil agregó que la Municipalidad presentó la reconsideración en mayo de 2014, mientras que la Contraloría respondió casi un año después y ya iniciado el sumario administrativo (8 de agosto de 2014) y el juicio de cuentas (18 de julio de 2014), "situación que nos parece irregular y por lo que Contraloría no debió haber iniciado los sumarios ni los juicios de cuentas, mientras existiera una reconsideración pendiente".

JUICIO DE CUENTAS paralizado

Hace pocos días se conoció la noticia que Contraloría suspendió el Juicio de Cuentas. Así lo dio a conocer a través de un escrito la jueza Patricia Arriagada Villouta, quien expresó que la medida se debe a la investigación que está llevando en paralelo la Fiscalía de Yumbel.

"Suspéndase la tramitación del presente Juicio de Cuentas hasta el término de la referida causa penal por sentencia ejecutoriada, por las razones indicadas en los considerandos de esta resolución. Notifíquese por cédula a las partes en juicio", dice el escrito recibido por concejal Jorge Del Pozo, quien solicitó información del proceso.

Al respecto, el edil radical opinó que "Contraloría tiene que ver con los actos desde el punto de vista administrativo y la Justicia tiene que ver con los actos que constituyen delitos, por tanto, son vías distintas, pero al parecer hay argumentos suficientes para correlacionar un tema con otro", dijo Del Pozo.

El concejal Paulo Pérez, por su lado, dijo que "Contraloría tiene su propia normativa, yo no podría decir que es algo inadecuado. El tema es que los tribunales de Justicia demoran más de la cuenta. Para mí lo ideal es que esto se resuelva en la actual administración, espero que esto no se pase para la próxima gestión".

Mismo juicio tuvo Rodolfo Gazmuri, a quien le preocupa que esto se dilate más de la cuenta. "Me preocupa que este tema sigue afectando la marca que es Chillán Viejo. Yo espero que la justicia resuelva luego el caso y determine responsabilidades, porque es eso lo que esperamos todos los chillanvejanos".

Patricio San Martín, por su parte, vio con bien malos ojos el receso. "No estoy de acuerdo, para mí aquí pueden haber investigaciones paralelas. Yo espero que esto se resuelva lo antes posible, como ya lo he dicho en innumerables ocasiones. Creo, si, que hay que aclararle a la gente que esto se paralizó momentáneamente", especificó el edil.

"Considerando que la máxima autoridad reconoce tales irregularidades, sin aportar antecedentes que permitan dar por subsanadas dichas observaciones, es que corresponde mantenerlas".

Contraloría General

de la República.

Ya han pasado varios meses desde que el Ministerio Público tomó el caso. A la fecha no se ha dado luces de resultados; sin embargo, según fuentes internas, todo se estaría dilucidando dentro de los tres próximos meses. Lo que si se tiene claro es que efectivamente hubo falsificaciones de documentos y firmas. Es por tal razón que hace pocos días la Brigada de Delitos Económicos de la PDI tomó muestras caligráficas a los funcionarios.

2012-2013

La municipalidad de Chillán Viejo efectuó el pago duplicado y, a veces triplicado, de servicios sociales.

Alcalde Felipe Aylwin

Se defiende y dice que toda la responsabilidad de las irregularidades fueron cometidas por el ex Dideco, Andrés León.

Contraloría

Investigó nuevamente antecedentes del primer informe, más lo presentado por el edil chillanvejano y determinó no dar a lugar a sus observaciones.

Juicio de Cuentas

Quedará totalmente paralizada hasta que la Justicia se pronuncie con respecto al caso.

Fiscalía

Aún sigue recopilando pruebas, que determinen en definitiva responsabilidades penales eventuales de los funcionarios municipales.

Dos meses más

En ese lapso el Ministerio Público entregaría luces de la investigación, que ya lleva alrededor de un año sin resultados.

$192 Millones

Es el monto que deben pagar, en primera instancia, ocho funcionarios del municipio chillanvejano, dentro de los que se encuentra el alcalde, Felipe Aylwin.

$50 Millones

Es lo que le toca pagar individualmente al edil de la histórica comuna, mientras que elJuicio de Cuentas no da atisbos de lo contrario.