La primera señal potente de que los atisbos de corrupción que hoy aquejan al mundo político y empresarial de nuestro país podrán tener un freno real y que podrá aspirarse a un desempeño de la política de forma más transparente lo dio la propia Presidenta Michelle Bachelet la noche de este martes al dar a conocer las medidas que impulsará su gobierno tras los bullados casos Penta, Caval y Soquimich.

La Presidenta Bachelet ha tomado el gran problema que le presentaron estos casos a la credibilidad de las instituciones y de su gestión, y lo ha transformado en una oportunidad cierta de dejar un legado de transparencia en la función pública que perdure en el tiempo y abra paso, además, a la instauración de una nueva Constitución Política de la República.

En su alocución al país, tan solo días después de recibir el informe con las conclusiones adoptadas por la Comisión Asesora Presidencial en materias de transparencia y anticorrupción, la Mandataria esbozó lo central de las medidas que incorporará desde el corto al mediano plazo y así detener de raíz la corrupción en el país y apelar a un futuro en que exista una real separación de la política y el dinero.

En concreto el gobierno ya puso el pie en el acelerador para otorgar urgencia a los proyectos de ley de probidad en la función pública, que no solo hace más rigurosas las exigencias a los políticos en cuanto a transparentar sus intereses y patrimonio, también especifica las inhabilidades entre el mundo público y privado. Asimismo habrá discusión inmediata de la Reforma Constitucional que limita la reelección de parlamentarios y autoridades elegidas por voto popular.

Entre las medidas más aplaudidas figuran además el fin de los aportes reservados, anónimos y de empresas para el financiamiento de la política, el que ahora será un rol del Estado, que además fortalecerá el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones y dará autonomía constitucional al Servel para fiscalizar las vulneraciones. Por primera vez se reducirá el gasto electoral de las campañas, se delimitará los lugares donde hacer propaganda y será delito de cohecho los regalos o pago de cuentas. En definitiva, se terminará la propaganda fuera de plazo y la inundación de carteles o rayados en las ciudades, algo resistido fuertemente por la ciudadanía.

También resulta valorable que la educación cívica vuelva a ser enseñada en los colegios, pues también era un clamor de la comunidad que veía necesario fortalecer la democracia, la transparencia y la probidad en la educación primaria hasta la universitaria. Aspectos como sumar a concejales, alcaldes, jefes de unidades, directores de empresas del Estado en la declaración de intereses, tanto propias como de sus cónyuges, es un avance importante y necesario, así como terminar con el nepotismo en los cargos públicos.

En abril de 1925 se fundó en Chile la primera Escuela de Servicio Social como un organismo dependiente de la Junta de Beneficencia de Santiago, encargada del funcionamiento de los hospitales públicos. De ahí proviene el marcado carácter sanitario de la profesión en sus orígenes. Esta escuela fue pionera no sólo en el país, sino también en Latinoamérica. Fue una respuesta formal del Estado frente a la grave crisis social y política que vivía el país a inicios del pasado siglo, en especial por las empobrecidas condiciones sociales, económicas y de salud pública de grandes masas de la población, la denominada «cuestión social». A nivel mundial, se vive el fin de la I Guerra Mundial.

Es imposible reconstruir en pocas líneas lo que han sido estos 90 años de historia. A grandes rasgos, el naciente Servicio Social fue entendido como un conjunto de esfuerzos de carácter científico para responder a las necesidades sociales de entonces, con un fuerte espíritu modernizador de la acción estatal, articulado con el paternalismo aún imperante, que continuaba visualizando a los sectores populares como pasivos y dependientes.

A nivel latinoamericano, el quinquenio 1925-1930 correspondió al pre-despegue industrial, mientras que la década siguiente se constituyó como una fase sobresaliente del desarrollo industrial, enmarcada en nuevos gobiernos de carácter reformista, populista y participativo, que debieron hacer frente a las problemáticas del crecimiento de la población obrera en las ciudades, entre otros. Fue también la década más importante para el Servicio Social, expresado en el surgimiento de escuelas similares en el resto de países de la región.

En los '60 y parte de los '70, la influencia del contexto socio-político latinoamericano se refleja en un cuestionamiento profundo a los cimientos mismos de la profesión, en particular al sello asistencialista de sus primeros años. Hitos como la Revolución Cubana, la Guerra Fría o la Teología de la Liberación fueron sin duda influyentes en esta lectura crítica del Trabajo Social (en su nueva denominación).

Ya entrados los años 70 y buena parte de los '80, América Latina debió enfrentar las nefastas consecuencias de las dictaduras militares, no sólo en lo político sino también en lo económico y social. El Trabajo Social comenzó a asumir un compromiso fecundo con la defensa de la dignidad y los derechos humanos, desde lo paliativo y lo organizativo.

¿Qué es lo que permanece tras este devenir? Una tensión inherente a nuestra acción profesional: al ser una profesión que ha nacido y se ha desarrollado al amparo de Estado, ha seguido sus cambios de orientaciones, a veces acertada y otras equivocada, esto último, especialmente respecto de las políticas neoliberales impulsadas a sangre y fuego durante los años '80 y '90.

Dra. Paulina Morales ,

Doctora en Filosofía. Académica U. Andrés Bello.