Problemas con la Descentralización
El director de la Corporación para la Regionalización del Biobío (Corbiobío), Claudio Lapostól, ha dado a conocer que no obstante que la Presidenta de la República formó una comisión integrada por expertos en descentralización, la entrega del completo informe no se ha traducido en avances concretos en el tema de la regionalización del país.
Se recordará que el 7 de octubre de 2014, la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización, organismo de 33 integrantes, entregó las conclusiones al gobierno, pero a juicio del regionalista, "no ha habido conocimiento público de avance y la única respuesta por la que se estancó la iniciativa tiene relación con que hay muchos políticos a los que no les conviene que las regiones tengan más poder ni que la descentralización funcione en Chile".
Tal como lo han expresado otros regionalistas, Lapostól cree que los contenidos de los proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso no reflejan adecuadamente el compromiso contraído con el gobierno, ni las propuestas de la comisión, en particular en cuanto a la necesidad de instituir una organización territorial descentralizada del Estado. El principal problema identificado por los miembros de la comisión asesora fue la incorporación de la figura de un "gobernador regional" dentro del proyecto de ley presentado por el gobierno, la cual nunca fue considerada dentro de las recomendaciones entregadas. Este gobernador nombrado por el poder central, concentraría la responsabilidad del gobierno regional, en vez del intendente elegido por votación popular.
"Eso hace que todo lo que estemos avanzando sobre regionalización fracase, porque finalmente ese gobernador va a tener mucho más peso que el intendente electo", comentó el directivo de Corbiobío, quien espera que la mandataria recalque si compromiso con una descentralización real del país en su cuenta del próximo 21 de mayo.
Para el regionalismo, tener una autoridad electa y otra designada por el nivel central significa debilitar al intendente electo y legitimado por la ciudadanía, pues en definitiva quien decidirá sería el gobernador designado, con lo cual se produciría una permanente tensión entre dos autoridades regionales y confusión en la ciudadanía.