Un grupo de parlamentarios de distintos partidos presentó recientemente un proyecto de resolución para pedir a la Presidenta de la República que el gobierno garantice un mínimo de cupos laborales para personas con discapacidad en el país, una discriminación positiva que busca dar un vuelco al hecho que apenas un 30% de las personas con capacidades diferentes acceden a un trabajo remunerado.

En la actualidad, se estima que en Chile el 13% de la población presenta alguna característica asociada a una discapacidad, lo que significa que uno de cada 8 chilenos están en dicha condición. En las últimas décadas se han producido avances importantes en materia de igualdad de oportunidades y un cambio de cultura ciudadana para que la sociedad pueda aceptarlos de manera íntegra, desde crear las condiciones mínimas en la infraestructura urbana para facilitar sus desplazamientos como cualquier ciudadano, mejorar los accesos de servicios públicos, hasta fomentar su incorporación al mundo del trabajo.

Este último aspecto ha sido el más complejo. Al haber sólo un 30% que accede a un empleo, se afecta seriamente las condiciones económicas de la persona y su entorno familiar. Hoy, prácticamente la mitad de personas con capacidades distintas está en el rango de los 30 y los 64 años, es decir, en una edad laboralmente activa. Según cifras del Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis, 2004) el desempleo de personas con discapacidad intelectual a nivel nacional corresponde al 70,8%.

El proyecto presentado por los legisladores busca que el gobierno se haga partícipe y el principal promotor de darles acceso al mundo laboral a personas con problemas físicos o mentales, bajo el criterio de la igualdad.

Sin embargo, este esfuerzo no puede quedar solo en buenas intenciones. Cada gobierno debe crear las condiciones para que los discapacitados puedan optar a desarrollar su vocación ya sea en el mundo público o privado, y para ello pueden crearse incentivos especiales, ya sea en materia tributaria u otros, así como existe hoy para la contratación de jóvenes.

Hoy, una de las principales dificultades de estos compatriotas para encontrar empleo radica en muchos casos en una formación inadecuada para la inserción laboral en escuelas y centros de educación especial. No existe un proceso de capacitación diferenciado para brindarles herramientas que permitan facilitar su ingreso y permanencia en el trabajo.

Existe consenso en que la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad es clave para luchar contra la discriminación y para superar círculos viciosos de la pobreza, con la que a menudo se vinculan. Así también existen casos exitosos de desempeño profesional que sin duda deben servir de ejemplo a quienes hoy luchan por hacerse un lugar en una sociedad competitiva.

Las consecuencias de los casos Penta, SQM y Caval han llegado para quedarse. Hemos sido testigos en los últimos meses de la forma ilegitima en que se ha dado la relación entre políticos y empresarios, lo que ha traído consigo un descontento ciudadano de tal magnitud, que la credibilidad de las instituciones republicanas ha decaído considerablemente. Para muchos - sobre todo quienes tienen un pensamiento más extremista - la crisis institucional en la que nos encontramos insertos, tiene su raíz y causa fundamental en el "Capitalismo", Pero acaso ¿habrá un solo tipo de capitalismo como sistema económico a quien atribuirle esta crisis?

El gran historiador económico Eli Heckscher en su libro "Mercantilism", publicado en 1931 nos señala que el capitalismo tiene 2 caras y/o etapas, a saber, el "Mercantilismo" y la "Economía de Mercado". La primera etapa, llamada mercantilismo o capitalismo antidemocrático, es aquella en la que los empresarios no compiten por los precios, ni por el favor del consumidor, sino que por el favor del gobierno. En este tipo de capitalismo la competencia se desplaza del mercado económico al mercado político, desarrollándose a raíz de lo anterior una economía privada sin libre competencia y políticamente dirigida, regulada excesivamente y manejada por quienes tienen el favor de los gobernantes. El análisis de Heckscher proviene del siglo pasado. Sin embargo, y desde una perspectiva histórica, ya se evidenciaba esto en el siglo XVI en el contexto de la Corona Hispánica bajo el nombre de arbitrismo. Los arbitristas eran expertos en obtener favores de la Corona por sobre los demás ciudadanos comunes, muestra de aquello se da a propósito de la conquista del nuevo mundo, momento histórico en que - en términos simples - los cargos públicos de las Américas eran vendidos al mejor postor. Países que incurren en el mercantilismo como opción institucional económica son por ejemplo: Venezuela y Bolivia, quienes han implementado economías políticamente dirigidas, lo que se refleja en una ineficiente administración de sus recursos. En dichas naciones la institución de la propiedad privada se encuentra en manos del gobierno o de quienes gozan de su favor, borrando con aquello todo signo de independencia y democracia en los mercados, pues quienes detentan el poder político también hacen lo mismo con el poder económico.

Alvaro Massardo D.

El hecho político más relevante de estos días es la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de explicitar, por primera vez en meses, su posición respecto de materias muy complejas para el país (la más compleja, los rumores de una eventual renuncia), no ante los medios nacionales, sino ante los corresponsales extranjeros.

Desde fines de enero, el Gobierno no ha logrado retomar el control de la agenda, por al menos tres razones: El silencio de la mandataria frente a los principales debates y la postergación de decisiones que solo competen al Presidente de la República.

Hasta ahora no ha adoptado medidas concretas, por ejemplo, en materia de probidad y transparencia, salvo convocar al Consejo Asesor, que recién a fin de este mes entregará sus conclusiones.

Segundo, la conducción política deficiente de los Ministros de La Moneda, que además ha evidenciado un importante grado de descoordinación. Un ejemplo reciente: mientras un domingo el Ministro vocero reaccionó de manera confusa por la polémica del informe del INDH respecto de Carabineros, el Subsecretario del Interior salió a respaldar a la institución el martes.

Tercero, el débil respaldo de la Nueva Mayoría, que se expresa en el trascendido por una eventual presión indebida de la Segpres para que los diputados rechazaran la comisión investigadora del caso Caval, las crecientes críticas al rol presidencial y al Comité Político de La Moneda del Diputado Andrade y Camilo Escalona; y la presión que ha resurgido desde la semana pasada para que se concrete un cambio de gabinete antes del 21 de mayo.

El gobierno equivoca el camino cuando diseña como estrategia concentrar la agenda presidencial en actividades en terreno; y el retorno de las críticas al Gobierno del ex Presidente Piñera, responsabilizándolo de déficit en distintas áreas. Esta semana el Ministro vocero acusó a la administración anterior de no respaldar la agenda legislativa de probidad, pese a que los hechos confirman que fue este gobierno el que congeló 11 proyectos que se tramitaban en el Congreso, desde marzo de 2014.

El respaldo ciudadano continuará a la baja si se persiste en el abandono de una agenda ciudadana y que considere los problemas cotidianos, el sueño de la igualdad prometido en campaña hoy no es la prioridad, más bien el gobierno se ve apagando conflictos generados por sus propios partidarios.

Frank Sauerbaum

Un primer análisis que se puede realizar a la polémica segunda votación del CORE que terminó, una vez más, negando el puntaje de la instancia al proyecto de Chillán Casino Resort S.A, indicaría que la iniciativa del grupo Boldt- Peralada es el principal damnificado y perdedor en esta contienda. Sin embargo, no es el consorcio argentino- catalán quien pierde con esta decisión de los Consejeros Regionales, sino la capital de Ñuble y su gente, quienes deberán esperar que los plazos para contar con un recinto de este tipo se extiendan más allá de lo presupuestado, a raíz de la inminente judicialización del proceso, según adelantó Boldt- Peralada. Pese a existir una resolución emanada desde el máximo tribunal del país en que se cuestionó la primera votación del CORE, y el llamado de la Superintendencia de Casinos de Juegos a sus integrantes a votar de forma fundada, 20 consejeros a mano alzada persistieron en su posición argumentando incluso que la ubicación del proyecto, a diferencia del de Marina del Sol, podría generar una ludopatía entre los jóvenes. Argumentos válidos, pero que sopesados frente a otros parecen ser aspectos menores si se considera que de por si un casino de juegos debe lidiar con el riesgo de generar ludopatía en jóvenes o adultos. De esta forma, es bueno preguntarse por qué para una instancia como fue la votación de los concejales de Chillán estos elementos fueron evaluados de una manera distinta y terminaron con una entrega de puntaje más ecuánime para los proyectos que se presentaban. A ratos da la impresión que estamos en presencia de una obstinación de algunos Consejeros hacia uno de los proyectos que al parecer no vieron con buenos ojos que se haya cuestionado la primera votación, que se judicializara el proceso y que una instancia como la Suprema pusiera en entredicho su actuación. Llama la atención, también, que se hayan alejado de esta posición consejeros de la zona como Gustavo Sanhueza y Cristian Quiroz y que vienen a ratificar que, por ahora, no se está votando pensando en los beneficios de los chillanejos que se convierten en los grandes perdedores.