La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer el inicio del cumplimiento de 14 medidas que son parte de la agenda pro transparencia y probidad que comprometió el Gobierno tras la entrega de la s conclusiones de la Comisión Engel.

La Mandataria explicó que se ha cumplido con una serie de medidas administrativas que eran la prioridad de la agenda, puesto que no necesitaban de trámite legislativo para concretarse. "Nos impusimos un calendario claro y preciso (…) entre hoy (ayer) y mañana (hoy) se habrán concluido todos los procesos administrativos que impulsan estas acciones, o la puesta en marcha de ellas", afirmó.

En total son 14 medidas que están divididas en tres ejes, que están siendo implementadas, además de un paquete de otras 16 iniciativas legales, que consisten en proyectos de ley e indicaciones a normas, que ingresarán al Parlamento dentro de un plazo de 45 días, según el cronograma que estableció el Gobierno.

Durante una ceremonia realizada en el salón Montt Varas de La Moneda, la Presidenta Bachelet destacó la importancia de estas medidas para "reconstruir las confianzas" entre la ciudadanía y las instituciones y "proteger la salud de nuestra democracia".

Entre las medidas que fueron destacadas por la jefa de Estado, está dar a conocer la lista de los lobistas registrados y la publicación de un código de buenas prácticas en esa materia, además del desarrollo de un sistema preventivo antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos.

Asimismo, está la exigencia de que todos los establecimientos educacionales cuenten con un plan de formación ciudadana y que las nuevas bases curriculares incorporen educación cívica en tercero y cuarto medio.

Entre las medidas también está el Instructivo Presidencial sobre Declaración de Patrimonio e Intereses, la difusión de lineamientos a las municipalidades con respecto al uso de recursos, instaurar la obligatoriedad del portal "empleos públicos" y mejorar la normativa de compras públicas.

Además, se estableció que se necesita que se publicite un catálogo de inhabilidades e incompatibilidades para los cargos de elección popular, entre otras medidas que involucran a los ministerios de Educación, Segpres, Hacienda, Justicia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Servicio Electoral.

Luego de que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, confirmara que el ex recaudador de campañas políticas Giorgio Martelli será citado a declarar en el marco de la investigación por el caso SQM, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que esa decisión no afecta al Gobierno.

"Nosotros no sentimos que eso dañe la imagen del Gobierno. Nos parece razonable y correcto que las instituciones cumplan con sus funciones y nosotros cumplimos con las nuestras, de eso se tratan las reglas del juego en democracia", sostuvo el vocero.

"Cada institución cumple con su tarea, con su labor y, en esa perspectiva, lo que nosotros estamos haciendo es dedicarnos a lo que tenemos que hacer", agregó al respecto.

"Si el Fiscal Nacional y la Fiscalía ha estimado necesario llamar a alguien a prestar declaraciones en cualquier calidad nos parece a nosotros que lo que le corresponde al Gobierno es respetar el ejercicio de esa atribución, de esa facultad por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público", enfatizó Díaz.

En calidad de imputado

Las declaraciones del vocero fueron luego de que el jefe del Ministerio Público confirmara la decisión de citar a declarar dentro de la próxima semana al operador político y dueño de la empresa Asesorías y Negocios SpA, luego de la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra por supuestos delitos tributarios en el envío de boletas que serían ideológicamente falsas a una filial de la minera no metálica por un monto total de $ 250 millones.

El fiscal nacional confirmó que se han puesto en contacto con el abogado Cristián Arias, que representa a Martelli.

"Va a ir a declarar la otra semana, según me señala el abogado defensor, y la contabilidad va a entregarla espero lo más prontamente posible. Lo único que podríamos decir que ya trascendió, no por la Fiscalía, es que va a declarar como imputado", afirmó Chahuán.

"Evidentemente las querellas que ha presentado el SII a raíz de todas las denuncias permiten una investigación por delitos tributarios, una investigación más amplia", agregó tras confirmar que el ex recaudador declarará en calidad de imputado, rechazando adelantar las preguntas.

Martelli, según publicó ayer La Tercera, se comprometió a entregar a la fiscalía la contabilidad de la empresa Asesoría y Negocios SpA entre los años 2009 y 2014.

El ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza, dijo que fue un error cuestionar la permanencia del director del SII, Michel Jorratt, lo que generó un impasse con el ministro de Hacienda. "Creo que he cometido un error, conforme a lo que él mismo había señalado, pero eso no es una evaluación mía a su gestión ni menos un involucramiento en una evaluación que corresponde al Ministerio de Hacienda", dijo titular de la Segpres. Insunza dijo el miércoles que no era explicable que Jorratt se inhabilitara de fiscalizar la empresa de Martelli y que después se querellara.

Valentina Maureira, la niña de 14 años que en febrero le pidió a través de un video la eutanasia a la Presidenta Michelle Bachelet, falleció ayer a causa de la fibrosis quística que padecía desde hace algunos años. La noticia de la muerte de la menor fue dada a conocer por su familia. "Gracias a todos quienes estuvieron con mi hermana Vale Maureira, ella ahora está en los brazos de Dios", publicó la hermana de la niña, Karime Maureira. El caso se hizo conocido luego de que la menor publicara un video en su cuenta de Facebook, en el que le pedía a la Presidenta su autorización para que le inyectaran un medicamento que le permitiera "dormir para siempre". Maureira contaba en el video que un hermano suyo había muerto de la misma enfermedad. En ese momento el Gobierno respondió que la legislación chilena no permite la eutanasia y le ofrecieron apoyo sicológico y tratamiento médico.

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, confirmó que el partido mantendrá las asesorías legales para los militantes que sean citados a declarar en el marco del caso Penta, por la investigación por supuestos financiamientos irregulares de campañas políticas.

Esa medida fue implementada por el anterior timonel gremialista, Ernesto Silva, que contrató a un grupo de abogados para quienes lo solicitaron.

La política había sido puesta en duda al interior del partido, pero ayer fue ratificada por Larraín, quien aclaró que seguirán financiando la defensa de sus militantes, a pesar de la crisis financiera que afecta a la tienda que lidera.

"Hay algunos que tienen inquietudes por las dificultades de financiamiento, pero creo que vamos a superar esos problemas y, por lo tanto, vamos a mantener abogados para la gente que los necesite al interior de la UDI en sus problemas judiciales para poder darles una asistencia jurídica adecuada", afirmó en declaraciones citadas por Cooperativa.

El presidente de la UDI rechazó que esto pudiera interpretarse como una coordinación en los testimonios. "Son situaciones distintas, casos específicos, y el abogado es el que tiene que ver las cosas. Nosotros no hablamos con las personas están citadas a declarar, simplemente le ofrecemos la asesoría jurídica", descartó Larraín.