Alza de patentes de alcoholes
Ante el crecimiento exponencial del consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió recientemente un demoledor informe sobre la materia, que deja a Chile como uno de los países del territorio con mayor consumo en los últimos años. Según un estudio del organismo, en nuestro país el consumo per cápita -en 2010- se incrementó hasta los 7,9 litros, tendencia contraria a la que exhiben el promedio de los países miembros.
Chillán, aunque no lo parezca, ha tenido una gran incidencia en este problema. Hoy la comuna registra uno de los promedios más altos del país en cuanto a la autorización de patentes para la venta de alcoholes. Mientras el año pasado, al 25 de abril, el municipio había aprobado 695 patentes de este tipo, este año las cifras indican que existen 710 patentes en operación. En la práctica, esto significa que en Chillán existe una patente de alcoholes por cada 247,7 habitantes y una botillería por cada 561 chillanejos.
Según la política pública vigente, el límite por comuna debiera ser de un local de expendio de alcoholes por cada 600 habitantes, por lo que la comuna sobrepasa con creces la media "saludable". Hoy en Chile, una de cada diez muertes está asociada al consumo desmedido de alcohol y muchos delitos cometidos por jóvenes infractores de ley están vinculados también al uso de alcohol y drogas.
Parte de la responsabilidad está alojada en el Concejo Municipal de Chillán que no ha sabido poner un freno a la autorización de patentes para expendio de alcoholes, pese a que públicamente ha sido ese su "discurso" ante la comunidad. En 2011, la cantidad de patentes otorgadas alcanzaba las 654, cifra que ha tenido un incremento de un 8,7% a la fecha, si consideramos las 710 existentes.
De acuerdo al Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, en Chile la prevalencia del consumo de alcohol en jóvenes alcanzó el 35,6% en 2013, es decir, un tercio de los jóvenes consume de manera habitual. La falta de regulación es, entonces, un factor que preocupa y del cual deben hacerse cargo las autoridades comunales y regionales para reducir los efectos de riesgo en la salud de las personas y así también el efecto que el consumo tiene en los índices de criminalidad y violencia intrafamiliar asociados.